El pasado 21 de septiembre, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N° 2.697 a través del cual dispuso la instrucción de una información sumaria en el ámbito del Hospital y Hogar de Ancianos San Roque – María A. de Francou, de Villa Elisa -a 230 kilómetros de Paraná, en el Departamento Colón- “a los efectos de investigar y determinar la realidad fáctica de los hechos, como asimismo deslindar las responsabilidades de los agentes con funciones en dicho establecimiento asistencial”.

El sumario alcanza a las empleadas Claudia Lorena Lugrin, y María de Lourdes Lugrin, hermanas, ambas con funciones en la administración del centro asistencial. A la vez, Salud le dio intervención al Tribunal de Cuentas luego de que se conocieran una serie de denuncias por cobros indebidos a los pacientes que acudían por atención en el nosocomio. Todo comenzó a partir de un pedido de información de la familiar de un paciente a quien se le había pedido “colaboración” en dinero para la compra de oxígeno.

Entonces, Clarisa Marano Roude hizo lo que pocos: solicitó información al Estado que le informe sobre las partidas presupuestarias 2020 y 2021 asignadas al Hospital y Hogar de Ancianos San Roque – María A. de Francou, de Villa Elisa, “atento a que se le pidió colaboración monetaria por el oxígeno proveído a un familiar internado en el mismo”, según se desprende del texto del Decreto N° 2.697.

La petición fue de cinco mil pesos “por el oxígeno proveído a su padre internado en el nosocomio por Covid-19, remitiendo ésta persona vía mail nota al Ministerio de Economía que se le informe cuánto dinero se envió para Fondo Covid y para Guardias Pasivas y cuánto para solventar los gastos de oxígeno, y el presupuesto ordinario aprobado y enviado al Hospital y Hogar de Ancianos San Roque – María A. de

Francou, de Villa Elisa, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Un informe de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Salud alertó que “no corresponde  que a los pacientes y/o familiares a cargo de su cuidado, que son atendidos en los hospitales y/o centros de salud públicos provinciales se les solicite ´colaboración´ alguna en concepto de pago por las prestaciones de salud brindadas, excepto que el paciente que se atienda posea cobertura de obra social”; también la Secretaría de Salud emitió un dictamen adverso y expresó que “no corresponde la solicitud de colaboración o cobro alguno bajo ningún concepto a pacientes familiares de pacientes o cualquier otro individuo que requiera ser asistido en hospitales y centros de salud”.

Y sucedió lo que nadie esperaba: después del correo electrónico enviado por Marano Roude surgieron reclamos vía electrónica, enviados por distintos usuarios del centro asistencial de Villa Elisa advirtiendo que era una situación común el coro de prestaciones. Y adjuntaron los recibos que se les entregaba por esa “colaboración”,  que según la norma dictada por el Ejecutivo “acreditarían el cobro de las sumas de dinero aludidas por parte del efector y del hogar, correspondiendo por este motivo disponer la instrucción de una información sumaria en el ámbito del Hospital y Hogar de Ancianos San Roque – María A. de Francou, de Villa Elisa, a los efectos de investigar y determinar la realidad fáctica de los hechos, como asimismo deslindar las responsabilidades de los agentes con funciones en dicho nosocomio”.

En ese marco, el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud dictaminó que, en función de las nuevas denuncias que apuntaban a la administradora, Claudia Lugrin, “en relación a que sería esta agente quien estaría solicitando dinero a los familiares de los pacientes conjuntamente con su hermana Lourdes Lugrin, (ambas trabajan en la Administración del establecimiento asistencial, con su sobrina Mariana Soledad Mena), para solventar gastos de oxígeno y otros insumos o prestaciones”, correspondía una información sumaria, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Además, en “virtud de la escandalosa situación denunciada, se ordenó practicar una auditoría administrativa contable” cuyo primer resultado arrojó que “se había encontrado en el despacho de la administradora dinero en efectivo, aparentemente proveniente de dicha fuente de financiamiento irregular, habiendo sido puesta a disposición de la Justicia por la propia administradora, y secuestrada conforme surge del acta de entrega voluntaria de fecha 03/06/21”.

Pero, además de esa auditoría, “surgen las desprolijidades e irregularidades detectadas, el faltante de dinero del efector, que en principio no se podría acreditar su destino ni su existencia, observándose que ´los ingresos producidos por el período mencionado según constan en los talonarios asciende a la suma de $ 1.714.649,00 por todo concepto´, discriminada en tres rubros o conceptos (Pensión, colaboración y donación), dicho período consigna el movimiento desde el mes de enero de 2020 en adelante, sin embargo, solo se ha detectado, conforme surge de fs. 84 de autos, la existencia de $ 228.200,00, en efectivo, que fue secuestrado por la Justicia y la suma registrada o depositada en la cuenta arancelamiento del banco, asciende a la suma de $ 132.460,00, existiendo un faltante importante de $ 1.353.989,00, que no registra ingreso ni gasto alguno”.

El decreto que ordenó el sumario detalló que “el dinero encontrado por la auditoría en efectivo y secuestrado por la Justicia, avalarían las denuncias, ya que la administración actualmente no maneja efectivo, sino que el mismo se mueve electrónicamente con bancos y proveedores, por lo que ello otorga verosimilitud a lo denunciado en la causa, y presume de una conducta presuntamente desleal e irregular contra terceros y a la Administración por parte de dichas agentes, cuyo grado de participación en los hechos a investigar difiere una de otra, en atención que la Sra. Claudia Lugrin, es la responsable directa del manejo y administración de los fondos que están cuestionados, que en principio, no pudo haber desconocido la maniobra, la que no la ha denunciado oportunamente”.