Debate sobre la violencia social: la perspectiva del procurador General y de un legislador provincial

El procurador General y el legislador provincial brindaron su postura, en medio del debate que generaron los linchamientos y la organización de grupos dispuestos a atacar a golpes y hasta dar muerte a otras personas.

Eufemismo

Uranga tomó posición respecto al uso ideológico que se hace al calificar ciertas conductas: “Digo que es una aberración porque se usan eufemismos, como el de justicia por mano propia, que es una absoluta falacia” y añadió que “se dijo también que sería como la Ley del Talión. Esto es mucho peor que aquella Ley, porque refiere a situaciones anteriores a la implantación de la Ley del Talión. No es justicia porque en todos los casos hubo un abuso incalificable en que dos o más personas agredieron salvajemente a otra persona, haya hecho lo que haya hecho; es un abuso sólo comparable con las peores aberraciones que tenemos en nuestras figuras penales. Hay que tener en claro que se trata de un delito muy grave y que es moralmente repudiable desde donde se lo mire”.

Por su parte, García ahondó señalando que “esto nos retrotrae a las épocas que, con mucha angustia, Tomas Hobbes relataba en El Leviatán y De Cive, esos dos grandes monumentos a la teoría política, donde mostraba lo que habían sido las guerras de religión en el siglo XVII en Inglaterra, sumamente crueles; y por eso formulaba esta tesis en que tenía que haber un acuerdo, un pacto mínimo para cesar la matanza. De ahí sale lo de la libertad del hombre como el lobo del hombre”. García también se refirió a la historia para tratar de entender estas lamentables situaciones: “La historia está llena de soluciones rápidas para acusados inocentes, desde Jesucristo en adelante y antes mucho más”.

Inocentes y personas

El diputado provincial precisó que “conceptualmente siempre se está atacando a inocentes; siempre es un inocente, porque acá no se trata de si hubo un caso en que se atacó a uno que era inocente y se trató de una confusión, sino porque la única instancia en la que se puede determinar si es o no inocente es a través de un proceso judicial. Por eso siempre se está atacando a inocentes, porque ¿quién de las personas que está atacando puede saber exactamente si es culpable o no? Lo que tampoco lo habilitaría a actuar, y aquí entran las cuestiones morales o estrictamente legales en que un abuso, este profundo acto de cobardía, de resentimiento, porque alguien que es capaz de patear a alguien que está caído en el suelo tiene un profundo problema de resentimiento. Algo grave le habrá pasado en su vida para ser tan despiadado y cometer un acto así”.

Sobre el punto, García realizó dos reflexiones: “La primera es recordar que aún el autor de los delitos más graves es persona, y la superioridad ética del Estado Republicano está en considerar que aún el ciudadano sospechado de realizar los quebrantos más graves de una sociedad tiene todas las garantías de una persona, y es la superioridad del Estado contestar con esa racionalidad aún a una irracionalidad, no puede el Estado hacer lo mismo que hizo el autor del ilícito”. En la segunda reflexión, destacó la próxima implementación en la provincia del nuevo Código Procesal Penal, del que señaló que “tiene una impronta muy fuerte de protección a los derechos de las víctimas” añadiendo que “tenemos que dar cuenta de que el orden jurídico tiene que canalizar estas situaciones que afectan a las víctimas, y tenemos que hacerlo para que no piensen en ningún momento en recurrir a la venganza sino en recurrir al orden jurídico, a la racionalidad”.

El ejemplo de las víctimas

El ejemplo de Madres de Plaza de Mayo fue un lugar inevitable en los discursos de los entrevistados. La lucha que durante décadas y en condiciones de desigualdad insoportables llevaron adelante contra el poder estatal las Madres y Abuelas, encuentra un sucedáneo con la actitud de los familiares de víctimas de delitos comunes. Salvando las diferencias entre quienes fueron perseguidos por un plan sistemático de exterminio implementado desde el Estado, con quienes fueron víctimas de delitos inherentes a la dinámica social que lleva implícita vivir en el sistema capitalista que privilegió la valorización financiera del capital por sobre el programa de industrialización que genera fuentes genuinas de trabajo, los familiares de víctimas de delitos comunes no promueven la venganza ni el salirse de la institucionalidad para obtener algo parecido a una reparación. Se manifiestan en Tribunales y exigen, paciente y firmemente, Justicia.

Al respecto, García destacó: “Quiero recordar enfáticamente, porque hace a que aprendamos a convivir, que nosotros tenemos el ejemplo en las Asociaciones Defensoras de los Derechos Humanos víctimas de la represión ilegal, de lo más bárbaro que hemos tenido en nuestra historia del 76 al 83. Nunca, en ningún momento recurrieron a la venganza, siempre bregaron a través de los organismos internacionales y en sus reclamos, y lograron que se juzgara, como personas, a quienes había cometido actos tan cercanos a lo que Kant llamaba como el mal absoluto”.

Sobre la actitud de las víctimas de delitos, señaló que muestra que “se puede expresar su sentimiento y dolor, pero a la vez su confianza en las instituciones, su confianza en que el conflicto se dirime, se reconduce hacia su redefinición, en el proceso penal. Es una muy buena enseñanza de tolerancia y convivencia, y hacia allí debemos encaminarnos”.

Garantías

Para Uranga el debido proceso y el principio de inocencia “son principios sagrados, acá hay cuestiones de un profundo reduccionismo de pensar que esto se soluciona de otra manera y no hay otra manera. La Ley del Talión, en su momento, fue una manera de reconocer la venganza pero básicamente con un equilibrio, previo a eso estaba que ante un delito uno tenía derecho a la venganza, no solamente en la medida del agravio sino que podía ir mucho más allá, hasta la persona que lo había agraviado y su familia. Después de la Ley del Talión, mucho más acá en el tiempo, aparece la figura del Estado donde éste asume el monopolio de la fuerza pública y la posibilidad de implementar justicia y los ciudadanos resignamos ese derecho, esa posibilidad, esa facultad de tomar justicia por mano propia o de la venganza. Hay que terminar con este concepto de venganza, porque tampoco el Estado imparte una venganza”.

Desde su rol, el procurador aportó a El Diario en su edición de este domingo, sobre el por qué al ciudadano común y corriente le cuesta entender las garantías constitucionales: “Cuesta mucho porque son contraintuitivos al sentimiento de venganza, cuando alguien sufre algún daño, la cuestión inmediata, pulsional, es la reacción, y el orden jurídico es la superación de la venganza. No le puedo pedir racionalidad a una víctima que ha sido recién ultrajada, pero sí le puedo ofrecer los caminos para que esa irracionalidad se decante en la racionalidad”. En este sentido amplió que “esto que es contraintiutivo marca la tensión, que siempre existe cuando uno procura hacer coexistir las libertades de las personas; quien ha quebrantado ese principio de coexistencia inmediatamente recibe del otro la intuición al castigo inmediato, esa intuición es la que se reconduce a través de la Ley, pero eso es una tarea de civilización de culturización, de acostumbramiento y de tolerancia”.

Desde dónde se habla

Uranga: “Siempre digo que después de más de 20 años de ejercer la profesión, especialmente en el ámbito penal, donde he estado con mucha gente que cuando tuvo un problema me decía ‘yo era de los que creía que la gente entraba por una puerta y salía inmediatamente por otra, y tenía un discurso peyorativo respecto de lo que eran las garantías constitucionales del debido proceso penal y del principio sagrado de inocencia’ hasta que le tocaba de manera directa o a través de un familiar o un amigo”.

García: “Es muy bueno no perder de vista que el orden de normas siempre se encastra en una sociedad conflictiva, no hay sociedades de consensos, los consensos se construyen, y la posibilidad de caer de nuevo en el conflicto descarnado está siempre, por eso la racionalidad y la democracia son construcciones que debemos hacer cotidianamente”.

Uranga: “Esto es un crimen gravísimo, aberrante. Entre los que manejan y defienden principios religiosos sobran ejemplos en las escrituras de los apedreamientos, sobre qué decía Cristo y lo que se sostiene en otras religiones respecto a quién tira la primera piedra. Seguramente muchos de los que están a favor de los linchamientos son lo que luego van y compran una cosa robada porque les sale más barato, y a esto no lo repudian”.

García: “La construcción de la racionalidad es un día a día, y creo que tiene que ver con este capitalismo descarnado que construye continuamente exclusión. No en vano las voces más altas de la moral en el mundo, llámese el Papa Francisco y las de otras comunidades religiosas y sectores del pensamiento progresista, alertan sobre la exclusión social. No digo que haya determinación entre exclusión social y delito, esto es una simplificación, pero sí existe la exclusión social como inmediata generadora de violencia y como gigantesco amplificador de la violencia que está ínsita en los conglomerados sociales. Tenemos que tratar de reforzar los lazos sociales de solidaridad, para que las personas también ayuden unas a otras en estos fenómenos de los barrios carenciados donde las personas son víctimas de las balaceras, las peleas entre bandas, del narcomenudeo y otros tipos de conducta”.

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