El actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (con condena firma por el delito de enriquecimiento ilícito) y actualmente investigado junto a su esposa la ex diputada provincial Patricia Díaz también por la misma figura penal, volvió a expresar que se siente un perseguido por la Justicia provincial.

En declaraciones formuladas en la radio FM Latidos de Santa Elena, con motivo de su primer año al frente de la Municipalidad de esa localidad, Rossi, expresó: “El objetivo era destruir a Rossi y, por supuesto, al pueblo. Pero, nosotros vamos a pedir, vamos a exigir respeto a la institucionalidad. Porque siguen hostigándome. Hay un sector del Poder judicial que me sigue hostigando; que no respeta la voluntad popular, el juicio por jurado del que hablan tanto. Hace treinta años que me persiguen por el mismo tema”, expresó el actual intendente en declaraciones radiales y en un momento donde debe enfrentar una grave acusación ante la Justicia.

En ese marco, amenazó: “Estamos dispuestos a una gran movilización. En marzo-abril habrá una gran movilización provincial que se viene gestando para descubrir el poder de un sector del Poder judicial encabezado por la Procuración”, advirtió.

“Miles de entrerrianos van a salir a la calle para decir ¡basta! Y nosotros nos vamos a sumar activamente en defensa de la institucionalidad. Hace 25 años que me siguen por el mismo tema. No se conformaron con dejarme fuera de dos mandatos constitucionales que el pueblo había votado. Dos veces me habían votado”, resaltó.

“Pero, aquí estamos para aguantar el lawfare: el invento para hacer juicios y perseguir a políticos de distintos sectores de la sociedad, coordinados por algún sector de la prensa”, acusó.

En ese marco le preguntó a su interlocutor: “¿Vos te acordás cuando vienen las campañas desde las páginas de ANÁLISIS, su director (Daniel Enz) habla una o dos horas por radio faltando una semana para las elecciones? Exclusivamente habla de Daniel Rossi para que no me voten. El odio es que no me voten. Sacarme de la política. Que me vaya”. Y agregó: “Hace 25 años que me persiguen. Acá estoy. Siempre el mismo, con errores, con virtudes, con equivocaciones; pero, trabajando para su pueblo”.

“Tengo la conciencia tranquila y por eso los desafío en el buen sentido de la palabra. No pertenezco a ninguna banda mafiosa”.

En otras declaraciones periodísticas, Rossi tuvo idéntico señalamiento, al sostener: “Por eso soy el entrerriano más votado. El más perseguido en la historia de esta provincia. Y he sido el entrerriano más votado. Y ellos hablan el juicio por jurado, la participación del pueblo. ¿Y la expresión del pueblo acerca mío? Dos mandatos me destituyeron y ahora quieren seguir con el tercero”, y agregó: “Por supuesto no van a poder por la voluntad popular”.

Luego volvió al tema judicial. “Te arman una causa sin motivo y a eso le dicen lawfare y a eso lo hacen los fiscales: armar causas sin motivo. Total, voy a juicio. El escrache, el desgaste. Ponerte ante la sociedad que sos como un delincuente. Esto es lo que han querido conmigo”, resaltó.

La condena

El 12 de junio de 2006 quedó firme la condena a Domingo Daniel Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una

multa de 90 mil pesos.

Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el martes 1° de diciembre de 2009, dejó firme la condena al ex vicegobernador por enriquecimiento ilícito.

En el expediente “Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario público”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja por el recurso extraordinario federal denegado que había sido interpuesto por la defensa del ex vicegobernador de Entre Ríos, en el marco de la causa en la que había sido condenado por enriquecimiento ilícito.

En la causa se tuvo especialmente en cuenta las declaraciones de diversos testigos, los informes recibidos en contestación de los exhortos que se libraron a la República Oriental del Uruguay, el reconocimiento del propio Rossi como titular y único administrador de cuentas bancarias, en las que había acumulado, a lo largo del lapso en que ejecutó la función pública -que había dejado en 1995- 4.950.000 dólares, entre otros bienes.

Otra vez el discurso de "la persecución"

El 15 de diciembre de 2019 (justo hace casi un año), Domingo Daniel Rossi reiteró que se siente “un perseguido” por la Justicia.

La declaración de Rossi se dieron justo en el marco de la investigación que involucra también a su esposa -la ex diputada provincial-, Patricia Díaz, con quien afronta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía le enrostra a la pareja el manejo de cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay bajo la sospecha de que el dinero allí depositado había sido producto del paso de ambos por la función pública.

La justicia uruguaya y el organismo fiscal de dicho país ya demostraron, con documentación enviada a Entre Ríos, que las cuentas existen y que tiene movimientos desde 2008, en que Díaz era diputada. La cuenta principal se abrió con un depósito de 300 mil dólares, que Rossi y Díaz no pudieron justificar.

Los dichos de Rossi son congruentes con las expresiones que formuló cuando asumió por quinta vez la intendencia de Santa Elena. En esa ocasión no se privó de enviar un claro mensaje al poder político y especialmente a la Justicia. “Si no nos escuchan, haremos una pueblada con mil autos y 30 colectivos”, amenazó, sin mencionar a qué se refería específicamente. Se entendió que la idea era para reclamar en la Casa Gris y en el edificio de Tribunales de Paraná.

Ahora promete esa movilización para marzo-abril del próximo año.

Rossi fue intendente anteriormente en cuatro períodos: 1983-1987; 1991-1995; 2003-2007; y 2011-2015; y además ocupó la vicegobernación durante la gestión de Jorge Busti entre 1987 y 1991.

Fue condenado por enriquecimiento ilícito en la función pública a tres años de prisión condicional y está imputado en otra causa que investiga la justicia provincial por el supuesto delito de peculado y fraude a la administración pública por la presunta sobrefacturación en la obra de pavimentación de 20 cuadras en Santa Elena durante 2014, en el marco del Programa Más Cerca.