Por Juan Cruz Butvilofsky
(de ANALISIS DIGITAL)
Está claro que no puede generalizarse y que no todos los funcionarios policiales serían capaces de llevar adelante este tipo de prácticas. Pero los hechos de violencia institucional forman parte de un problema sistémico que se origina en la formación de los funcionarios policiales. A las prácticas represivas a las protestas sociales se suma la violencia ejercida para con los niños que deambulan por las calles paranaenses.
Hace meses que se observa en las calles paranaenses una persecución a los "sin techo", tal cual lo ha denunciado la REVISTA ANALISIS en su última edición del año 2015. Esta situación se profundizó durante el 2016 cuando se supo que se encrudeció la estigmatización de la policía para con aquellas personas en situación de calle. Los pobres pasan a ser el blanco fácil de los oficiales a la hora de "limpiar las calles" y solicitar de forma sistemática que se identifiquen como si atravesáramos una situación de Estado de Sitio.
Ningún niño merece que una persona mayor ejerza su fuerza contra su integridad y dignidad. Estos derechos personalísimos son inquebrantables y no hay motivo que justifique el accionar de violencia. Esto encuentra mayor gravedad cuando quien ejerce la violencia es un funcionario público y encargado de preservar por la seguridad ciudadana en las calles.
El repudio en las redes sociales parece contrarrestar la pasividad de los ciudadanos que observaron el hecho en la peatonal paranaense. El 'algo habrá hecho', tan nefasto en nuestra historia de país, también opera como argumento ciudadano para justificar la inacción.
Un niño es doblemente indefenso ante la violencia de un policía y el repudio a dicho accionar no debe demorarse para señalar a los funcionarios públicos que deben garantizar el cumplimiento de los derechos y no su avallasamiento. La foto publicada en Diario Uno merece que se le preste la suficiente atención a este tipo de prácticas violentas que van contra los derechos humanos en tiempos de democracia.