Efectivos de Prefectura Naval coparon el edificio en busca de pruebas que relacionaran a Cavalieri y a miembros de la mesa directiva de la entidad también imputados con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en Mendoza, San Juan y San Luis.

Según se investiga, esos valores habrían sido monetizados en Córdoba por el contador del empresario Euclides Bugliotti, Javier Guevara Amado, en la mesa de dinero que funcionaba en CBI. A su vez, esos cheques terminaron depositados en las cuentas fantasma de Halabo SA y Jotemi SA en la sucursal del Banco Nación ubicada frente a plaza San Martín de la capital provincial.

La información proporcionada por fuentes judiciales señala que, además de Cavalieri, están imputados Carlos Alfredo Bélz, Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo. Ninguno fue detenido, según informó el diario La voz de Córdoba.

A estos dirigentes de Osecac se les atribuye el delito en calidad de autores, mientras que a Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez se les asigna el rol de partícipes necesarios.

Según la descripción de los hechos formulada por el fiscal federal Enrique Senestrari, el grupo de directivos de Osecac ideó una maniobra para defraudar a la entidad. Estos contaron con la asistencia de empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud –entre ellos, Fundapresa– y funcionar como intermediarios en el sistema de salud. En principio, la obra social habría pagado a supuestos prestadores por prácticas que no se habrían brindado.

El segundo grupo de imputados habría actuado como intermediarios entre esas entidades y Osecac.

Los directivos, según la acusación, libraron cheques “no a la orden” o “no negociable” de las cuentas corrientes de Osecac en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación para “pagar un lucro indebido”.

Si bien se sostiene que el importe de la presunta defraudación no está especificado, se indica más adelante que entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 esa suma superó los 53 millones de pesos.

Esos cheques –siempre según la promoción de acción penal– habrían sido entregados a Cricco, quien no los habría usado para abonar prestaciones, sino para un destino incierto.

Los mismos valores aparecieron en CBI, financiera que, al sufrir la debacle de febrero de 2014, dejó al descubierto que esos cheques no habían sido depositados en cuentas corrientes de prestadores ni de intermediarios.

Esta promoción de acción penal y los allanamientos no hacen sino remitir a lo actuado cuando se inició esta causa. La acción penal sobre Cavalieri, directivos de Osecac y otros actores, se describe el hecho 81 de CBI, que involucró a Bugliotti y Guevara.

Esa descripción es prácticamente la misma de aquella oportunidad, con los mismos 53 millones de pesos, como si nada se hubiera agregado en el medio y sin que pareciera surgir algo novedoso para determinar ahora las imputaciones.

En abril de 2015 se “descubrió” este hecho por el accionar del entonces síndico titular Ricardo Veltrusky, quien formuló la denuncia y puso al descubierto otro tramo de CBI que no había salido a la luz. Pero en las primeras actuaciones de aquel año ya se habían hecho allanamientos y los cheques estaban a disposición de la Fiscalía.

En los últimos días se produjeron algunos incidentes en la causa CBI que cuestionan la actuación del fiscal Senestrari: un pedido de recusación por pérdida de objetividad y un fallo de la Cámara Federal que le ordena no separar más causas de Cordubensis y centralizarlas con el expediente principal.

Días después, sin que surjan novedades, se le da impulso repentino a esta causa, lo que generó comentarios en la torre de Tribunales federales.

Fuentes que siguen de cerca la investigación se preguntaban ayer por qué se adjudica a los imputados la denuncia por “defraudación por administración fraudulenta” y no por lavado de activos. El primer delito podría llevar la causa a Buenos Aires, mientras que el lavado queda en la jurisdicción federal de Córdoba.

En un primer momento, Senestrari quiso declararse incompetente y girar las actuaciones a Buenos Aires, pero se lo rechazaron. En aquella oportunidad, habló del mismo delito que usa hoy.

El viernes, en Capital Federal se estaban haciendo consultas para que el abogado laboralista Eduardo Miguel Bonino Méndez hiciera pie en Córdoba el martes próximo en representación de Cavalieri e integrantes de Osecac. El objetivo de la visita sería interesarse por los avances de la causa a la vista del allanamiento del miércoles pasado.

Pero durante esas horas, los dirigentes gremiales acaso no hayan recibido la novedad del cargo que pesa sobre ellos y que pronto serían convocados por Vaca Narvaja para tomarles declaración indagatoria.

Probablemente, ese trámite procesal no se cumpla la semana próxima, teniendo en cuenta que debe procesarse el material secuestrado en la sede gremial porteña.

La causa CBI estalló el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte de su vicepresidente, Jorge Suau (hasta ahora la Justicia no se pronunció sobre si fue un suicidio o un asesinato). Aquel día se desató un escándalo financiero y judicial que con estas nuevas imputaciones ya tiene a 50 personas en la mira de la Justicia federal, que deben responder por diferentes cargos, como estafa, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero, entre otros.