“Bajar la edad de imputabilidad sin considerar recursos para las provincias es irresponsable y de ninguna manera reduce el riesgo de delitos cometidos por jóvenes”, sentenció la legisladora entrerriana.
La diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) rechazó enfáticamente el proyecto de Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y que tuvo media sanción en la Cámara Baja este jueves.
En un comunicado enviado a ANALISIS, Osuna sostuvo que “el cuidado de niños, niñas y adolescentes debe ser el punto de partida de cualquier Régimen Penal Juvenil. En ese sentido, el desfinanciamiento de la escuela pública y de las políticas sociales define el peor escenario posible para su implementación. También es necesario poner en discusión la desprotección y el estado de extrema vulnerabilidad en que se encuentran niños y jóvenes que viven en condiciones de pobreza e indigencia. Dura realidad que no puede abordarse con respuestas sólo punitivas”.
Por ello, valoró especialmente “los aportes de importantes instituciones que sumaron razones para fundamentar el rechazo del bloque del PJ al proyecto impulsado por el Ejecutivo. Entre ellas, están los aportes UNICEF, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina. Todas, desde sus diferentes perspectivas, advirtieron que la ley del Ejecutivo Nacional va en el camino equivocado por perjudicial, ineficaz y porque desatiende causas estructurales del delito de jóvenes”.
“Bajar la edad de imputabilidad sin considerar recursos para las provincias es irresponsable y de ninguna manera reduce el riesgo de delitos cometidos por jóvenes”, sentenció la legisladora entrerriana.
En este sentido, consideró “de extrema gravedad que la propuesta contradiga la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre niñez y juventud suscriptos por el país”.
Y aseguró que “encerrar a niños y adolescentes no rehabilita ni corrige conductas delictivas: por el contrario, consolida identidades negativas, los expone a situaciones de violencia extrema y pone en riesgo sus vidas”.
Asimismo, Osuna advirtió que “el impulso que el Poder Ejecutivo le otorga a este tema, sumado al fuerte ajuste educativo y destrucción de la escuela pública que después pretenden reemplazar por cárceles lo hace inviable” y se preguntó: “¿Cómo van a garantizar educación en contextos de encierro si hoy no pueden sostener las instituciones educativas y salarios docentes dignos?”.
“En relación con los datos oficiales, los reportes de 2024 indican que los delitos perpetrados por menores de 16 años representan apenas el 0,06 % del total, y que la mayoría corresponde a delitos contra la propiedad. Sostener que bajar la edad de imputabilidad terminaría con la reincidencia o que el Estado les otorga un “certificado de impunidad” a los chicos —como ha circulado en el recinto— es una falacia: basta con mirar los números para advertirlo”, analizó.
Finalmente, consideró que “el problema de fondo es el avance del narcotráfico en los barrios, que pone en peligro la vida y compromete el futuro. Allí es donde debería estar puesta la prioridad” y respaldó el dictamen del bloque Unión x la Patria.
