Por Sergio Elizar (*)

Hubo dos pandemias en la Argentina reciente: una pandemia neoliberal, provocada por las políticas implementadas por Mauricio Macri; y una pandemia sanitaria, por la circulación de un virus en todo el planeta. En el último año, la Argentina evidenció signos de recuperación indiscutibles desde las variables macroeconómicas. Pero es necesario que las políticas que permitieron esa reactivación sean acompañadas por un paquete de medidas que abran las compuertas de la actividad económica para revertir la catástrofe que dejó el macrismo y profundizó la pandemia.

El Gobierno está llevando adelante un programa que ha permitido que en 2021 la economía crezca un 10,3 por ciento, incluso por encima de los niveles que registraba en 2019. Este crecimiento no se debe a la especulación financiera, sino que se presenta en la economía real, en las industrias, en las Pymes, en los comercios, en el turismo, en la construcción y en el sector agropecuario.

En esa línea, vale la pena repasar algunos de los datos más recientes en materia económica:
-Durante el año 2021, la Argentina creció un 10,3 por ciento, uno de los mayores índices registrados a nivel mundial; y para este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento del 3 por ciento;
-las exportaciones alcanzaron su nivel más alto desde 2012;
-se crearon 250 mil puestos de trabajo netos y el desempleo bajó al 8,2 por ciento;
-la industria terminó 2021 con el nivel más alto en los últimos tres años y casi todos los sectores industriales registran consumos de energía en niveles superiores a los que había antes de la pandemia, lo que revela un incremento de la producción;
-el sector automotriz, la producción de acero y la metalmecánica crecieron hasta los niveles que registraban a finales de 2015;
-el consumo en los supermercados registra cinco meses consecutivos de crecimiento;
-los despachos de cemento y las importaciones de maquinarias alcanzaron un récord histórico;
-la producción y la refinación de petróleo se encuentra en su nivel más alto desde 2011;
-los químicos, el caucho, el plástico y el sector textil retomaron niveles de actividad que no se registraban desde 2017.

Sin embargo, es necesario que estos datos macroeconómicos sean acompañados por medidas proactivas que nos permitan recuperar el consumo interno. Aumentar la capacidad de consumo de los sectores populares no es solo un acto de justicia, es la única posibilidad de una recuperación sobre la base de privilegiar a las Pymes, que son las que más empleo generan, y que el crecimiento se sostenga en el tiempo, para que llegue a cada trabajador, a cada jubilado y que la Argentina pueda pagar la enorme deuda social.

En ese marco, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ha planteado claramente que no es posible un acuerdo con el FMI que implique un ajuste sobre las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.

Para decirlo más claramente: este viernes, la Argentina debe afrontar un pago al FMI por 721 millones de dólares producto de la deuda que originó el gobierno de Cambiemos. Esa cifra, que puede parecer abstracta, toma otra dimensión cuando se la contrasta con la realidad: al tipo de cambio oficial, equivale a 78.589 millones de pesos, que representa cinco veces y medio el presupuesto de la Municipalidad de Paraná y nueve veces la inversión proyectada para este año en obra pública en la ciudad. Representa, por ejemplo, 78 veces la inversión proyectada para la construcción de un nuevo centro de distribución de agua en el sur de la ciudad y 130 veces el valor del ensanche de avenida Zanni. Solo ese desembolso que el país debería hacerle al FMI representa un 48 por ciento más de lo que el Estado invirtió en el Plan Previaje, que utilizaron 4,5 millones de argentinos y argentinas para hacer turismo en el país; y equivale a cuatro meses de pago de la Tarjeta Alimentar, que garantiza el derecho a la alimentación a cuatro millones de personas.

Cuánto más dramáticas se vuelven estas cifras si pensamos que el acuerdo firmado por el gobierno de Macri implica que solo este año habría que pagarle al FMI más de 21 mil millones de dólares.

El plan del Gobierno no es no pagar, el plan del Gobierno es no ajustar; obtener condiciones que no ahoguen la recuperación económica ni limiten la capacidad de garantizar una mayor equidad en el proceso de crecimiento. El país está viviendo un proceso de recuperación de la actividad económica muy importante sobre la base de políticas que no son precisamente las que recomienda el FMI. De eso se trata la negociación soberana que ha encarado el Gobierno.

El Frente de Todos suscribió un pacto electoral con el pueblo argentino de recomposición de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas; si se impone una desaceleración del crecimiento, como plantea el FMI y agitan los poderes fácticos que están representados en la oposición, habremos fracasado.

(*) Secretario General de la CTA Entre Ríos y presidente del bloque de concejales de Paraná del Frente Creer Entre Ríos