Este miércoles se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia con el objetivo de abordar uno de los asuntos postergados durante los últimos años por la Legislatura, como es la regulación del procedimiento de juicio político, previsto en los artículos 138 a 154 de la Constitución provincial. En la ocasión serán analizados dos proyectos que en ese sentido presentaron desde el oficialismo y la oposición.

Según se indicó a Uno, los representantes de ambas bancadas buscarán ponerse de acuerdo para avanzar en definiciones y así subsanar la histórica carencia de especificaciones sobre el tema, lo cual ha llevado a que el procedimiento de juicio político quede hasta ahora librado a las interpretaciones de los diputados.

Desde el bloque peronista, la iniciativa ingresó días pasados con la firma del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Juan Pablo Cosso. La otra la presentó en 2021 el diputado del Pro Esteban Vitor.

En el caso del legislador opositor, en los fundamentos aclara que recogió propuestas anteriores, como las que promovieron Jorge Pedro Busti en 2009, Diego Lara y Rosario Romero en 2016 y nuevamente Lara en 2017, en esta última ocasión en coautoría con Rosario Romero, Marcelo Bisogni, Juan José Bahillo, Rubén Ángel Vázquez y María del Carmen Toller.

Vitor se basa también en los antecedentes de juicios políticos que se impulsaron en los últimos años contra los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Alberto Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Emilio Castrillón. Chiara Díaz renunció después de que el pleno de Diputados aprobara el dictamen a favor del juicio; la denuncia contra Mizawak fue rechazada, mientras que Castrillón se jubiló y el proceso en su contra se archivó.

“Teniendo presente los antecedentes y la experiencia obtenida en los últimos veinte años sobre las particularidades de este tipo de procesos, hemos realizado algunas modificaciones a los textos proyectados anteriormente, garantizando con ello mayor institucionalidad, transparencia, responsabilidad y seriedad que la sociedad reclama y que demanda nuestro texto constitucional para el juzgamiento de aquellos funcionarios a los que la ley, el constituyente y la comunidad, les ha conferido el mayor honor y responsabilidad”, escribió Vitor.

Por su parte, el presidente de la comisión confirmó el diálogo con la oposición por este tema y señaló: “Lo que tenemos pendiente ya desde el año pasado y el anterior, que este año lo vamos a poner en agenda, es la regulación del procedimiento del juicio político”.

“Si bien está en la Constitución provincial, le falta una ley reglamentaria y cada vez que hemos tenido que atravesar un proceso de esa índole, la falta de una ley ha traído complicaciones a la hora de interpretar plazos y otras cuestiones”, dijo Cosso a Radio Diputados. Como ejemplo, mencionó que la ausencia de una regulación les jugó en contra en el proceso a Castrillón, que se llevó adelante en pandemia y no estaba regulada la posibilidad de trabajar en la virtualidad.

Cosso presentó su proyecto a fines de marzo y son coautores sus pares Ángel Giano, Carina Ramos, Mariana Farfán y Sergio Castrillón. Al igual que Vitor, dijo que “se llegará a la mejor ley posible” en base a los aportes de la iniciativa propia, más la de Vitor, las presentadas anteriormente y la experiencia de los juicios políticos de los últimos años.

El juicio polìtico

La Constitución establece que están sujetos al juicio político el gobernador, vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, de sus salas y el Defensor del Pueblo.

Ante una denuncia contra ellos, una comisión de Diputados debe dedicarse a la investigación de los hechos y emitir dictamen a favor o en contra de la acusación. La Cámara se pronunciará al respecto y si decide que avance el juicio político, el funcionario denunciado será suspendido en sus funciones y cobrará medio sueldo.

Luego la Cámara de Diputados nombrará una comisión de cinco de sus miembros para que sostenga la acusación ante la Cámara de Senadores, que se constituirá en Corte de Justicia y decidirá o no la separación del cargo del enjuiciado.

Fuente: Uno