Tras el informe de la Revista ANÁLISIS que denuncia la pérdida de millones de pesos por jubilaciones que se pagaron durante años a personas fallecidas, el presidente interino del Tribunal de Cuentas de la provincia, Federico Tomas, se refirió al trabajo efectuado desde el organismo con la Caja previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Tomas aseguró que “los sistemas de información fallaron en relación a las personas que están fallecidas, algunas desde hace varios años, y que siguieron cobrando” y explicó que “pueden haber ocurrido dos situaciones: o la Caja tenía la información y no se registró –lo cual está en investigación- o los sistemas de información de los fallecimientos fallaron y jamás se comunicaron a la Caja”.

“Esto es básico para saber qué ocurrió. Son dos situaciones distintas que llevan a que ocurra lo que ocurrió: que haya fallecidos que aún siguen cobrando”, aseveró.

Ante esto, reconoció que “evidentemente, este tema siempre ha estado en el foco fundamentalmente de los auditores que están en la Caja porque sabemos que estas cosas pueden ocurrir”. “De hecho, tengo los antecedentes que ahora lo corroboran: se hizo un control en 2011sobre haberes de personas mayores a 85 años que llamaba la atención que siguieran cobrando, por la edad más que nada, y se detectaron algunas inconsistencias y se hicieron las recomendaciones para que el sistema funcionara”, sostuvo el funcionario.

Agregó que “más atrás en el tiempo, hay actuaciones de 2004/2005 que llevaron a que la Caja hiciera un convenio con el Registro Civil para recibir la información de forma periódica acerca de los fallecimientos, y hay actuaciones posteriores: una que todavía está dando vueltas que creo que todavía hay oficios del año pasado y que se está investigando qué ocurrió con algunos beneficiarios sobre los que ya se había detectado esta situación”.

“La preocupación en esas actuaciones estaba centrada en ver si había posibilidades de recuperar lo cobrado por personas que no sabemos quiénes son con posterioridad al fallecimiento de los beneficiarios, y esa situación incluso era motivo de preocupación de las autoridades de la Caja”, aseveró.

Respecto de la celeridad para responder los pedidos de información desde el Tribunal de Cuentas a la Caja de Jubilaciones, dijo que “la información no es inmediata” y explicó que “el Tribunal de Cuentas tiene un inconveniente: está la posibilidad de pedir la información, en una primera instancia se pide con un primer oficio, en caso de que no se responda se hace un oficio reiteratorio y luego está la posibilidad de aplicar una multa al funcionario renuente”. No obstante, no supo decir en cuántas oportunidades se efectivizó esa acción de multas a los funcionarios de la Caja de Jubilaciones.

Remarcó que “las cosas se piden a la Caja como se piden al resto de los organismos, pero el Tribunal de Cuentas no tiene facultades de allanamiento como tiene la Justicia ni de tomar otra medida que no sea pedir amablemente la información que se necesita. La información se ha pedido y en ese sentido no creo que hubiera negligencia desde el Tribunal de Cuentas”.

Por último, afirmó que “no hay organismos que sean más renuentes que otros para enviar la información; a veces la información se demora por determinado motivo, a veces es complejo juntar toda la información que se pide porque depende de una sola persona que está sobrepasada de trabajo o está de licencia, pero son situaciones puntuales y no hay un ranking de quienes son más cumplidores que otros, depende de la información que se esté auditando”.