Por Luis María Serroels (*)
Mientras los atrevidos, salvajes y audaces que pululan en los tranquilos barrios aledaños se divierten en visitar gallineros ajenos apoderándose de batarazas, polluelos y hasta pacientes ponedoras aguardando el piar inaugural, nadie los sanciona. Tampoco a aquellos que con gran habilidad deslizan sus manos hacia bolsillos ajenos con enorme sensibilidad manual, parece que a nadie le perturban los uniformados del orden.
Y sin embargo, a ciertos ángeles que se dedican con esmero y paciencia a quedarse con fondos del Tesoro, hay quienes los descalifican como si fuesen ciudadanos malignos merecedores de traspasar los portalones del presidio.
Se habla de sumas infinitas conformadas con la siempre fresca y articulada coima. Hasta partícipe del certero revoleo de bolsos rebosantes de dólares a través de un convento custodiado por Hermanas (con hábitos santificados y también de los malos hábitos de los que no se llevan bien con el Código Penal). Y estos inocentes K caen en las garras de jueces malvados (¿sabrán algo más que dedicarse a robar gallinas?).
¡Qué triste el destino de los corruptos, después de tanto sacrificio en pos de un pasar con merecida tranquilidad, gente malvada les niega su ganada libertad! Sin embargo la sagrada ley llega a perseguirlos, los sanciona y los ubica donde deben estar. La única forma de evitar los barrotes es no cometer delitos. Pero ¿cómo evitar las generosas y dulces amnistías a mano de un presidente cuyos fines más caros son abrirles las puertas a los corruptos profesionales?
Hubo quien se las arregló para quedarse con la máquina de imprimir dinero (Caso Ciccone) y el empujón paralelo de altas funciones oficiales, además, para aplicar jugadas muy hábiles dentro del Estado y al estilo de una empresa constructora exclusiva (Lázaro Báez) mediante la concesión de obras públicas harto elevadas y cuyos montos se desviaban hacia el entonces gobernador santacruceño. Más grave aún fue que varias obras se cobran íntegramente sin haberse terminado (y algunas fueron abandonadas).
Hubo un mecanismo que consistía en una mentirosa explotación hotelera con cuartos sin ocupar y cuyos ficticios montos enfilaban hacia las arcas del matrimonio Kirchner (blanqueo, que le dicen). Todo ello ha sido denunciado ante la justicia. El monumental acarreo de dinero mal habido es lo que en la Presidencia arribaba en bolsones y se desviaba vía aérea hacia el sur, muchas veces en aeronaves de la Fuerza Aérea con los diarios porteños, pero además muy bien disimulados y con ignota carga.
Hemos tenido que apelar a un introito imprescindible, para que se comprenda la desfachatez infinita de adherentes exigiendo la libertad de Amado Boudou. No está certificada ni cuantificada totalmente en la lista donde se reclama tal demanda, pero está claro que difícilmente sea éste el procedimiento idóneo para la liberación de un condenado por los jueces debidamente actuantes y con las debidas garantías. Se advierte además entre los peticionantes, a ex condenados por la justicia carioca y ecuatoriana.
No deja de sorprender que entre la solicitud figuren ex funcionarios kirchneristas condenados que admitieron su participación en maniobras de corrupción.
Cuando se repasa la identidad de ciertos personajes con prontuario y otros que carecen en profundidad de la verdadera historia del condenado, surge la necesidad de recordarles a muchos de los firmantes una peligrosa amnesia a la hora de revisar y acumular los delitos más graves (lavado de dinero, violencia y corrupción). Lo sorprendente es que se lo califica a Boudou como preso político (?). No debe olvidarse la situación de Cristina Fernández con varias causas (¿también se la considerará eventualmente en condición de acusada política?)
¿Qué diferencia hay con los condenados comunes incursos en graves delitos, y los que se llenan los bolsillos con porciones del Tesoro del Estado?
Con mameluco de presidiario o con smóking, son tan chorros unos como los otros. Con petitorios sean quienes sean y qué categoría social ostenten, el delito es delito.
Particularísima costumbre la de un primer mandatario cuando al “valor justicia” lo aplique para liberar a corruptos que se llenaron de dinero ajeno y los siga disfrutando, y que se aseguren sus fechorías garantizadas. ¿Qué diferencia sustancial se observa ante un ladrón común y uno de guantes blancos?
Argentina Reina de los Creadores: en la Casa Rosada hay un primer magistrado que a los ladrones públicos, ahora el kirchnerismo, los considera “vivos, inteligentes y dignos del símbolo de la Era K”.
Siempre será mucho más lucrativa la corrupción en el Estado que cortar cuellos en un gallinero de los aledaños.
Será útil no dejar de lado esta cuestión: el jueves el presidente Alberto Fernández formalizó la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Era necesario realizar un acto celebrando la muerte de seres en formación? Más apropiado sería celebrar el encarcelamiento de uno de los principales corruptos K, al que se pretende abrirle las puertas para seguir sus andanzas en el camino de la corrupción.
Mientras tanto, plácidamente la vicepresidenta contabiliza para su bolsillo dos pensiones mensuales de $ 1,7 millones. Pero hay más: según el jurista Daniel Sabsay, como Cristina Fernández de Kirchner mantuvo siempre registrado su domicilio en zona desfavorable en El Calafate, tramitó ante un juez un 40% más añadidos a sus “magros” ingresos. Nada que ver con la movilidad de los pasivos prometida por el kirchnerismo sensible y que cayó en una mentira. Como solía decir Inodoro Pereyra: “Cosa e’ no creer, Mendieta”.
(*) Especial para ANALISIS