Castrillón y las islas santafesinas: ahora denunciaron que construyó un alambrado de unos 500 metros en un terreno que no le corresponde, desconoció una medida judicial y desembarcó cerca de 100 animales

El presidente del bloque de diputados del PJ, Emilio Aroldo Castrillón (La Paz), sigue provocando denuncias en la justicia santafesina, por sus actitudes con respecto a una isla asentada cerca de San Javier, ubicada frente a la localidad entrerriana. El dirigente oficialista esta vez fue denunciado por construir un alambrado de unos 500 metros, en un terreno que no es de su propiedad, desconoció una medida judicial que se adoptó al respecto y entre ayer y hoy desembarcó cerca de 100 animales en esa isla, propiedad de la firma Audisio Sociedad Anónima, desde 1988, según consta en la documentación a la que accedió ANALISIS DIGITAL. Incluso, según se pudo saber, el legislador habría logrado que profesionales de la Dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos concurrieran al lugar, tomaran las medidas pertinentes y la anotaran en los registros de esta provincia, pese a que pertenece a Santa Fe, lo que provocará un conflicto interprovincial.

En septiembre del año pasado, el titular de la empresa Audisio S.A. había denunciado ante el Juzgado Correccional Octava Nominación, de Santa Fe, que el diputado provincial Emilio Castrillón (PJ-La Paz) usurpó una isla en la zona de San Javier, denominada Las Palmas, propiedad de la mencionada firma. El hecho se produjo el 27 de septiembre, cuando el legislador hizo desembarcar en el lugar un total de 19 animales vacunos y 2 equinos, desde una embarcación para el transporte de hacienda, acompañado de un cuidador. Al poco tiempo se pudo saber que ese capataz tendría un contrato en la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, aunque, obviamente, no presta ningún tipo de función, aunque regularmente percibe su sueldo.

Cuando Audisio le hizo el reclamo pertinente a Castrillón –a partir de la documentación obrante con que cuenta-, éste le envió una carta documento indicándole que estaba equivocado e incluso le exigió que retirara los animales que allí se encontraban. Castrillón dijo en la carta documento que hacía tal planteo en su “carácter de cuidador, en nombre y representación del Superior gobierno de la provincia de Santa Fe, de la isla Don Roberto. Habiéndose constatado el ingreso de hacienda de su presunta propiedad en dicho inmueble, le comunico que deberá proceder a retirar los animales que seguramente en forma involuntaria han ingresado al predio, a la brevedad”, le indicó el diputado oficialista, en una carta enviada el 29 de septiembre del año pasado.

Audisio rechazó el planteo y Castrillón envió una nueva carta documento. “Que mis animales fueron desembarcados en la Isla Don Roberto de propiedad del Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe, no importando a esta parte si usted reconoce o no mi carácter invocado”, que lo hecho no fue con la intención “de apoderarme en forma indebida del inmueble”, para lo cual, “deberá ejercer en una acción de mensura, deslinde, y acreditación de propiedad y pertenencia del islote”, señaló el legislador paceño. Castrillón agregó “que la hacienda de mi propiedad y el personal a mi cargo en el islote Don Roberto, permanecerá en el lugar hasta que exista una orden judicial en sentido contrario”, señalando que, “no existe problema alguno a el planteo de acciones de daños y perjuicios”, insistiendo en que, “la usurpación la ha cometido Ud. (Audisio) y para colmo en isla fiscal”. Incluso, llegó más lejos aún al advertir “que con relación a nuestro personal y hacienda únicamente se retirara luego de combate armado si lo prefiere”.

La situación no se terminó de resolver en la justicia santafesina, donde, de alguna manera, Castrillón hizo sentir su poder. Es más: cuando compareció a declarar ante el juez, dijo que se liberaba de los fueros para ello y, a su vez, llevó a varias personas de la zona, para que declaren que la familia Audisio había usurpado esas tierras en 1983 y que recién once años después estaban dispuestos a denunciarlo.

El 15 de diciembre último, el conflicto se agudizó. Luis Antonio Audisio –quien en años anteriores había tenido como escribano al padre de Castrillón en algunas operaciones- acudió a Tribunales de Santa Fe a denunciar que el diputado justicialista –a quien reconoce como “propietario de una isla que se encuentra al norte del arroyo Las Palmas”, que divide su propiedad con la de él- ordenó la construcción de un alambrado de unos 500 metros, dentro de la propiedad de la firma Audisio SA. La mencionada tarea la llevaron a cabo cuatro obreros y el capataz de Castrillón, que percibiría haberes en la Secretaría de la Producción. “La situación planteada genera un gran riesgo a futuro para mi persona, ya no solo por la vulneración del derecho a la propiedad, que está palmariamente demostrado con la injusta intromisión, sino con los riesgos que esto conlleva para con la hacienda que se encuentra a mi cargo en la isla, en lo referente a que, al construir un alambrado dentro de mi propiedad, seguramente hay animales que quedarán del otro lado, perdiendo el suscripto toda posibilidad de controlarlos y realizar los trabajos sanitarios a los mismos”, indicó Audisio en su presentación ante el Juzgado Correccional de la Octava Nominación de Santa Fe.

El día 21 de diciembre, personal policial de la Guardia Rural Los Pumas se constituyó en el lugar, con una orden del juez, que se abstuviera de seguir construyendo el alambrado en la isla, al no ofrecer derechos de propiedad. No obstante, al día siguiente, los cuatro obreros y el capataz volvieron al lugar y siguieron con la construcción, pese a la orden judicial. Cuando Audisio le planteó por qué desconocían la directiva, el capataz del diputado le respondió que ”Castrillón dio la orden de continuidad, que él se hacía cargo”, según se reveló a este medio. Con la primera usurpación, de septiembre del año pasado, Castrillón sumó unas 700 hectáreas; con el alambrado, sumó otras 100. A su vez hizo desembarcar unos 30 animales y este mediodía otros 70.

Y eso no es todo: según se pudo saber, el legislador habría logrado recientemente que profesionales de la Dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos concurrieran al lugar, tomaran las medidas pertinentes y la anotaran en los registros de esta provincia, pese a que pertenece a Santa Fe, lo que provocará un conflicto interprovincial.

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