Sobre la denuncia, Cresto señaló que “hay una usurpación de terrenos que fueron expropiados por el Estado nacional cuando se hizo la represa y en el año 2008, a raíz de una denuncia de vecinos de Santa Ana por una construcción clandestina sobre ese terreno”. Ante ello, explicó que “la delegación argentina de la CTM hizo una presentación mediante carta documento al municipio de Santa Ana para que esa construcción se detenga y la obra se paró”.

“En esta instancia se estaba midiendo para el pago de la servidumbre con equipos de última tecnología y se vio que había una especie de adulteración de planos que fueron aprobados por el Concejo Deliberante de Santa Ana por vía de excepción, para un loteo”, comentó Cresto en declaraciones realizadas a Diario Río Uruguay.

El delegado del organismo, Enrique Stol,a presentó recientemente una denuncia al Juzgado Federal que tomó estado público en los últimos días para que se determine si hubo fondos de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG) –que financia la ayuda a los ribereños- que fueron mal otorgados.

Sobre el objetivo de determinar si esos montos por daños realmente corresponden, precisó Cresto que “hay una parte de esos loteos que son privados, y otra parte es una expropiación que hizo el estado nacional”, detallando que lo perteneciente a la Nación “son dos o tres terrenos, el resto son privados”. El funcionario entiende que “lo que la Justicia deberá determinar es si lo que se pagó por daños es privado o no”.

El prestigio de CTM

Cresto, quien ya fue delegado de CTM en un período anterior, indicó que el organismo “va a preservar su prestigio como institución presentando toda la documentación que tiene desde el año 2008, cuando se comunica a la Municipalidad de Santa Ana sobre la irregularidad”. “Estamos acopiando toda la documentación para demostrar, en lo posible, que CTM hizo bien las cosas”, aseveró.

Luego aclaró: “Cuando asumo la presidencia de CTM ya había contratada una auditoría sobre 10 carpetas que en realidad son las que están cuestionadas” y señaló que se trata de ese número sobre un total de “más de 900 ribereños que cobraron por los daños por inundación”.

Asimismo, aclaró que los montos de las ayudas económicas a los ribereños perjudicados por la represa son determinados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, “no lo pone el funcionario de CTM, sino que se envían las carpetas y el Tribunal es el que determina”.

Consultado sobre posibles sanciones a aplicar al interior de CTM en caso de detectarse una irregularidad, Cresto consideró que “es prematuro hacer apreciaciones que hasta podrían quedar ridículas cuando finalice todo esto”. “Esto toma estado público de manera prematura y ahora todo el mundo opina de acuerdo a su criterio”, concluyó.