Lena no descartó que puedan presentarse más denuncias para iniciar otro juicio político a la vocal Susana Medina y adelantó que "en febrero" la Legislatura trabajará en modificar el régimen de licencias para el Poder Judicial.
La diputada provincial Gabriela Lena (JxER-Federación) se refirió al fracaso del proceso de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y no descartó que pueda presentarse otra denuncia. Afirmó que los vocales “tienen un régimen de licencias pero se otorgan más licencias por acordadas de ellos mismos”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Lena sostuvo que “todos los juicios políticos cuando se presentan, por quiénes son las personas que están denunciadas, por el rango de esas personas, son procesos que requieren mucho cuidado y mucho estudio. No son temas que sean sencillos de que la gente común, o la gente que no está en el mundillo político o jurídico, lo pueda entender, tienen muchas aristas”.
Agregó que “el juicio político entró en un mes complicado porque la Constitución de la provincia nos establece 30 días corridos para hacer todo el procedimiento y diciembre normalmente es un mes que tiene un montón de días inhábiles. Igualmente, eso no hizo que la comisión no funcione, que no se hayan producidos todas las pruebas, que recibimos todas las que pidieron las personas que denunciaron como las que pidió la persona denunciada y las que la comisión decidió que debía pedir en organismos del Estado y privados”.
“De este modo el procedimiento se hizo entero, a contrarreloj, pero se hizo. El mayor problema acá fue que no hubo decisión de parte de los 19 legisladores que integramos la comisión de juicio político para poder firmar un dictamen que acuse o que desestime el procedimiento. Borradores hubo de los dos lados”, afirmó.
Al respecto, indicó que “lamentablemente trascendió a la prensa mucho más de lo que debería haber trascendido, y muchas cosas que trascendieron tampoco eran totalmente ciertas”.
Aclaró asimismo que el dictamen “necesitaba 10 firmas” y que “había algunos legisladores que no tenían postura tomada hasta el momento”.
“Fue tan compleja toda la documentación que se recibió y tan difícil, porque acá estábamos tratando un tema que no tenía solamente que ver con Medina, si bien ella era la denunciada, acá estábamos hablando de lo que ya habíamos hablado y se viene hablando en los juicios políticos que se han hecho a los vocales del Superior Tribunal en esta provincia desde hace un montón de tiempo: ausencias reiteradas, demoras en la resolución de sentencias, uso de viáticos. En esto entendimos que la discusión no era solamente Medina, aunque la denuncia era contra ella, pero la mayoría de los vocales estaba en la misma situación, entonces entendimos que la discusión tenía que venir por otro lado, por un debate en serio que la provincia debe darse –y lo digo con total humildad porque no soy nadie al lado de un vocal del Superior Tribunal de Justicia- porque los vocales del Superior Tribunal no tienen ningún organismo arriba de ellos y cuando hablamos de licencias, tienen un régimen de licencias pero se otorgan más licencias por acordadas de ellos mismos”, justificó.
Afirmó que “cuando se hablaba de inasistencias, se cumplía con la ley porque si bien ellos tienen un régimen de licencias muy laxo, cuando las licencias son más de lo que establece el famoso artículo 40, se las otorgan ellos en acordadas, todos juntos. Entonces no había una cuestión legal compleja. Se puede decir que es una barbaridad que haya pedido tantos días de licencia, y es cierto, pero eran casi todos iguales. Y ante esto, al no tener la cantidad de firmas para un dictamen o para otro, se produce la caducidad del procedimiento, pero esto no quiere decir que no se pueda volver a presentar”.
Consultada por la decisión de proteger a la vocal denunciada, Lena señaló: “No sé si hubo protección, nosotros cumplimos con todos los requisitos y los pasos que, en unos pocos artículos, la Constitución regula el procedimiento, que eso también es materia pendiente de la Legislatura, como también si no lo hace el Superior lo va a hacer la Legislatura, un régimen de licencias para los miembros del Superior Tribunal, aunque estaríamos en un lugar un poco incómodo. Pero si no lo hacen ellos por esta cuestión de los controles que los Poderes tienen en un sistema republicano, lo haremos nosotros en febrero”.
Sobre el cambio de postura de los legisladores de Juntos por Entre Ríos respecto del proceso, desestimó una injerencia del gobernador Rogelio Frigerio: “Creo que no; absolutamente todos los diputados de todos los bloques fuimos llevando el procedimiento como era necesario. En un primer momento cuando recibimos las denuncias las analizamos, vimos que era pasible de juicio político, que no había que rechazarlo in limine, como sí se rechazó el tercero, que se reunían los requisitos, se pidieron todos los oficios. Cuando se recibió la documentación se comenzó a evaluar, se trabajó en este tema, cambios de actitudes no hubo, uno va cambiando las actitudes o las miradas cuando va recibiendo la documentación escrita, las pruebas, pero no hubo cambio de actitud, la actitud fue siempre la misma: tratar de hacer un procedimiento claro. No hubo injerencia del gobernador en esto”.
En cuanto al accionar del gobernador, ahondó: “Con Frigerio hemos tenido conversaciones, pero no nos ha dicho ‘tienen que votar a favor o en contra de esto’. Obviamente que tenía opinión formada sobre esto, pero en ningún momento nos exigió a los legisladores que tomemos tal o cual determinación. Si no, hoy tendríamos dictamen”.
También evitó hablar de las conclusiones respecto de las pruebas: “No hubo dictamen, entonces no puedo decir que hubo o no irregularidades, porque quedo tomando una postura con la posibilidad de que exista uno nuevo. No hubo dictamen, no pudimos hacer un dictamen que conforme a 10 personas de los 19 para rechazo o acusación”.
Aceptó que “puede ser” que el oficialismo hubiera podido lograr dictamen “pero no se dieron las condiciones”. “Nos hubiese encantado que esto termine diferente obviamente, pero esto también es una forma de terminar el proceso, está previsto dentro de lo que establece la Constitución, en la caducidad del plazo, y no pudimos ponernos de acuerdo para poder llevar este tema al recinto”, sentenció.
Consultada por la legalidad o la ética de los viajes de Medina pagados por el empresario Eduardo Eurnekián, Lena aseveró que “eso no fue denunciado en ningún juicio político. Si contesto esa pregunta, estaría tomando partido por algo que, a lo mejor, puede ser pasible de otro juicio político. Formó parte de la discusión porque surgió de una de las pruebas que mandaron, pero no era uno de los hechos denunciados”. Puntualmente, reveló: “Le pregunté si ella no sentía que había algún tipo de incompatibilidades con ese viaje, y ella contestó que no, que no tenía ninguna causa donde él esté involucrado”.
En relación con los viáticos y choferes pagados por el STJ para actividades de Medina en la Asociación de Mujeres Juezas, afirmó que “muchas de las cosas que se han trascendido, no quedaron demostradas en las pruebas que se mandaron. Algunas notas periodísticas, no quedaron demostradas en las pruebas que mandó el Superior Tribunal de Justicia, en algunos casos no hay coincidencias. Hay algunas acordadas donde el Superior Tribunal acuerda la licencia sobre Medina, pero manifiesta en la misma acordada que no percibirá viáticos”.
En cuanto a la posibilidad de cotejar más información, aseveró que “es muy complejo, y no teníamos más tiempo para pedir más pruebas, son 30 días corridos contados a partir del 5 de diciembre”.
Finalmente, descartó que el fracaso del juicio político genera una deslegitimación del gobierno de Rogelio Frigerio que en el discurso brega por la transparencia, las buenas prácticas en el manejo de la cosa pública y el fin de los privilegios. “Creo que no porque ellos pertenecen a un Poder diferente al nuestro y lo que nosotros tenemos hoy, después de ver toda esta documentación, es la obligación como legisladores –no importa de qué partido político- es reglamentar estas desigualdades que hoy existen. Lo de Chiara Díaz pasó hace ocho años atrás, y nosotros hace dos años que estamos y este es el primer juicio político que viene por estos temas. Podría haberlo cambiado alguna otra Legislatura o el mismo Superior Tribunal de Justicia”.
