La fiscal de Estado de la provincia, Claudia Mizawak, explicó que la demora en la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción, se debió, entre otros motivos, a la espera de “la resolución final del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ya que en primera instancia nos había resultado adverso” con respecto a la incorporación de los 16 trabajadores de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). A su vez, consultada sobre una comparación entre ésta última y la Oficina recientemente creada, la abogada expresó: “Personalmente, siempre fui partidaria de que un organismo de estas características debe ser en un ministerio extrapoder”.

En referencia a la puesta en marcha el nuevo organismo, dependiente de la Fiscalía de Estado, la funcionaria explicó que “fue creada en el mes de diciembre por un decreto que la admite en sus considerandos que en forma parcial y transitoria hasta que haya una ley que la reglamente y un decreto que la ponga en funcionamiento”, ante lo cual, lo que se hizo la semana pasada, mediante una resolución, es “poner al frente de la Oficina Anticorrupción al doctor Luis Pedemonte”.

La demora del comienzo de su funcionamiento se debió, entre otros motivos, a que, con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) disuelta, hubo “un juicio de todos sus empleados contra el Superior Gobierno de la Provincia, por lo que durante un buen período de tiempo consideré prudente esperar la resolución final del Superior Tribunal ya que en primera instancia nos había resultado adverso”, es decir, que “nos habían dicho que esos 16 trabajadores reclamantes debían ser reincorporados al gobierno, y en una confusa lectura podía interpretarse a la Fiscalía de Estado, y si eso era así, no tenía por que estar contratando o designando gente en la Oficina Anticorrupción si tenía 16 personas para ese lugar, a lo sumo, tenía que designar a quien estaría al frente”, detalló al programa En el 2000 también (FM Capital).

También el retraso se debió a que recién “el 24 de marzo de este año el Poder Legislativo puso en funciones al representante de ambas cámaras que se tenía que hacer cargo, según la ley 9539, de ponernos a disposición a la Fiscalía de Estado del trámite de la disolución de la FIA, de la documentación y los bienes”, lo cual no se ha realizado todavía. “Hemos tenido esta semana una serie de reuniones para ver como instrumentábamos la documentación, hay que revocar una serie de poderes y ya se le pidió dictamen al director de Personería Jurídica de la Cámara de Diputados y al de la de Senadores”, agregó.

Consultada sobre cual de estos dos organismos es más creíble, Mizawak respondió que “a juzgar por los resultados que tuvo el organismo anterior, creo que ni uno ni otro. Personalmente, siempre fui partidaria de que un organismo de estas características debe ser en un ministerio extrapoder, además de ser un ministerio público, pero esto implicaría una reforma constitucional y mientras esto llegue tiene que haber algún organismo que investigue”.

“Lo que dije el día que se constituyó al Oficina es que yo garantizo el trabajo en forma seria, los resultados no me competen a mí, es decir, garantizo recoger los elementos de prueba, adjuntarlo y presentarlos al Poder Judicial y que después éste se haga cargo de su trabajo”, añadió la funcionaria bustista.

“Habrá que verificar una por una las causas donde el estado procesal lo permita, porque hay causas donde la FIA estaba como parte querellante e hizo su constitución oportuna y temporalmente, es decir, antes de la clausura de la instrucción”, indicó la fiscal, añadiendo que “en aquellas causas, si hoy están todavía en la instrucción, es la Fiscalía de Estado quien podrá argumentar hoy esto y presentarse”.

Asimismo, indicó: “Me consta que hay causas penales, denuncias realizadas por al Fiscalía de Investigaciones Administrativa, en las que habría que hacer una evaluación porque el hecho denunciado no constituye delito”.

Luis Pedemonte “es un abogado de nuestra Provincia que se viene desempeñando hace 8 años en la Fiscalía de Estado como asesor”, informó la funcionaria. “Cuando me hago cargo el 16 de febrero de la Fiscalía, mi interés fue saber quien podía llegar a asumir las causas penales en las que ya este organismo estaba como querellante”.

“Cuando me hago cargo no había quien las llevara y por eso lo convoco al Dr. Luis Pedemonte, porque el había ganado por concurso la cátedra como adscripto de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional del Litoral, por lo que me pareció atinado aprovechar su conocimiento y su experiencia, ya que también es un abogado que en su ejercicio profesional tiene que ver con el Derecho Penal y ponerlo al frente de las causas donde la Fiscalía estaba como querellante”, explicó Mizawak.