La Ley N° 9.861 de Protección Integral del Niño, el Adolescente y la Familia rige en Entre Ríos desde septiembre de 2008.

Es la ley que cambió la nominación de lo que era el Consejo Provincial del Menor al actual Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y dispuso al organismo como máxima autoridad provincial administrativa de protección de los derechos y garantías de niños, adolescentes y familias en Entre Ríos.

El organismo desarrolla una compleja tarea no solo por la cantidad de problemáticas que aborda, sino también porque atiende a uno de los sectores de la población más vulnerable como son los niños y adolescentes.

Se trata de un área sensible y compleja del Estado, que de forma casi constante trabaja junto a la Justicia para resolver infinidad de situaciones de niños y adolescentes que ven vulnerados sus derechos.

La situación del Copnaf se pone en cuestión cada vez que un caso particular llega a los medios. Trabajadores del organismo hablan de un desborde de situaciones, donde cada profesional a veces tiene a su cargo hasta 200 intervenciones, y plantean además que terminan siendo empleados de la Justicia porque deben intervenir ante los requerimientos de los Juzgados, pero nadie se anima a reconocerlo públicamente.

Tanto desde la Justicia como del propio organismo admiten un incremento de situaciones y de trabajo en este contexto de crisis económica y social que se vive desde hace varios años.

El Copnaf

Una radiografía general del Copnaf refleja que se trata de un organismo que tiene establecido por ley atender las situaciones de niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años de edad.

Tiene a su cargo lo siguiente:

* 17 coordinaciones departamentales.

* 83 áreas de niñez en convenio con municipios y juntas de gobierno.

* 89 espacios de cuidado infantil que atienden la primera infancia, de 0 a 3 años.

* 33 centros de día, cuidado y atención de la segunda infancia.

* 35 residencias propias y en conjunto con ONG donde hay aproximadamente 480 niños y adolescentes.

Cuando hay una vulneración grave de derechos que puede estar atravesada por situaciones de abuso, de maltrato o de falta de cuidado de los padres en un contexto de desprotección social, el Copnaf toma lo que se denomina una medida de protección excepcional.

La medida de protección excepcional es una medida extrema que implica retirar al niño del cuidado de sus padres para llevarlo a un centro de cuidado o dejarlo a cargo de otros familiares. Tienen un plazo de 90 días, renovable por otros 90 días más.

Aquí es donde interviene la Justicia, a través de los jueces de Familia para controlar la legalidad de esa medida y realizar su seguimiento.

Perspectivas

Marisa Paira presidenta del Copnaf, explicó en el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) la labor del organismo y en qué casos interviene la Justicia.

“En estos momentos estamos trabajando con Unicef, dentro del Observatorio de Políticas Sociales; una estrategia de costeo del organismo, que implica poder costear las funciones básicas que debe cumplir por Ley y que son indelegables; y donde se analizan los recursos existentes y la necesidad de fortalecimiento de recursos. En tres años y medio hemos ido fortaleciendo todo lo que era el interior de la provincia, a través de las coordinaciones, no sólo con creación de nuevos espacios, sino con capacidad técnica efectiva”, introdujo.

“Por supuesto que, en el contexto social de hoy, con un 50 por ciento de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza; con una pobreza que es multidimensional, donde todos sabemos que esto implica mayores situaciones de violencia familiar, de malos tratos y situaciones vinculadas al consumo; los recursos que tenemos no son correlativos con las necesidades de acuerdo al aumento de la demanda que tenemos hoy”, advirtió.

“No obstante, hemos tratado de desarrollar fuertes estrategias territoriales y de capacitación del personal. Y en este contexto, es importante subrayar la disposición del personal y la flexibilidad que deben tener para todas estas temáticas. Porque un profesional en un servicio de protección, trabaja con todo el primer nivel de atención”, y aclaró que los profesionales que intervienen en la provincia son más de 480 y con diferentes distribuciones territoriales. A modo de ejemplo, Paraná y Concordia tienen cada uno cinco servicios de protección y Victoria, dos.

Con respecto a los tiempos de atención en los casos que llegan al organismo, Paira reconoció: “Por ley esos tiempos están estipulados, lo mismo respecto a las medidas de protección. También está previsto la posibilidad de renovar esas medidas de protección y el seguimiento que se va realizando en ese sentido. De acuerdo al caso, en algunos se podrá tener más o menos dificultades y en otros será más fácil acordar criterios”.

Y también sostuvo el cambio que generó la implementación del sistema oral en el proceso de Familia “porque esto implica para nosotros una movilidad profesional para asistir a las audiencias y también estar en la atención directa en la programación de los turnos. Esa experiencia implica todo un proceso de reordenamiento dentro del propio organismo” y subrayó que ellos celebran ese cambio de paradigma respecto a la oralidad en los procesos de Familia.

Con respecto a los tiempos, admitió que a veces reciben “intimaciones de la Justicia cuando algunos oficios no se han podido cumplimentar en tiempo y forma. También nosotros -en otros casos- planteamos algunas situaciones donde podamos trabajar de manera más articulada”.

La perspectiva de la Defensa

Maximiliano Benítez es el Defensor General de la provincia y planteó que la relación de la Justicia con el Copnaf mejoró desde la llegada de Patricio Solanas (hermano del actual diputado nacional, Julio Solanas) y valoró a la actual gestión por la profesionalización que generó la conducción de Marisa Paira.

También reconoció que “hay muchísimas más intervenciones y nosotros lo notamos en las distintas Defensorías y en caso todos los fueros. El número de delitos ha aumentado en forma considerable porque siempre que aumenta la crisis, aumenta el delito”, resaltó.

Además, explicó que la crisis también genera otras particularidades. “Por ejemplo, en las Defensorías Civiles hay muchos papás que pagaban una cuota alimentaria y ahora manifiestan que no pueden seguir asumiendo ese compromiso porque se quedaron sin trabajo y esa realidad repercute tanto en la Defensoría como en el Copnaf”.

Benítez aclaró que hay plazos estipulados que se deben cumplir, especialmente con las llamadas medidas excepcionales. Y reconoció que en la mayoría de los casos se cumplen. No obstante, explicó respecto de los casos de incumplimiento: “Cuando trabajamos con personas, es muy difícil estipular un plazo determinado. En la mayoría de las veces no se ha terminado de definir la situación de vida de los niños y nosotros necesitamos que esa situación sea definida cuanto antes, de modo que permanezca lo menos posible en un Hogar. Pero, a veces la evolución de los padres, de los tíos, de los abuelos, del niño en sí, hace que no sea fácil cumplir exactamente con esos plazos. Es decir, muchas veces no se cumplen con los plazos, pero no siempre es por desidia de los organismos que intervienen. Al estar frente a personas, los tiempos no son todos iguales”.

La mirada desde la Justicia

Noelí Ballhorst es defensora Civil en Paraná desde hace siete años y antes se desempeñó durante otros siete años como asesora legal del Copnaf.

Ella planteó en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) una mirada interesante en cuanto a la necesidad de mejoras salariales, de más cantidad de profesionales y de mayores recursos destinados al organismo protección de la niñez, la adolescencia y la familia.

“Una de las mayores cuestiones donde se exigen de manera concreta por parte del Código Civil actual (y que está vigente desde agosto de 2015), fue justamente los plazos que debíamos tener tanto el Consejo Provincial del Niño como nosotros desde el Poder Judicial, en definir esas cuestiones. El Consejo Provincial tiene solo 90 días para desempeñar el plan de acción de las medidas de protección o la posibilidad de otros 90 días más en el caso de que sea necesario. Pasados esos 180 días, hay que definir la situación”, explicó.

Con respecto al servicio que brinda el Copnaf vinculado con la Justicia, Ballhorst expresó: “Creo que hay muchos estamentos del Estado que podrían ser mejores y en eso también incluyo a la Justicia. Todos necesitamos más recursos”.

“Los sectores más vulnerables, son sectores descuidados, donde hay muchas exigencias desde el afuera; pero al momento de darnos los recursos, eso está restringido. Por supuesto que quizás en el Consejo también falten profesionales. No trabajamos como debería ser. Si los profesionales del Copnaf tuvieran ingresos más parecidos a los del Poder Judicial, creo que también estarían más motivados para continuar en esa labor”, advirtió.

“No siempre trabajamos como corresponde y muchas veces quisiéramos hacerlos más tranquilos”, reconoció; pero de inmediato aclaró: “Ante situaciones conflictivas tan grandes, especialmente en estos actuales momentos, donde hay tanta vulnerabilidad desde lo económico, pero también desde otras cuestiones como la falta de educación, de salud, de preparación laboral y tantas otras realidades que influyen para que después se tengan que adoptar medidas de protecciones excepcional; responsabilizar solo al Copnaf, descontextualizándolo de la realidad social, es muy injusto”, señaló.