El juez de Garantías, Mariano Budasoff, concedió parcialmente las apelaciones de los abogados defensores del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros. La resolución se conoció en la tarde de este viernes, tras las audiencias en el marco de la discusión por el requerimiento de elevación a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito.
El magistrado declaró improcedente los recursos de apelación in voce que hicieron este jueves los abogados Miguel Cullen (por Urribarri); José Velázquez y Esteban Díaz (por Cardona Herreros), en contra del rechazo a los pedidos de sobreseimiento por prescripción de la acción penal; inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 67 del Cód. Penal (NdR: es decir la suspensión de la prescripción penal por la condición de funcionario público de Urribarri); la afectación de la garantía de plazo razonable, y afectación de la garantía “non bis in ídem” ( NdR: es decir el principio constitucional que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho).
Budasoff sí concedió la apelación que hicieron los defensores en lo referente a los planteos de exclusión probatoria sobre informes del Gabinete de Informática Forense; los elementos secuestrados en un allanamiento realizado en provincia de Buenos Aires; informes solicitados y recabados de empresas telefónicas; y de evidencia digital en función de que su tratamiento fue llevado a cabo por los profesionales del Gabinete de Informática Forense, no habilitados por el Colegio de Profesionales de las Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier).
De este modo, parte de los planteos de los abogados escalarán a tribunales superiores donde se continuará con la discusión. Este punto no impide la continuidad de las audiencias para avanzar con el requerimiento de elevación a juicio.
“Hicimos la apelación in voce para expresar los motivos. Apelamos el rechazo de la prescripción, el rechazo de la afectación de plazo razonable, la inconstitucionalidad del Artículo 67, el Segundo Párrafo (del Código Penal Argentino que establece la suspensión de la prescripción de la acción penal para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública), también apelamos las exclusiones probatorias”, dijo este viernes por la mañana el abogado Velázquez, y señaló que “es necesario que toda decisión judicial sea revisable, por la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, y porque que estos casos graves causan daños irreparables. Sobre la base del principio de preclusión y progresividad, no hay otra instancia donde nosotros podamos dirimir esta cuestión. Por ende, corresponde que se conceda la apelación y, como siempre, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa”.
Enriquecimiento ilícito
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Actualmente, la audiencia en la que se discute esta remisión a juicio de la causa es llevada adelante por los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
A Urribarri los fiscales le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano.
En un primer momento de la investigación, además de Urribarri y Cardona Herreros estuvo imputado Rubén Ángel Martínez, un jubilado que quedó fuera del proceso tras alcanzar un acuerdo de suspensión de juicio a prueba o probation por un plazo de 3 años. A Martínez le achacaron un rol menor en las maniobras de enriquecimiento. En efecto, el jubilado estuvo investigado porque en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
