Baraldini estaba escondido desde 2003 en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Odasso consideró que el trabajo corrió peligro a partir de que Roxana, una de las hijas del ex coronel, es esposa de un alto jefe militar del ejército boliviano.

“La Policía dijo que Baraldini estaba con sus hijas en una camioneta 4x4 esperando a la esposa, se acercó el personal de Interpol, le pidió una identificación y exhibió un documento falso”, dijo la fiscal.

Una vez que se determinó su identidad, se informó a las autoridades argentinas que comenzaron a analizar las vías para traerlo al país, al margen de iniciar el proceso de extradición formal.

Sin embargo, no fue necesario, ya que el presidente de Bolivia Evo Morales firmó la expulsión de Baraldini, ya que la legislación de ese país dispone esa pena para el delito de nombre falso.

Así lo informó el ministro de Interior de Bolivia Wilfredo Chávez, quien evitó dar más detalles por razones de seguridad, aunque especificó que la entrega a las autoridades argentinas se realizó a través del poblado de Bermejo, fronterizo con la provincia de Salta.

Perfil

Baraldini, quien fue jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, era encargado de impartir órdenes al grupo de tareas que cometió secuestros y torturas a decenas de pampeanos.

Ya en la democracia, fue uno de los jefes que encabezó la revuelta carapintada.
Desde su fuga en noviembre de 2003, cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante el último gobierno de facto, el rastro de Baraldini se suponía en Bolivia ya que allí estuvo como agregado militar desde 1980 hasta 1982.

Durante su paso por ese país adiestró a oficiales bolivianos y también realizó una actividad que continuó en la actualidad: los caballos de equitación.
Baraldini no fue juzgado, a raíz de que estaba prófugo, en el Juicio de la Subzona 14, que ventiló el año pasado los casos de secuestros y torturas de pampeanos.

El 16 de noviembre de 2010, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó a un militar, Néstor Greppi, y a los policías Roberto Constantino (quien posteriormente falleció), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, a veinte años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en la llamada Subzona 14; a Athos Reta, por doce años; Néstor Cenizo, por catorce años; Oscar Yorio, por doce años; y Hugo Marenchino, por ocho años.

La página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tenía una fotografía de Baraldini como buscado, con la oferta de recompensa de 100 mil pesos por violaciones a los derechos humanos, ligado al caso del fallecido ex general Guillermo Suárez Mason.