Eugenio Jacquemain
El 23 de julio de 1935, el Senado argentino dejó de ser un templo de debate para convertirse en escena de crimen. Las balas que mataron a Enzo Bordabehere, senador por Santa Fe, no solo atravesaron su cuerpo. Perforaron la idea de que el Congreso era el lugar donde la república se discutía, no donde se ejecutaba. Noventa años después, no hay humo ni casquillos en el recinto del Senado o de Diputados. Pero la democracia sigue recibiendo disparos.
Hoy las balas son otras: son los gritos que reemplazan a los argumentos, los insultos que se aplauden como si fueran ideas, la falta de respeto convertida en rutina televisada. Son los sueldos ostentosos que se cobran con la misma impunidad con que antes se apretaba un gatillo. Es la banalidad convertida en ley, el circo institucional que reemplaza al compromiso cívico.
En 1935 la violencia se veía en el Congreso en el reciento del Senado. En 2026 se escucha, se viraliza, se factura. El efecto es el mismo: matar la confianza y la esperanza.
Y hay un agravante: el Congreso, que debería ser el freno y la voz del pueblo, muchas veces se convierte en escribanía del Ejecutivo. Firma lo que le ponen adelante, vota a libro cerrado, sesiona a espaldas de la gente. La representación se diluye en acuerdos de pasillo y la gente mira desde afuera cómo se decide su vida sin que nadie le pida permiso.
Los diputados y senadores no deberían ser dueños absolutos de sus bancas, sino custodios temporales de la voluntad popular. Deberían entrar al recinto con los oídos llenos de calle, no de lobby. Escuchar antes de hablar, debatir con fundamentos claros antes de votar leyes, y medir cada proyecto con una sola pregunta: ¿esto le mejora la vida a la gente que me puso acá? Su función no es firmar lo que ordena el poder de turno, ni montar un show para redes. Es traducir el reclamo, el silencio y la urgencia del ciudadano en política pública concreta. Un legislador que no mira a los ojos de su distrito, que no tiembla ante la pobreza o la injusticia, que no rinde cuentas con la cara descubierta, deja de ser representante y se convierte en inquilino del Estado.
Un diputado o senador debería ser un representante del pueblo. Su banca es un mandato que le presta la ciudadanía por un tiempo.
Cuando se convierte en «inquilino del Estado», invierte esa lógica: deja de servir al ciudadano y empieza a servirse del cargo. Usa la banca como si fuera una propiedad propia. Cobra el sueldo, los privilegios, el poder, pero no responde a los que lo pusieron ahí.
Es como alquilar un departamento: pagás, lo usás, lo disfrutás, pero no es tuyo y a muchos, no les importa cuidarlo.
(*) Editorial Programa Fuera de Juego – Somos Entre Ríos.
