Reporteros Sin Fronteras presentó su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026. Argentina descendió al puesto 98 en el informe y acumula un descenso de 69 posiciones en los últimos cuatro años.
París amaneció este jueves con un diagnóstico sombrío. Reporteros Sin Fronteras, la organización que desde hace un cuarto de siglo mide la temperatura de la prensa en el mundo, presentó su Clasificación Mundial 2026 con una conclusión que no admite eufemismos: por primera vez en la historia del ranking, más de la mitad de los 180 países analizados se encuentran en una situación calificada como “difícil” o “muy grave”, y la puntuación promedio nunca había caído tan bajo. La fotografía global muestra arsenales legislativos cada vez más restrictivos, escudados casi siempre en la retórica de la seguridad nacional, y una criminalización creciente del oficio de informar. Apenas un día antes, en Buenos Aires, el Foro de Periodismo Argentino había presentado su propio informe anual con cifras que confirman la peor versión de ese diagnóstico aplicado a la Argentina. La sincronía no es casual: el cerco se está cerrando al mismo tiempo en muchos lugares y nuestro país ya entró en esa lista.
Argentina cayó once posiciones en doce meses. Está hoy en el puesto 98, junto a un pelotón de países que la ONG describe sumidos en una espiral de violencia y represión. RSF agrupó explícitamente a Javier Milei y a Nayib Bukele bajo una misma categoría: los fervientes defensores latinoamericanos del manual de Donald Trump contra la prensa. No es un calificativo retórico ni una opinión editorial. Es la conclusión de una metodología que la organización aplica desde 2002 y que cruza indicadores políticos, legales, económicos, sociales y de seguridad. La Argentina entró, por sus propios méritos, al grupo donde antes la mirábamos desde afuera.
El peor año desde el regreso de la democracia
El Informe Anual de Monitoreo de FOPEA, titulado “El periodismo en riesgo de silencio” y presentado el martes en el auditorio de la Universidad de Palermo, traduce a números argentinos lo que RSF dice del mundo. En 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, el récord más relevante desde el nacimiento del Monitoreo en 2008, con un aumento del 55% respecto a los 179 casos de 2024. Hay un dato que conviene repetir despacio para que se entienda la dimensión: desde el inicio de la gestión nacional, se produjeron 137,6% más de episodios contra la prensa. La curva se duplicó en menos de dos años y medio.
El responsable directo, según la propia entidad, no admite ambigüedad. El presidente Javier Milei volvió a quedar primero como autor de 119 del total de los hechos, exactamente el 43% del universo de ataques registrado durante el año. La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor parte de las agresiones —186 situaciones, seguida por la provincia de Buenos Aires con 23, Tucumán con 8, Córdoba con 7, San Luis y San Juan con 6 cada una—, lo que confirma el patrón de que el agresor principal opera desde el centro del poder político y baja en cascada hacia las provincias a través de funcionarios afines y operadores digitales.
El desglose por modalidad ofrece la radiografía completa de cómo se ataca hoy a un periodista en la Argentina. La gran mayoría de las agresiones —139 del total— fueron discursos estigmatizantes, categoría que incluye declaraciones agraviantes o intimidantes desde los medios afines, las redes sociales y la vía pública. A esto se suman 58 ataques a la integridad de los periodistas, 9 de los cuales fueron agresiones físicas, además de amenazas, persecuciones, espionajes y un caso de agresión sexual. El hecho más grave, recordó la entidad, fue el ataque contra la vida del fotorreportero Pablo Grillo, herido por el disparo de una granada de gas lacrimógeno que le dejó secuelas. Grillo encarna lo que vino al país en la cobertura de manifestaciones desde diciembre de 2023: el fotógrafo o camarógrafo argentino que sale a hacer su trabajo y vuelve con menos cuerpo del que tenía antes.
El capítulo judicial es probablemente el más alarmante para quienes estamos en el oficio. “Durante el 2025 hubo 20 demandas contra periodistas. Una cifra muy superior a lo que se recuerde desde el regreso de la democracia. También se produjeron 9 amenazas de demandas”, expresó Alicia Miller, coordinadora de la Comisión de Libertad de Expresión y editora del informe. Veinte juicios contra colegas en un año. El número es elocuente y todavía conservador: se documentaron además 28 restricciones de acceso a la información pública, 10 casos de censura, 4 ataques contra bienes del medio o del periodista y 4 abusos del poder estatal, como detenciones indebidas o abusos de las fuerzas de seguridad. Apenas 2 casos registrados de presión vía publicidad oficial, lo que la propia FOPEA atribuye a que ese tipo de abuso ocurre a puertas cerradas, en un despacho o por teléfono, y rara vez se denuncia. Los que estamos en el oficio sabemos que es así.
El informe incluye un anexo de investigación cuyo título lo dice todo: “El insulto como estrategia”, liderado por Sandra Crucianelli, donde se analizaron 113.000 mensajes del presidente en la red social X. Ciento trece mil tuits con calificativos, agravios y términos despectivos hacia periodistas en menos de dos años y medio: la cifra ilustra mejor que ningún editorial el método. Y como observó Mónica Gutiérrez durante la presentación del informe, “los gobiernos no quieren a la prensa. Es una estrategia de acorralamiento y tiene una escala diferente a la del kirchnerismo”. Ernesto Tenembaum agregó la otra dimensión: “Que haya 20 demandas contra periodistas implica una escalada mayor en relación al kirchnerismo. Los gestos de Milei hoy, el cerrar la sala de prensa de la Rosada o amenazar a Luciana Geuna con detenerla, incrementa la gravedad”.
El cierre de la Casa Rosada: el último escalón antes del informe
El informe FOPEA fue presentado en el peor momento posible para el Gobierno, y al mismo tiempo en el más oportuno para entender adónde va todo esto. Una semana antes, el 23 de abril, había ocurrido lo que FOPEA calificó de “extrema gravedad institucional”: sin aviso previo, el Gobierno deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas acreditados de distintos medios nacionales y extranjeros ingresar a la Casa Rosada para desarrollar su labor informativa diaria. La decisión fue adoptada poco después de que el Gobierno denunciara ante la Justicia a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de Todo Noticias, por una supuesta violación de seguridad al grabar imágenes del interior del edificio.
Por primera vez desde el regreso de la democracia en 1983, la Sala de Prensa de la Casa Rosada quedó cerrada. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó públicamente su preocupación por la restricción y FOPEA elevó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando continuidad a los planteos iniciados en noviembre de 2025 en Miami durante el 194° Período de Sesiones, donde el Foro había advertido a los comisionados sobre los riesgos para el periodismo local. Hoy se refuerza el pedido de una misión especial a la Argentina como respuesta al deterioro de la libertad de expresión. Ese pedido, si prospera, sería el primer caso de visita in loco de la Comisión Interamericana al país por motivos de libertad de prensa desde la recuperación democrática.
El cierre de la sala vino acompañado de un detalle revelador del clima ideológico que rodea la medida. Mientras la Iglesia salía a respaldar a los periodistas —monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, recibió a los acreditados y los acompañó en Plaza de Mayo—, en redes los voceros oficialistas argumentaban exactamente lo contrario: “Los argentinos no necesitan una sala de prensa en Casa Rosada, y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios”. Esa última cita resume el proyecto: lo que se busca no es regular la cobertura sino eliminar la posibilidad misma de que existan preguntas incómodas.
El otro dato global del año
A los 129 trabajadores de prensa asesinados en 2025 que el Comité para la Protección de los Periodistas registró como el año más mortífero desde que comenzó a llevar registros hace más de tres décadas, con dos tercios de las víctimas a manos del ejército israelí en Gaza, hay que sumarle el indicador menos visible pero más expansivo: el de los Estados que, sin tanques en las calles, descubren que se puede ahogar al periodismo con leyes, tribunales, presupuestos y discursos. Es, en buena medida, lo que viene ocurriendo en América Latina. Y es, también, el repertorio del cual Milei ya empezó a servirse.
El mapa sudamericano: dos direcciones opuestas
El subcontinente exhibe hoy un cuadro de contrastes notable. Uruguay se mantiene como el país mejor posicionado de América del Sur en el puesto 48 del ranking de RSF, mientras que Brasil escaló hasta el 52° lugar tras haber ganado nada menos que 58 puestos desde 2022. La diferencia es elocuente: dos democracias que se mueven en sentido contrario al de la mayoría de la región, una por estabilidad institucional y la otra por reversión del proceso autoritario que había instalado el bolsonarismo. Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro, también muestra recuperación: avanzó trece puestos hasta el 102°, aunque sigue en zona problemática.
Brasil merece mención particular. La salida de Jair Bolsonaro y la asunción de Lula da Silva abrió un proceso de normalización institucional que se reflejó casi de inmediato en el ranking. Es el contra modelo regional al fenómeno Milei-Bukele: en pocos años se puede mejorar tanto como se puede empeorar.
Después vienen los países que retroceden, y entre ellos hay matices importantes. Ecuador es el caso más dramático del año: cayó treinta y un puestos hasta el 125° tras los asesinatos de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar, en un contexto de violencia vinculada al crimen organizado. Perú profundizó su caída con catorce puestos perdidos hasta el 144°, también marcado por cuatro asesinatos de periodistas durante 2025; el caso peruano es probablemente el más parecido al argentino en términos de combinación de acoso judicial, campañas de difamación e iniciativas legislativas restrictivas. Bolivia, atravesada por su propia crisis política y económica, había logrado en 2025 una mejora significativa de treinta y un puestos hasta el 124° tras un período crítico, aunque la inestabilidad institucional sigue ofreciendo un terreno frágil para la prensa.
Chile representa el caso intermedio más interesante. El país escaló 31 posiciones en 2024 hasta ubicarse en el puesto 52, convirtiéndose entonces en el tercero mejor posicionado de Latinoamérica detrás de Costa Rica y Uruguay. Los indicadores político, económico, legislativo, social y de seguridad mejoraron en bloque, aunque el contexto de violencia ligada al crimen organizado en el norte del país y la persistente polarización política mantienen al periodismo bajo presión. La trayectoria chilena demuestra que las democracias también pueden moverse hacia arriba cuando los gobiernos respetan la frontera entre disputa política legítima y hostigamiento sistemático.
El cuadro queda completado con los pisos del ranking, ocupados por las dictaduras tradicionales. Nicaragua se ubica en el puesto 168, descrita por RSF como un paisaje mediático en ruinas, sometido a represión sistemática; Cuba en el 160, donde los pocos periodistas independientes se ven obligados a operar cada vez más en la clandestinidad; y Venezuela en el 159, en una situación de extrema incertidumbre pese a algunas liberaciones de periodistas a comienzos de 2026.
El arsenal regional que ya está en uso
Repasar los instrumentos concretos que se vienen aplicando en la región es probablemente el ejercicio más útil para anticipar el “próximo paso” en la Argentina. El Salvador aprobó en mayo de 2025 una Ley de Agentes Extranjeros que permite al gobierno decidir, con una sola orden, qué organizaciones humanitarias o medios independientes pueden trabajar en el país, además de obligar a quienes sean autorizados a tributar el 30% de sus ingresos al Estado. La tendencia regional es expansiva: Paraguay, Perú, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México ya han aprobado o debatido leyes que interfieren en el trabajo de la sociedad civil y, por extensión, del periodismo.
A esto se suman las leyes de “ciberdelitos” y “noticias falsas”. Nicaragua aprobó en octubre de 2020 una norma que castiga con dos a cuatro años de prisión la “propagación de noticias falsas” y con tres a cinco años a publicaciones que “incitan al odio y la violencia”. El repertorio salvadoreño completa el catálogo: una reforma penal castiga con diez a quince años de cárcel a quien reproduzca mensajes atribuibles a las pandillas, sin definir con claridad quién determina ese encuadre. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Sergio Arauz, describe el régimen de Bukele como una dictadura sofisticada basada en spyware como Pegasus, leyes discrecionales y coerción administrativa, y reportó el exilio de medio centenar de periodistas durante la escalada represiva de mayo de 2025.
Europa: el contramodelo regulatorio que también muestra fisuras
Mientras la Argentina viaja en sentido contrario, la Unión Europea intenta el camino inverso desde lo normativo. El 8 de agosto de 2025 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, una norma directamente aplicable en los veintisiete Estados miembros que establece protecciones a la independencia editorial, blindaje de las fuentes periodísticas frente al uso de spyware, garantías de financiamiento estable para los medios públicos y obligación de transparentar la propiedad mediática y la pauta oficial. Un año antes había entrado en vigor la Directiva anti-SLAPP, pensada precisamente contra el tipo de demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas que se usan para silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Pero el modelo regulatorio europeo no impide que las democracias del viejo continente también retrocedan. La fotografía 2026 muestra fisuras inquietantes en sus principales economías.
Italia es el caso más alarmante. Bajó del puesto 49 al 56 en un solo año bajo el gobierno de Giorgia Meloni. RSF apunta a la “legge bavaglio” o “ley mordaza” aprobada por la mayoría oficialista, que prohíbe a la prensa publicar autos de prisión preventiva hasta el final de la audiencia preliminar, y a la creciente injerencia política sobre la RAI, que se está transformando en herramienta de comunicación al servicio del gobierno. A esto se suma la criminalización de la difamación y los numerosos “procesos mordaza” o SLAPP, mientras una veintena de periodistas vive bajo protección policial permanente tras intimidaciones y agresiones por investigar el crimen organizado. La Italia de Meloni es probablemente el experimento europeo más cercano a lo que está intentando Milei en Argentina, aunque con un sistema institucional infinitamente más robusto para resistirlo.
Francia retrocedió cuatro puestos hasta el 25°. RSF advierte que las maniobras jurídicas para llevar a periodistas ante los tribunales también se dan en países relativamente bien clasificados como Francia. El propio organismo creó este año una oficina dedicada exclusivamente a Francia ante el aumento paulatino pero significativo de las amenazas a la libertad de prensa, con vistas a las municipales de marzo de 2026 y las presidenciales de mayo de 2027. El problema central francés es la concentración mediática creciente —pocos magnates concentran cada vez más medios— y la insuficiencia de los mecanismos de protección de fuentes y confidencialidad.
Alemania sufrió la caída más llamativa entre los países nórdico-europeos: retrocedió del puesto 10 al 14, una pérdida significativa para uno de los referentes históricos de la libertad de prensa en el continente. El contexto político está marcado por el ascenso vertiginoso de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que en las elecciones de febrero de 2025 se convirtió en la principal fuerza opositora con el 20,8% de los votos y en las encuestas actuales escala hasta el 27%. La radicalización política se traduce, también allí, en hostilidad creciente contra el periodismo crítico.
España descendió seis puestos hasta el 29°. El retroceso se explica por el deterioro en todos los indicadores que componen el ranking, con una posición particularmente débil en el indicador económico, donde España queda relegada al puesto 40°. RSF señala que la libertad de prensa española se ve amenazada por el aumento de las acciones judiciales abusivas tipo SLAPP y por el señalamiento político contra periodistas, en un mercado caracterizado además por una alta concentración mediática audiovisual donde Atresmedia, Mediaset y RTVE acaparan el sector.
El panorama europeo, en síntesis, muestra que ni el reglamento más robusto del mundo ni una larga tradición democrática garantizan por sí solos la libertad de prensa cuando los gobiernos deciden ir a fondo. Hungría se opone frontalmente al EMFA, Malta y Grecia apenas avanzan en su adaptación, y España progresa con retraso. La regulación existe; la voluntad política para aplicarla, no siempre.
Lo que probablemente venga
A partir del menú regional y europeo, los pasos esperables del oficialismo argentino —si se sigue el manual Bukele/Trump/Meloni que RSF identifica explícitamente— son razonablemente previsibles. Ampliación del uso de cautelares para censura previa, con el precedente Maraniello sobre los audios de Karina Milei ya instalado. Escalada del hostigamiento judicial vía demandas civiles millonarias, en el modelo SLAPP que Europa precisamente intenta neutralizar pero que en Italia y España ya muestra su eficacia disciplinadora —y que en Argentina, según FOPEA, ya creció un 150% durante 2025—. Profundización del ahogamiento económico vía pauta oficial discrecional y desfinanciamiento de medios públicos, exactamente el camino italiano sobre la RAI y, en clave argentina, sobre Télam, Radio Nacional y la TV Pública. Restricciones físicas al acceso —el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada es la última y más burda novedad—. Y, eventualmente, alguna versión de “ley de agentes extranjeros” o regulación sobre financiamiento internacional a ONGs y medios independientes, que es el instrumento que viene avanzando con más velocidad en la región y cuya matriz, como recordó la directora editorial de El Surtidor en Paraguay, está copiada literalmente de Hungría y Rusia.
Como sintetizó Fernando Stanich, presidente de FOPEA, durante la presentación del informe: “La presencia del periodismo es insustituible. Hay una trampa en la que pretenden hacernos caer, de instalar el ‘algo habrán hecho’. Si eventualmente hay una presunta mala praxis periodística, podría investigarse. De ninguna manera corresponde una sanción colectiva. Lo que están consiguiendo es un bloqueo físico y un apagón informativo en la Rosada”. La frase de Stanich tiene una resonancia que vale la pena no pasar por alto: el “algo habrán hecho” no es un eco cualquiera. Es la frase con la que se justificó, en otra Argentina, todo lo que vino después.
Hace dos años y medio, la Argentina figuraba entre los países con uno de los estándares más altos de protección a la libertad de expresión en América Latina. Hoy, según la organización que mide estas cosas en el mundo, comparte casillero con los regímenes que históricamente miramos con preocupación desde acá. Sigue muy lejos del horror cubano, venezolano o nicaragüense, y todavía a distancia razonable de Italia o Francia. Pero la dirección del movimiento —y eso es lo que más debería preocuparnos— es la misma de El Salvador, la misma del Perú de las cuatro muertes, la misma de la Italia de Meloni con su ley mordaza. La distancia con Brasil y Uruguay, países hermanos que decidieron caminar al revés, crece cada mes que pasa.
La sala de prensa de la Casa Rosada sigue cerrada. Los periodistas acreditados toman café en bares cercanos, esperando que el Gobierno reabra el sistema de huellas dactilares. La CIDH evalúa enviar una misión especial al país. Y un foro de colegas terminó su informe anual con un título —“El periodismo en riesgo de silencio”— que empezó como advertencia y va camino a ser descripción literal.
