Los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio manifestaron su “rechazo categórico” al proyecto de ley que el oficialismo aprobó en la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, que busca modificar la estructura del Consejo de la Magistratura y que ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.

“Desde el interbloque hemos analizado profundamente el proyecto del oficialismo y los aportes brindados por diversas instituciones en el debate en comisión y, salvo excepciones, nadie apoya el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura porque atenta contra la imparcialidad que debe tener el organismo en el proceso de designación de los funcionarios judiciales en un claro intento de afectar la independencia de la justicia”, opinaron los legisladores.

En este marco, consideraron que “el oficialismo ha evidenciado un total desinterés sobre las opiniones expresadas en comisiones y se apoya en su mayoría legislativa para instalar y avanzar su agenda judicial, agenda que difiere absolutamente de las preocupaciones de los entrerrianos”.

Por otro lado, los diputados se refirieron a la falta de oportunidad para debatir el tema: “Este proyecto entró por la ventana con una clara intención de generar una reforma innecesaria para favorecer a ciertos sectores y garantizar un control del Ejecutivo en el proceso de concurso de los magistrados judiciales. Es un tema que se encuentra totalmente alejado de las necesidades reales de los entrerrianos y está por fuera de la agenda de temas prioritarios para la Legislatura. Hay una gran cantidad de asuntos pendientes de reglamentación de la reforma constitucional del 2008 que aún no se han tratado, a pesar de numerosas iniciativas presentadas por este interbloque, tales como acceso a la información pública, jurado de enjuiciamiento y respuesta a pedidos de informes, por mencionar algunos”.

“No nos explicamos por qué se quiere cambiar la composición y metodología de evaluación de un organismo que viene funcionando bien, que es valorado por otras provincias en cuanto a su calidad institucional y que tiene otras necesidades para atender prioritariamente, como la disponibilidad de espacios para la toma de exámenes o mayor presupuesto para agilizar los concursos”, sostuvieron.

“Aún más grave resulta el hecho de que -luego de 14 años de la reforma constitucional- aún no se haya reglamentado el proceso del juicio político o el jurado de enjuiciamiento para la remoción de jueces y funcionarios, pero sí quieran avanzar por cuarta vez en una reforma del Consejo de la Magistratura. Es descabellado”, indicaron. “La premura con la que el oficialismo quiere avanzar con esta iniciativa de reforma nos hace presumir el interés del Gobernador de tener definida una nueva composición y un nuevo esquema de funcionamiento del Consejo para la selección de los fiscales de la recientemente creada Fiscalía Anticorrupción. De otra manera no se explica la obstinación y el apuro de avanzar con este proyecto”, advirtieron.

“Como si todo esto fuera poco, el proyecto rompe con el equilibrio que los distintos estamentos representados en el Consejo deben tener, al otorgarle al Superior Tribunal de Justicia un sin número de competencias en torno a los concursos que hasta ahora no tenía, agravando no solo la representación que el estamento judicial ya tiene en el Consejo a través de los dos representantes de la asociación de magistrados, sino también del propio Poder Ejecutivo, que es quien designa a los miembros del Superior con acuerdo de mayoría simple del Senado. Lo señalado no resulta ser un dato menor habida cuenta de que antes que finalice el mandato del actual gobierno habrá designado a 5 de los 9 miembros del Superior Tribunal, mientras que los restantes 4 miembros han sido también designados por el partido gobernante.

Finalmente, los legisladores concluyeron: “No tiene mucho sentido avanzar en un proceso de reforma que no tiene el consenso de las instituciones que son parte y de todo el arco opositor. Los efectos que tendría esta reforma son de una gravedad institucional muy grande porque confirman la intencionalidad del poder político de turno de controlar la designación de los jueces y magistrados de la provincia, afectando uno de los principios fundamentales de la república. Lejos de ‘afianzar la Justicia’ este proyecto se encamina a intervenir directamente en la conformación de ese Poder, importando una degradación sustantiva, un retroceso institucional y una desprofesionalización de la Magistratura. Sin lugar a dudas este objetivo no estaba en la génesis del Consejo, menos aún del constituyente”.