En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Romero señaló que “el policía de Villaguay está retirado y el sumario era por un hecho anterior a su retiro; le aplican 25 días de arresto, la sanción estaba confirmada por decreto porque había hecho los recursos administrativos necesarios pero lo discute judicialmente”. Al respecto, explicó que “eso es un derecho porque hay un año para que cualquier ciudadano empleado del Estado pueda recurrir una sanción y discutirla en un proceso contencioso administrativo” y ante ello, “la Cámara en lo contencioso administrativo de Concepción del Uruguay, como medida cautelar, mandó a no cumplir la sanción en razón de analizar la cuestión de fondo”.

Agregó que “el policía que hoy está retirado consideró que la sanción impuesta es injusta y lo que discute es la causa de esa sanción; esto es común y la medida cautelar paraliza la cuestión hasta tanto resuelva si tiene razón o no”.

De todos modos, reveló: “Tengo a futuro el propósito y el deber de revisar la ley N°5.654 porque es una vieja norma que tiene muchas modificaciones, que es la orgánica de la policía, y así como el propósito del gobernador es revisar los procesos administrativos y seguramente estará mandando un proyecto en el último semestre de este año, se va a trabajar una modificación de la orgánica policial para prever este tipo de cuestiones, que ante un recurso judicial se pueda suspender la medida”.

En esa línea, admitió que “la ley orgánica de policía tiene muchos años y hay que irla adecuando a los procesos y conceptos del siglo XXI; en esto coincidimos con el jefe de policía y lo conversé con los asesores de la fuerza porque, por ejemplo, los sumarios tardan mucho años”. Consideró que eso sucede “porque estamos todavía con procedimientos íntegramente escritos, que debe evolucionar hacia procesos por audiencias y creo que en materia administrativa es el camino para agilizar”.

Detalló que “hay miles de sumarios administrativos en trámite en la policía y el volumen de papel es enorme, siempre se acumulan los sumarios y tienen sus incidencias: hay apelaciones, se agregan pruebas, se reproducen varias veces esas pruebas, y tienen realmente todas las dificultades del proceso escrito en materia administrativa y en materia policial”. “Por eso es una de las cuestiones en que hay que evolucionar, es una de las preocupaciones del gobierno que vamos a solucionar con proyectos de leyes para evolucionar hacia otro tipo de procedimiento”, afirmó.

Sobre las causas que motivan sumarios, la ministra explicitó que “cuando un policía tiene un reproche judicial por cualquier motivo que sea y ante cualquier incumplimiento inmediatamente se abre un sumario administrativo que puede ser susceptible de una cesantía, una exoneración o de una sanción de arresto” aunque aclaró que “a veces hay alguna sanción menor que no amerita un sumario administrativo”. “Habitualmente coincide la falta a los deberes como policía o un proceso judicial y la apertura de un sumario y hay reproches que tienen que ver con las faltas en la función, que no son delitos, y otros que tienen que ver con la sospechas de delitos”, apuntó.

Consultada por las modificaciones esperadas para la norma orgánica, Romero indicó que “la ley 5.654 es una ley que es del siglo pasado y hay que verla desde una perspectiva moderna y también el sistema de sanciones podría ser reconsiderado”. “No solamente el arresto es una forma de sancionar al policía que incumple sino que existe en las distintas fuerzas de seguridad, y de hecho se hace. Muchas veces cuando el reproche a un policía es por un choque, un daño a un bien del Estado, etc. termina con la reparación del daño por parte del policía y se evita el criterio de punición. Hay modalidades que han avanzado por sobre la letra expresa de la ley; se avanzó con nuevos conceptos y por ejemplo cuando el policía repara le daño queda sobreseído del sumario”, explicitó.

Especificó que la fuerza policial entrerriana tiene “casi 12.000 personas” y reveló que “en este momento hay un pedido de creación de 500 cargos pero está sujeto a las evaluaciones presupuestarias y el expediente está en el Ministerio de Hacienda para que desde las perspectivas de la economía y las finanza públicas se vea si podemos crear esos cargos”.

En el mismo sentido, sostuvo que “siempre tenemos, por lo menos, el triple de aspirantes de las vacantes que tenemos” y contó que “la última vez cuando se convocó para 200 cargos de agentes teníamos más de 1.000 aspirantes”. “Cuesta la selección porque es enorme la cantidad de aspirantes que hay en toda la provincia, tanto para oficiales como para agentes”, sentenció.

Sostuvo que esto se produce porque “hay vocación y en algunos Departamentos de la provincia hay más inscriptos que en otros pero además tiene que ver con que la Policía de Entre Ríos tiene prestigio, no es una institución vista por el joven solo como un lugar de trabajo público y desprestigiado, sino por el contrario, socialmente nuestra policía está bien vista”. “Puede haber algún componente de deseo de trabajar en el Estado como una salida laboral pero todas esta cuestiones son analizadas porque los aspirantes a cadetes y agentes de policía tienen entrevistas psicológica, examen médico y determinados requisitos donde se evalúa si esa persona es consciente de la función que va a cumplir”, especificó.

Sobre la formación en los Institutos Policiales en relación con el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, Romero afirmó que “en Entre Ríos tenemos una ventaja: que desde 1988 en todos nuestros institutos de nivel terciario y luego universitarios por UADER se incorporó a los derechos humanos como materia y contenido educativo; con un concepto base de enseñar el derecho, las prácticas policiales y el entrenamiento propio de la institución, pero también el derecho procesal y derechos humanos tanto para agentes como para oficiales”. “No salen con un concepto de disparar primero, de que el ciudadano es una suerte de presa frente a una sospecha de delito sino que salen con otra cabeza y otros conceptos”, sentenció.

A modo de ejemplo, tomando el caso sucedido en San Miguel del Monte donde la policía disparó en una persecución contra cuatro jóvenes que terminaron muriendo, afirmó que en Entre Ríos “en todas las instancias de formación de la policía se instruye especialmente a que si hay una huida con un vehículo nunca tiene que haber una persecución de parte de los patrulleros porque son más las posibilidades de perder bienes como la vida de un transeúnte o de una persona ajena a la persecución que de lograr aprehender al delincuente. La instrucción específica a nuestra policía es modular para que otro vehículo o puesto policial detenga a ese vehículo”.

En cuanto a la causa que investiga la responsabilidad de dos policías de Paraná en la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en barrio Capibá, Romero dijo que sigue “atentamente el debate y la investigación judicial que según entiendo está cerca de terminar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en ese proceso hemos sido respetuosos del accionar de la Justicia”.

“En este caso la Justicia tiene que resolver si encuadra el proceder de los policías actuantes dentro del legítimo ejercicio de sus deberes y funciones o si hay algún reproche por exceso en la legítima defensa o exceso en el ejercicio de sus funciones. En eso no hay una resolución definitiva y estamos atentos a ese procedimiento, en el cual la actuación del Poder Ejecutivo debe ser completamente respetuosa de los fiscales, los policías de ejercer su derecho de defensa y de los familiares de la víctima para ejercer su derecho de querellar”, concluyó.