Según un relevamiento realizado por Recintonet, el primero de los textos ingresados en la Cámara Baja busca modificar el Artículo 86 del Código Penal, el cual quedaría redactado de la siguiente forma: “Incurrirán en las penas del artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperasen a causarlo.

El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor. Si la víctima fuese incapaz, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Los legisladores entrerrianos sostienen en los fundamentos de la iniciativa que, “una de las cuestiones más delicadas que el derecho penal debe afrontar en estos tiempos se presenta cuando la víctima de una violación (hoy abuso sexual con acceso carnal) de la que resultara embarazada, decide interrumpir dicho embarazo”. Y mencionan, que “la interpretación judicial más conservadora” no incluye como aborto no punible los casos en donde “el embarazo producido como consecuencia de una violación no causa daños físicos a la madre o ésta no es ‘idiota o demente’”.

Solanas y Barrandeguy demuestran que “esta controvertida realidad normativa (…) en sí misma predica con energía sin par a favor de la necesidad de modificar los textos legales aludidos para darles claridad y evitar las interpretaciones retrógradas que los desnaturalizan”, y sostienen que “con su actual gramática dichos preceptos han permitido -y permiten todavía- que en casos tan afligentes como los mencionados se negara la intervención profesional intimando a los médicos la amenaza penal. O que -lo cual trasunta un horrible cinismo- se abrieran debates realmente inadmisibles que inevitablemente recalaban en los estrados judiciales”.

“Para cumplir con lo que razonablemente en esas normas se establece, evitando su desnaturalización por vía de inconducentes procedimientos judiciales sea menester una sencilla reforma de los mismos, que es justamente lo que el presente proyecto propone”, argumentaron. En ese punto, destacan la necesidad de incluir “la salud psíquica de la madre”, dado que la actual normativa se reduce a la salud física.

En tanto, sobre el aborto eugenésico, destacan que el proyecto apunta a determinar “con toda precisión que la violación sufrida por una mujer, sana o enferma, le autoriza a interrumpir el embarazo que del aludido abuso sexual hubiere resultado. A esos fines se postula simplemente eliminar del art. 86.2 del CP, el párrafo que dice: ‘cometido sobre una mujer idiota o demente’”.

Finalmente, los legisladores hacen mención al caso de la menor de General Campos, situación “desoladora” que afirman: “Nos duele y avergüenza. Una niña de 11 años supuestamente abusada (¿interesa en realidad si fue abusada?¿qué importancia pudo tener a esa edad el consentimiento?), proveniente de un hogar muy humilde, ubicado en un pequeño y laborioso pueblo de nuestro interior que se llama General Campos, solicitó por intermedio de su madre a la Justicia de menores autorización para abortar pues, sin ella, ningún médico realizaría la intervención”.

“Después de los despaciosos trámites judiciales, en un contexto en el que todo indica que pudieron existir presiones, y ya con más de dos meses y medio de embarazo, la madre desistió del pedido. La justicia de la localidad, en actuaciones sobre las que todavía no abriremos juicio, en un extraño comunicado a la opinión pública señaló que la peticionante no había invocado el abuso sexual de que había sido víctima su hija, sino que argumentó, para fundar el pedido, que estaba en riesgo la salud de la menor la que aparentemente, según algún peritaje inconcebible, no se encontraba en peligro. Ello pues se consideraba, siguiendo el insostenible criterio del Ministro de Salud provincial, que si la niña ovulaba estaba en condiciones de llevar adelante su embarazo. Tal expresión de irracionalidad, apta para pulverizar de un solo golpe elementales derechos del niño no habría sido posible de contar nuestro Código Penal con un texto como el que en el presente proyecto presentamos. Esta es la principal razón que lo anima”, concluyeron los diputados.

El proyecto que lleva la firma de Chemes, en tanto, propone crear en el ámbito del Congreso la Comisión Bicameral Especial de Reforma Tributaria. El expediente Nº 6449 inició el trámite parlamentario el 24 de febrero, y fija como objetivo de la Comisión “la elaboración en el plazo de un año de un anteproyecto de reforma integral tributaria”. Estará compuesta por seis senadores y seis diputados, “designados por cada Cámara en proporción a la representación política de cada bloque, conforme los artículos 104 y 105 del Reglamento interno de la Honorable Cámara de Diputados”.

Además, contará con “un Comité Técnico Asesor, el cual estará encargado de realizar en el plazo de 180 días un informe pormenorizado del sistema tributario imperante en la República Argentina”. Los integrantes serán seis: “dos representantes del ámbito académico que deberán ser profesores regulares de cátedras universitarias de facultades de Ciencias económicas nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, los cuales serán elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes; un representante de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula; un representante de los integrantes del Consejo de Ciencias Económicas de la matricula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula; un representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI); y un representante de Ministerio de Economía”.

Demás iniciativas

En el Senado también ingresaron dos proyectos de declaración, con la firma de Vera, y uno de comunicación, rubricado por Pedro Guastavino (FpV). Sobre primeros, uno manifiesta el repudio al envío de una fragata por parte del Reino Unido para la custodia de las Islas Malvinas; el segundo, en tanto, expresa el beneplácito por el centésimo aniversario de la sanción de la ley electoral 8.871.

El texto del que es autor Guastavino solicita que se arbitren las medidas para asegurar la difusión de las políticas actuales de gobierno respecto al conflicto de soberanía de las Islas Malvinas y a la reivindicación de la vía pacífica como instrumento idóneo para su recuperación.

En Diputados: 13 proyectos de resolución y tres de declaración

La mitad de los textos de resolución fueron firmados, entre otros legisladores nacionales, por Cristina Cremer (FEF), y versan sobre el accidente ferroviario en la estación Once; pedir a la Sociedad del Estado Casa de Moneda; un pedido de informe sobre la contratación de la empresa Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcografica S.A.) para la impresión de billetes; un pedido de copia solicitado al Banco Central de la carta de dimisión de su gerente general, Benigno Velez y el motivo de la aceptación de la misma por parte de Mercedes Marcó del Pont; un pedido de informes al BCRA sobre las actuaciones administrativas efectuadas con el objeto de seleccionar a la empresa encargada de la impresión de billetes de curso legal en el presente ejercicio.

Además, convocar al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Cícaro, para que informe de los subsidios transferidos a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y cuál ha sido la aplicación de los mismos a las mejoras en la calidad y seguridad de los servicios así como exponer acerca de los controles de calidad y seguridad de los servicios ferroviarios efectuados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en defensa de los derechos de los usuarios.

En tanto, expresar el reconocimiento por la labor desarrollada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Defensa Civil, la Policía Metropolitana, la Policía Federal Argentina y la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por la tragedia de Once.

Otros tres textos del mismo tenor fueron presentados por Atilio Benedetti (UCR). Por el primero cita al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido a comparecer, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, ante el pleno de la Cámara para que dé un informe detallado y preciso sobre el accionar del ministerio a su cargo para asegurar la adecuada prestación del servicio ferroviario de pasajeros desde el años 2003 a la fecha. El segundo declara de interés los actos por el día del Bicentenario de Creación de la Bandera; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el aumento en la última década de la participación de los hidrocarburos en la matriz energética.

Chemes acompañó los otros cuatro proyectos de resolución. Por uno pide informe verbal al ahora ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi ante la Comisión de Transporte sobre las condiciones del transporte nacional en general y las causas del choque ferroviario en Once. Por otro de los textos requiere informes al Ejecutivo sobre la actuación de la AFIP en relación al procedimiento concursal de Ciccone Calcográfica SA. En otro solicita información también al ejecutivo sobre tareas de inteligencia o acopiamiento de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales por la Unidad Especial Proyecto X de la Gendarmería Nacional. El último pide informes sobre la habilitación de un muelle en Bahía Blanca.

Finalmente, ingresaron tres iniciativas de declaración. Una de ellas firmada por Chemes, repudiando los hechos d violencia en Siria. Las dos últimas rubricadas por Osvaldo Elorriaga, Julio Solanas y Liliana Ríos: expresando su beneplácito por la realización del “Acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Nunca Más”, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de Marzo en Los Charrúas, organizado por el Taller Independiente de Teatro Charruarte, por un lado; y mostrando su beneplácito por el lanzamiento del Programa “Cerca de Casa” llevado a cabo el 1 de marzo en la Casa de la Provincia de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.