Tras la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el diputado nacional Francisco Morchio (LLA-Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para quitarle la asignación universal por hijo (AUH) a los adolescentes que cometan delitos. La iniciativa supone un endurecimiento de la pena y un castigo adicional a la familia que deberá asistirlo, como a toda persona privada de la libertad.
Con su iniciativa, el legislador que responde al gobernador Rogelio Frigerio busca modificar la Ley 24.714. La AUH hoy asciende a 136 mil pesos mensuales y se destina a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
El proyecto de Morchio estipula la suspensión del beneficio cuando un menor de edad sea hallado penalmente responsable de un delito y se encuentre cumpliendo una condena firme de prisión efectiva.
Los requisitos para obtener el beneficio -que ha sido destacado por UNICEF- son cursar la escuela, tener las vacunas al día y que los padres estén desempleados. Las tres condiciones está previsto que se cumplan incluso si un adolescente se encuentra cumpliendo una condena, con lo cual el proyecto de Morchio supone un endurecimiento de la pena y un castigo adicional a la familia que, como a toda persona privada de la libertad, deberá asistirlo.
Los requisitos para obtener el beneficio son cursar la escuela, tener las vacunas al día y tener padres desempleados. Las tres condiciones está previsto que se cumplan aún si un adolescente se encuentra cumpliendo una condena, con lo cual supone un endurecimiento de la pena y un castigo adicional a la familia que, como a toda persona privada de la libertad, deberá asistirlo.
Según el texto, la percepción de la AUH solo se restablecería cuando se hayan cumplido todas las medidas impuestas por el Régimen Penal Juvenil, mediante una resolución judicial, y siempre que no se haya alcanzado la mayoría de edad
En los fundamentos, el legislador entrerriano reconoce que la AUH nació para garantizar los derechos de los niños y adolescentes más vulnerables del país, conforme a tratados internacionales. Sin embargo, sostiene que existe un vacío legal, ya que actualmente no se prevé la suspensión cuando un menor comete un delito que afecte la "paz social".
“Durante el cumplimiento de la pena, será el Estado nacional quien garantice la tutela y derechos del niño, resultando innecesario que durante dicho período los progenitores perciban dicha asignación”, argumentó el legislador.
Morchio está en la banca desde 2023. En la primera parte de su mandato fue miembro del bloque Encuentro Federal y ahora se integró a La Libertad Avanza.
