El pedido de declaración indagatoria a Zitelli, quien actualmente se desempeña en la Parroquia San Pedro Apóstol de Casilda, surgió a instancias de una denuncia presentada semanas atrás, por el grupo casildense Unidos Por la Memoria y Ante el Olvido (Umano), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos Humanos y APDH de Rosario.
Entre las pruebas aportadas en el escrito se consignan declaraciones del propio Zitelli en un programa de televisión por cable de Casilda emitido en 1995 donde habla de los represores como sus "pares y compañeros", y se refiere a los detenidos políticos como "presos especiales". También se adjuntan los testimonios, entre otros, del ex sacerdote Santiago Maguire y de Darío Castagnani, quienes afirmaron haber sido entrevistados por Zitelli mientras estaban detenidos.
El cura es acusado de "haber integrado la estructura del plan sistemático de represión clandestina e ilegal" junto a sus superiores, los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri, y el jefe de policía rosarina, Agustín Feced.
El caso Zitelli, como se fundamenta en la denuncia, tendría similares características al del capellán Christian Von Wernich, quien fue sentenciado en octubre de 2007 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata al considerarse que la sola estadía en los centros clandestinos de detención "es una tortura en sí misma".
Para los denunciantes, el religioso es responsable de delitos de lesa humanidad al haber tenido contacto directo con quienes se encontraban privados ilegítimamente de su libertad en el campo de concentración conocido como El Pozo y haber justificado la tortura como un método para obtener información.
Los fiscales llegaron a la convicción de solicitar a Bailaque que indague a Zitelli "conforme la prueba documental acompañada y a los testimonios obrantes en la causa Feced, considerando que algunos de los casos se están investigando en esa causa".
En tanto, el Concejo Municipal de Rosario, a instancias de una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, votó sobre tablas y por unanimidad una declaración política de apoyo y acompañamiento a la denuncia presentada.
El cuerpo legislativo expuso como fundamentos la documentación aportada y las consideraciones de la sentencia que condenó al capellán Cristian Von Wernich donde se sostuvo: "La pertenencia de la actividad de Von Wernich al aparato represivo lo vincula de manera irrefutable a la responsabilidad por las privaciones ilegales de la libertad sufridas por las víctimas en autos; en algunos casos por haberse contactado directamente con ellas y, en otros, por la sola circunstancia de su presencia comprobada en forma contemporánea con los detenidos y la circulación libre del imputado por dichos Centros".
La decisión adoptada por los ediles rosarinos fue celebrada por los denunciantes al valorar su participación activa y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Cabe recordar que el delibetativo casildense también había sancionado en forma unánime un proyecto de declaración para pedir a la Justicia que investigue el accionar de Zitelli durante la última dictadura. Sin embargo a la denuncia de los organismos de derechos humanos la acompañaron con sus firmas cinco de los siete concejales que conforman el organismo ya que los ediles oficialistas del Peronismo Federal prefirieron no hacerlo.
A pesar de los fuertes cuestionamientos que pesan en su contra, Zitelli sigue oficiando misas y asistiendo a actos públicos. Una de sus últimas apariciones públicas fue en el acto del bicentenario, lo que generó el repudio de organismos de derechos humanos y vecinos, publicó La Capital.
