Julio Rodríguez Signes brindó detalles respecto del decreto N°2239 que regula las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, brindó detalles respecto del decreto N°2239 que regula las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes confirmó que el Decreto 2239 sobre fumigaciones “ayer fue numerado, firmado por el gobernador y refrendado por tres ministros: Economía, Salud y Gobierno, y entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial”.
Refirió que “los antecedentes del decreto conforman un expediente de más de 1.200 fojas con trabajos de investigación proporcionados del INTA; por el Conicet, salud pública, ambiente” es decir que “se recopiló mucha información y se tradujo en un sistema de control de aplicaciones de plaguicidas tendientes a evitar el contacto entre el producto a aplicar y las personas en el ámbito de las escuelas rurales”. Al respecto, acotó que “está suficientemente fundado para que la parte dispositiva no sea susceptible de ser impugnada judicialmente”.
En cuanto al control de las fumigaciones, el fiscal sostuvo que al decreto “lo estructuramos en función de la estructura existente” y consideró que “la parte central del decreto es la unidad centinela que se constituye en cada escuela rural, está dirigida por el director de la escuela y se debe constituir cada vez que la escuela recibe la notificación de que habrá una fumigación”.
Explicitó que “la aplicación debe venir precedida de una receta agronómica emitida por un ingeniero agrónomo, y en el momento de la aplicación la unidad centinela debe contar con un ingeniero agrónomo y un representante de la Secretaría de Salud que controle que la aplicación se hará en las condiciones de viento, humedad, temperatura, que el producto a aplicar está habilitado y el cultivo donde se va a realizar”.
Admitió que “hace falta recursos para esto” pero aclaró que “el director de la escuela ya está y lo que tiene que garantizar la Secretaría de la Producción –para lo cual debe contar con partidas presupuestarias, como una inversión necesaria- es con el ingeniero agrónomo que controle la aplicación al momento de hacerla, y allí contamos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos que ha trabajado codo a codo en esto, y la Secretaría de la Producción quedó habilitada para hacer convenios con la Facultad para que sus graduados puedan colaborar con la tarea de control”.
Agregó que “todo esto es hasta que se ponga en funcionamiento un sistema de transmisión de datos on line, para que la aplicación se transmita por Internet y que todos los datos de la aplicación los pueda recibir la autoridad de aplicación en tiempo real”.
Consultado por los antecedentes que sirvieron de ejemplo para este sistema, Rodríguez Signes contó: “Me basé en mucha información del INTA, fuí hasta allí donde la gente tuvo una colaboración muy grande; también en las escuelas agrotécnicas en particular el veterinario Javier Garciandía que me indicó que este sistema ya existía, y luego accedí a la legislación de la República Oriental del Uruguay. También existe en la Comunidad Económica Europea y en Santa Fe también ya hay algunos productores que lo están usando a pesar de que no hay una reglamentación, con lo cual nuestra provincia será la primera en el país que obligue a esta transmisión de datos on line de aplicaciones de fumigación”.
Pese a la reglamentación, admitió una preocupación: “Estamos hablando de un sistema de control pero hay que tener mucho cuidado de que no haya aplicaciones totalmente clandestinas, y que no notifiquen la receta agronómica, por ejemplo” y admitió que “ha habido casos que llegaron al fuero penal por fumigaciones totalmente irregulares”. “Lamentablemente no hay ningún sistema que garantice en un 100% que no habrá situaciones irregulares pero si para algo han servido estos fallos y esta acción del Foro Ecologista es para que nos esmeremos en analizar el tema a fondo, en serio y no limitarnos al tema de las distancias que no son garantías de nada, con lo cual había que ir a un sistema más complejo que la distancia”, afirmó.
De todos modos, opinó que “es perfectible y no agota la discusión, porque detrás de lo que pasa con las escuelas rurales hay una discusión del modelo, el ambientalismo plantea la ida hacia un sistema productivo agroecológico puro y el sector rural todavía no se lo plantea a eso y tiene otra forma de producir. Todavía vamos a tener discusiones en este sentido”.
“Si hay algo positivo de esto es que nos obliga a estar atentos de forma permanente y analizar cada caso. También es muy importante el rol de salud y que la Dirección de Toxicología tenga un seguimiento especial de los casos de intoxicación con plaguicidas, tanto de uso agronómico como doméstico porque lo que salta de todo esto es que los casos de intoxicación por plaguicidas domésticos son muchísimos más que los que se confirman por uso agronómico”, afirmó.
A modo de ejemplo, mencionó que “en el último Boletín Integrado de Salud se informó un caso de intoxicación por plaguicidas agronómicos y 39 casos de intoxicación por plaguicidas domésticos”.
En este contexto, reconoció que desde hace años falta presencia del Estado para realizar un control pero aseveró que “hay que utilizar lo que tenemos disponible y coordinar acciones porque la administración está muy acostumbrada a trabajar con compartimentos estancos, y en cambio a partir de esta experiencia reunimos a todos, Salud, Ambiente, Producción, INTA, organismos nacionales y provinciales, para trabajar en la implementación de un sistema”.
“No podemos salir a contratar 1.000 controladores pero sí se pueden utilizar muchos recursos que ya tenemos. Hay que trabajar, comprometerse, y extremar los esfuerzos de todos, porque además está el tema de la educación y del autocontrol, no puede ser que un aplicador no cumpla con las regulaciones y de hacerlo tiene que recibir una sanción severísima tanto penal como administrativa, y en eso la capacitación a la policía, que también está en este decreto, es fundamental”, sentenció.
Finalmente, reiteró que “un representante de Salud y otro de Ambiente serán parte de la unidad centinela porque acá se trata de preservar la salud y el ambiente y es inevitable que esos dos funcionarios sean parte de la unidad, que no será constante ni permanente sino que se va a reunir cada vez que haya una aplicación, y deberá hacer una evaluación, llevar un libro de actas y hacer registraciones”. “Confiamos en que esa unidad centinela tendrá una tarea preventiva muy importante y además reunión de datos que nos sirvan para ir mejorando la regulación”, concluyó.
