Fueron dos acciones que se hicieron en simultáneo, como si estuvieran sincronizadas. Mientras el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, redactaba su respuesta ante la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet en la causa por las cosechadoras truchas; el fiscal auxiliar Gervasio Labriola, escribía la desestimación de la misma. Esto ocurrió el miércoles, 24 horas después de la presentación en sede judicial.

El martes Mulet hizo una ampliación de denuncia en la que pidió que se investigue al fiscal de Estado, pero también al ministro de Economía, Diego Valiero; al ministro de la Producción, Roberto Schunk; y a miembros del Directorio del Instituto del Seguro en el expediente donde se intenta dilucidar cuál fue el destino de más de 5,5 millones de pesos que fueron otorgados al Grupo Senor, a través de la empresa BSV, antecesora de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, para la construcción de las cosechadoras. Lo que nunca ocurrió y la firma quebró.

Ante la publicación de la denuncia en Página Judicial, Rodríguez Signes envió una respuesta dando a conocer su versión de los hechos. El dato más relevante fue que la Fiscalía de Estado está en pleno proceso de recuperación de los fondos. No es menor este punto si se tiene en cuenta que Mulet, en su denuncia, sospecha que funcionarios han sido “partícipes necesarios” del desfalco ocasionado a las arcas estatales.

Pero la sorpresa de las últimas horas es la rapidez con que Labriola desestimó la denuncia. En un escrito a la jueza de la causa, Paola Firpo, sostuvo que Mulet “no ha formulado una ampliación de denuncia, ya que no se han puesto en conocimiento hechos nuevos que guarden relación con la presente investigación, sino que en rigor lo que se pretende lisa y llanamente es la imputación a un grupo de funcionarios públicos, basada en los mismos hechos en virtud de los cuales el Ministerio Público Fiscal ya ha formulado requerimiento de instrucción formal”, según dice el texto.

La causa de las cosechadoras tiene más de tres años y Schunk no ha sido llamado a dar explicaciones, siendo el ministro que debía controlar si el emprendimiento financiado por el Estado se estaba desarrollando como lo indicaba el procedimiento establecido. Los decretos por los que se entregaron los fondos son lapidarios para el ministro. Dicen que las entregas del dinero se realizarían “conforme avance la puesta en marcha del proyecto productivo” y el artículo 2 inciso d) especifica que “los desembolsos bimestrales procederán previo informe técnico del Ministerio de la Producción sobre el cumplimiento de las metas fijadas”. En resumen: se entregaron fondos sin verificar si se habían hecho las primeras cosechadoras.

Los indagados

En dos años sólo se ha apuntado contra cuadros medios de la administración pública. El único funcionario que prestó declaración indagatoria es Leandro Rodríguez, coordinador general de gestión del Ministerio de la Producción. En tanto, Mabel López de Solanas, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), el organismo que realizó los desembolsos, está prevista para el 2 de diciembre.

El informe del síndico que intervino en la quiebra de la empresa es crítico del rol de los funcionarios públicos. El contador Horacio Larrivey cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, ya que el Finver entregó fondos luego de que la empresa cayera en cesación de pagos el 1º de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito.

Después de esa fecha hubo otros cuatro desembolsos: 600.000 pesos el 27 de diciembre de 2011; 400.000 pesos el 10 de enero de 2012; 600.000 pesos el 27 de marzo de 2012; y 400.000 pesos el 30 de marzo de 2012. Todo pese al estado de cesación de pago.

En la causa también declararon como imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Scravaglieri y Carlos Ariel Boll. Están acusados por el delito de irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de 2 a 6 años de prisión. No se ha resuelto su situación procesal, pero tienen prohibido salir del país, se les fijó una caución real de 50.000 pesos a cada uno y la obligación de presentarse una vez por mes en los tribunales paranaenses.

Si de odiosas comparaciones hablamos, en la conocida causa de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), en la que se investiga el desfalco de 50 millones de pesos a través de falsas compensaciones de impuestos, tampoco hay ningún funcionario de primera línea imputado. Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia, apareció como contador asesor de una de las empresas que estafó al fisco. Cuando el episodio tomó estado público, Gioria renunció a su cargo en el gobierno.

El ahora ex funcionario y otros contadores serían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La causa tiene más de un año y medio. La investigación está a cargo de los fiscales Laura Cattáneo y Labriola.