Blanca Osuna
El agua de los glaciares y el agua de nuestros ríos Paraná y Uruguay están siendo tratados por el Presidente de la Nación como bienes comercializables. Los recursos naturales se encuentran en el centro de disputas económicas donde el impacto ambiental y social no parece importarle ni a Frigerio, ni a la Cancillería, ni a la CARU, ni al propio Presidente.
La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de modificar la Ley de Glaciares a favor de empresas mineras que buscan rédito sin medir consecuencias pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. No se trata de un hecho aislado: forma parte de una misma política que concibe al agua como un bien transable, al servicio de intereses económicos, en su gran mayoría extranjeros.
El problema no empieza ni termina en la cordillera. En Entre Ríos lo vemos con claridad: la privatización de la red navegable troncal del río Paraná, con el dragado a 44 pies, pensado para la circulación de buques cada vez más grandes, no responde a las necesidades locales ni de nuestras comunidades, sino a la rentabilidad de grandes exportadoras del corredor Paraguay–Paraná, asentadas en los puertos privados de Rosario y con la complicidad de actores locales.
Lo mismo ocurre en el río Uruguay, donde el proyecto de producción de combustible sintético a instalarse en Paysandú afectará la región de Palmares, incluyendo a Colón, San José, Villa Elisa, Colonia Liebig y Ubajay.
Las consecuencias son claras: transformaciones irreversibles del ecosistema, afectación de afluentes, riesgo en la provisión de agua potable, pérdida del equilibrio ambiental y de la vida, y frustración de los desarrollos económicos y sociales de las regiones perjudicadas.
Existen antecedentes concretos: dragados profundos han generado graves problemas en la pesca artesanal y en el acceso al agua para servicios domiciliarios en la ciudad de Victoria y otras localidades.
Estamos frente a una misma lógica de entrega, que prioriza ganancias para unos pocos por sobre el derecho de nuestras comunidades a vivir en un ambiente sano.
Nuestra postura es firme: no vamos a permitir que el agua sea tratada como una mercancía. Nos oponemos a cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a toda política que ponga en riesgo nuestras reservas de agua. Defender el agua es defender la vida y la soberanía argentina.
(*) Diputada nacional Unión por la Patria.
