Héctor Pinamonti, el sacerdote de Córdoba que fuera denunciado por múltiples abusos sexuales de menores, murió en la ciudad de Sampacho, en la zona sur de la provincia. Tenía 93 años y nunca estuvo preso: aunque la propia Iglesia lo halló culpable, la Justicia no lo investigó.
La noticia fue confirmada por los medios locales: murió el sábado por la tarde y fue sepultado este domingo. Quien la dio a conocer en primera instancia fue una de sus denunciantes, María Betiana Malatini, quien en las redes publicó el sábado: "Hoy murió el sacerdote que abusó de mí cuando era niña".
Pinamonti había sido separado del cargo por la propia Iglesia durante el 2021 tras ser encontrarlo culpable de abuso sexual en una multiplicidad de casos luego de años de investigación. Sin embargo, la Justicia civil nunca no lo llegó a investigar porque la causa estaba prescripta por el paso del tiempo, imposibilitando un juicio.
Años atrás fue Malatini la que expuso a Pinamonti a quien denunció por abuso sexual por ataques cuando tenía sólo 11 años. Ocurrió cuando el sacerdote se encontraba en la casa parroquial de San Basilio, localidad del departamento Río Cuarto.
Luego de esa primer denuncia, se propuso una investigación canónica que llevó años. El obispo Adolfo Uriona, a cargo de la Diócesis de Río Cuarto –de la cual dependía Pinamonti- lo declaró imputable del delito de abuso sexual por hechos que fueron expuestos por Malatini entre 1995 y 1999 en la parroquia de San Basilio.
En el 2021, Uriona resolvió aplicarle la pena de “prohibición total de ejercer el ministerio sagrado en público por tiempo indeterminado”. Es decir que Pinamonti no podía dar misa en público, pero continuaba ligado a la institución católica.
De todos modos, la denuncia de Malatini ya había tomado estado público. Eso llevó que otras mujeres tomaran valor y también realizaran sus denuncias. De hecho, una de las nuevas denunciantes marcó abusos en sus primeras etapas como sacerdote, en 1978. Hasta 1986, Pinamonti estuvo a cargo de la parroquia en Sampacho.
Otro de los casos es el de la mujer que hoy tiene 58 años, quien en su momento sostuvo que cuando era menor de edad había sido violada por el sacerdote. Su historia fue de alto impacto y no quedó sólo en una denuncia mediática, sino que ratificó los hechos en la Diócesis de Río Cuarto.
Ya en el 2022, y con Pinamonti juzgado por la propia Iglesia, otra joven se animó a contar lo ocurrido hace varios años atrás. También había sido abusada por Pinamonti antes de una misa en la parroquia de General Deheza, en el sur de la provincia de Córdoba. Por ese entonces la mujer tenía 8 años.
"Me obligó a realizarle sexo oral, mientras él me manoseó por completo por varios minutos. Fue previo a la misa en una especie de depósito que estaba detrás el altar", había denunciado esta última mujer.
Luego de dicho testimonio, Pinamonti fue sancionado definitivamente por la Iglesia. Una sanción que establecía que “por tiempo indeterminado” y tuvo la “prohibición total de ejercer el ministerio sagrado en público”.
Fue encontrado culpable de reiterados abusos sexuales contra menores de edad durante más de 30 años. Sin embargo, la Justicia nunca intercedió porque las causas penales por las que fue denunciado estaban prescriptas.
El duro mensaje de la mujer que lo denunció: "Durante años tuvo prestigio, respeto y poder"
María Betiana Malatini fue la primera de las mujeres que lo denunció. Y también la primera que habló de la muerte del ex sacerdote cordobés. “Hoy murió el sacerdote que abusó de mí cuando era niña. Durante años tuvo prestigio, respeto y poder. Hasta que hablé. Fue denunciado. Fue juzgado. Fue condenado”, escribió Malatini a través de la red social Facebook.
Y agregó: “Murió un 8 de marzo, el día en que las mujeres recordamos que nuestra voz también hace justicia”.
El caso de Pinamonti remonta a otro muy parecido, al de Justo José Ilarraz, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó luego de haber sido condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores.
Durante el año pasado, el máximo tribunal consideró que los ataques sexuales cometidos entre 1988 y 1992 -cuando el acusado era prefecto de disciplina y guía espiritual de los chicos damnificados- habían prescripto cuando fueron denunciados y falló en favor del sacerdote abusador.
En sus argumentos, la Corte Suprema planteó que los hechos prescribieron siete años antes de que se formalizaran las denuncias y rechazó la posibilidad de considerarlos delitos de lesa humanidad, más allá de que los calificó como actos "aberrantes".
Clarín
