La licencia social duerme en paz en el Congreso

(Foto: Cedoc)

Por Américo Schvartzman (*)

En un informe anterior reflejamos la intención del oficialismo en el Senado de impulsar una modificación de la ley que rige las consultas populares en la Argentina, a fin de facilitar que la ciudadanía se exprese en temas que afectan directamente sus intereses. No obstante, según explicó el senador Oscar Parrilli, esa iniciativa apunta a abordar propuestas con pocas chances de prosperar en el Congreso, dada la relación de fuerzas entre oficialismo y oposición.

El propio Parrilli mencionaba dos: la creación de un fondo con dinero fugado que se utilice para pagar la deuda con el FMI y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. En los fundamentos afirman que “muchos proyectos de ley que favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad” deben someterse a consulta pública “y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro”. Pero ese mismo oficialismo mira para otro lado cuando se le reclama que las comunidades sean consultadas en los numerosos conflictos socioambientales que afloran en los territorios de la Argentina.

Conflictos que siguen creciendo: desde el litio en el Noroeste hasta la megaminería en Chubut; desde la descontrolada quema de humedales en el Litoral hasta el agua en riesgo en Mendoza; desde la contaminación por agroquímicos y efluentes cloacales e industriales en el río Uruguay, hasta el impacto en los glaciares de las represas que se construirán en la Patagonia; desde las enfermedades causadas por el uso de pesticidas hasta el fracking en Vaca Muerta… Todo indica que seguirán sumándose situaciones similares, por dos factores ineludibles: el cambio climático como marco global y la creciente conciencia comunitaria sobre el drama ambiental.

Lo cierto es que el oficialismo (como el anterior, y el anterior) nunca vio con buenos ojos que las comunidades resuelvan ante situaciones de conflictos socio-ambientales, del mismo modo que las empresas rechazan tajantes esa posibilidad. “Nunca el miedo fue tonto”, cantaba Charly: las corporaciones saben que en la mayoría de los casos en que se ha abierto la posibilidad de consulta ciudadana, el resultado es desfavorable para los intereses de los poderosos. América Latina es el ejemplo más claro, en donde de las cien consultas populares realizadas en los últimos veinte años por emprendimientos mineros, no hubo una sola en la que la votación popular haya avalado los proyectos extractivos.

En contra. La desconfianza hacia la posibilidad de que las comunidades decidan en estos casos no se limita a las empresas y gobiernos. Paradójicamente, también hay rechazo por parte de referentes del lado opuesto: en el caso específico de Chubut, figuras del movimiento ambiental se manifestaron en contra de que las comunidades se expresen en procesos de participación ciudadana, con argumentos como que el tema ya se había plebiscitado años atrás en Esquel, o que “el plebiscito lo hizo la calle”. Para Enrique Viale, abogado ambientalista, “los derechos ambientales no se plebiscitan”, y la organización Greenpeace declaró: “No necesitamos un plebiscito para una ley nefasta y perjudicial”.

¿Cómo se entiende que todas esas voces se opongan a la consulta popular para determinar si un proyecto tan controvertido tiene o no respaldo de la ciudadanía, es decir para establecer si existe o no “licencia social”? Quizás porque creyeron que el gobierno de Mariano Arcioni (quien derogó la zonificación minera y anunció un plebiscito) tenía chances de ganarlo. Eso fue en diciembre del año pasado. Como contó a PERFIL el autor del libro “No fue no”, Martin Ulacia, “el plebiscito rápidamente fue sepultado por Arcioni, y ni siquiera está incluido en el proyecto de ley que derogó la zonificación”.

Ulacia explica que algunos sectores de las asambleas “ven la idea del plebiscito como una posibilidad de zanjar la discusión. Pero el gobierno hablaba de un plebiscito local, como en Esquel en 2003. Es decir que solo se hiciera en la meseta, y el temor es que lo podrían ganar, porque en la meseta se ha conseguido cierto consenso social, producto de la política de cooptación de la minera, con mucha guita que pusieron. Y hay otro sector, creo que mayoritario, que no quieren plebiscito. De hecho impulsaron una iniciativa popular para que la legislatura prohíba definitivamente la megaminería”.

Un proyecto radical. En junio de 2017 el entonces diputado nacional Martin Osvaldo Hernández, de la UCR formoseña, presentó un proyecto destinado a establecer la licencia social como “requisito ineludible” para cualquier industria vinculada a la generación de energía nuclear. La iniciativa fue a las comisiones de Ambiente y de Presupuesto. Allí quedó. El proyecto perdió estado parlamentario y, al no volver a presentarlo desde otra banca, no hay chances de que pueda avanzar.

La iniciativa de Hernández –que lleva el número de expediente 3169-D-2017– es bastante breve: tiene cuatro artículos y uno de forma. Y en esencia, establece que el Estado nacional no podrá autorizar ningún emprendimiento que se vincule a la generación de energía nuclear “sin la constancia de licencia social de los habitantes” del territorio involucrado. También deja claro el mecanismo para expresarla: la consulta popular, conforme a “las previsiones legales de cada jurisdicción” y “garantizando la expresión democrática de la ciudadanía”. Los alcances territoriales y temporales de cada consulta dependen de cada caso particular, y también se debe garantizar “un amplio y equitativo debate” para que la población pueda contar con elementos para formarse opinión acerca de la decisión a adoptar.

En los fundamentos, Hernández asegura que la ciudadanía debe ser consultada, por “la necesaria participación que debe tener un pueblo en decisiones que trascienden gobiernos y generaciones, con efectos directos e indirectos en sus condiciones de vida y sus proyectos”.

Hernández contó a PERFIL que presentó el proyecto en el marco de “una lucha fuerte por el intento de instalación del reactor nuclear en Formosa, y también por lo de Dioxitek”, una planta de purificación de uranio instalada en esa provincia, por la cual aún existe controversia. “Lo del reactor lo pudimos frenar, pero Dioxitek siguió, aunque tuvimos la buena noticia de que la Corte Suprema va a revisar un amparo que presentamos”.

Aunque el proyecto solo se refería a instalaciones nucleares, no es difícil extender esa consideración a cualquier otra decisión que implique riesgos “directos e indirectos” que trascienden “gobiernos y generaciones”. Por desgracia, el bloque radical, al que pertenecía Hernández, no retomó hasta el momento su pionera iniciativa.

Un proyecto peronista. El legislador pampeano Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos, presentó su propuesta hace un año exacto, en agosto de 2021. El proyecto lleva el número 3523-D-2021, apunta a regular la licencia social “en actividades extractivas o que utilicen aguas”, y fue girado a cuatro comisiones: Minería, Ambiente, Población y Legislación general.

La iniciativa dispone garantizar “instancias de participación pública” teniendo en cuenta “las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género, de la población directa e indirectamente afectada”. Es extenso, incluye definiciones y cláusulas detalladas acerca de la información que debe ser puesta en manos de la ciudadanía, y enumera en qué casos será requisito obtener licencia social: concesiones de petróleo, hidrocarburos fluidos, sustancias minerales, gestión de insumos, producción y desechos de la minería, construcción de represas y uso del agua para generación térmica, nuclear o hidroeléctrica.

Dedica un capítulo entero a describir el proceso de licencia social, paso por paso, desde la identificación de los actores sociales involucrados, pasando por el manejo de la información, las consultas obligatorias, acuerdos, negociaciones, validación y revisión periódica. En el medio del proceso, establece la participación pública aunque no aclara de qué manera se expresará: la deja librada a la autoridad de aplicación, que a su vez es designada por el Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, sí indica que la participación pública tendrá carácter vinculante.

Asunto incómodo. Pérez Araujo explicó a PERFIL que su proyecto surgió de observar durante años “cómo se atropella la voluntad de la ciudadanía en el desarrollo de proyectos extractivistas, y específicamente en mi provincia con la causa Atuel”, un conflicto de décadas entre Mendoza y La Pampa por obras que acotaron el volumen de agua del río Atuel en tierras pampeanas.

Para el legislador, la participación pública hoy se toma apenas como una etapa más dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, “y no se le da el lugar central que debe tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto”. Eso lo movió a elaborar el proyecto, convencido de que en los próximos años “será central debatir que la opinión de la ciudadanía no solo sea obligatoria, como en el esquema actual, sino también que sea vinculante en todo el ciclo de vida de la actividad”.

Pérez Araujo contó que el bloque del FdT “en general no se interesó por el proyecto”, y aunque lo acompañaron con la firma siete diputados y diputadas, en su mayoría de la región patagónica, en cambio quienes aparecen como referentes del oficialismo en temas ambientales “no se han interesado”. El legislador sabe que “es un tema incómodo, ya que implicaría un cambio en el modelo de desarrollo, una nueva relación entre el Estado, las empresas y la sociedad, mediante una herramienta dinámica que no se ata en un espacio temporal del proyecto, sino a lo largo de todas sus etapas, hasta su cierre”.

Pocas razones para el optimismo. La desafiante inicitiava no alcanzó a discutirse en las comisiones. Fue girado a cuatro de ellas, con cabecera en la de Minería, lo que implica que “el destino será el no tratamiento”, explica el legislador. Y no elude definiciones tajantes: “Los temas realmente centrales en la temática ambiental, y por ende molestos para varios sectores, no son prioritarios en la agenda parlamentaria”. Pérez Araujo lo ejemplifica con otro proyecto de su autoría, el de Estudio de Impacto Ambiental, que “fue consensuado con la oposición, tuvo dictamen unánime en la Comisión de Ambiente, pero nunca llegó al recinto”.

—Su proyecto no prevé que el proceso de licencia social concluya con una consulta popular. ¿De qué manera cree que debería expresarse la participación comunitaria en la decisión?

—Buscamos que la participación pública no quedara circunscripta a una única herramienta, sino que cada autoridad competente pueda adecuarla a las características sociales, culturales y de territorio de la posible comunidad afectada en cada caso. E identificar así el instrumento más eficaz y dinámico para garantizar una participación activa en base a esas características. Buscamos que fuera amplio para que sea dúctil en su aplicación.

—¿Cree que hay chance de que se discuta antes de que pierda estado parlamentario?

—Lamento ser pesimista, pero al tener el primer giro a la comisión de Minería es casi imposible. Y esto no es para nada casual, o inocente. Las autoridades de la Cámara lo han dispuesto así por algún motivo, que seguramente no es favorable al proyecto.

—El bloque oficialista en el Senado propone modificar la ley de consulta popular. ¿Cree que podría apoyar su propuesta?

—No hemos tenido contacto respecto de este tema con los miembros del Senado que apoyan esa iniciativa. Puede ser una posibilidad a futuro.

 

(*) Publicado originalmente en Perfil.

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