Todo comenzó el viernes a la noche. Según el relato que hizo Warlet en la comisaría local, poco después de las 21.30, cuando salía del nosocomio en su moto, fue perseguido por un vehículo, un Peugeot 306, propiedad del intendente: “Con intenciones de atropellarme. Me encerró con su auto para desestabilizarme, ya que yo iba en mi moto. No es la primera vez que intenta atropellarme, el año pasado hice una exposición policial por la misma situación, pero ahora, al reiterarse este hecho intimidatorio, decidí radicar la denuncia en su contra”, dijo en diálogo con El Diario, el responsable del hospital.

A diferencia de la exposición policial que Warlet hizo el año pasado, en esta oportunidad contó con el testimonio de dos vecinos y el de una enfermera del nosocomio, que presenciaron la persecución.

“La denuncia la radiqué el sábado en la comisaría local, donde voluntariamente se presentaron dos vecinos, ya que ellos vieron la persecución que tuve del Peugeot 306 y enterados de esta situación, unos 40 vecinos se movilizaron para solidarizarse conmigo”, dijo médico.

Por su parte, cuando el jefe comunal tomó conocimiento por el aviso de la policía de la denuncia de Warlet, no sólo hizo su descargo, sino que pidió hacer una presentación en contra del médico por “falsa acusación”, apuntó.

“Yo no me encontraba en la ciudad el viernes, cuando dice que lo quise atropellar. Yo estaba en una fiesta familiar en Tala (por Rosario del Tala), así que pedí que me tomen una denuncia contra Warlet por falsas acusaciones. Ahora todo queda en manos de la Justicia para que se resuelva esta situación”, indicó Orué.

Luego añadió: “Los testigos que se presentaron a favor de Warlet, dicen que no vieron al conductor del vehículo, sino que describen la situación y dan las características de un auto, que dicen que es parecido al mío. Estoy tranquilo, no me preocupa la denuncia porque sé que esto tiene un trasfondo político, porque los testigos son opositores a mi gestión. Hice mi descargo y ahora que la Justicia decida, estoy a disposición de la Justicia”.

Las disputas por la dirección del hospital tampoco son nuevas. El jefe comunal, pidió el año pasado, que Warlet sea removido y propuso en su reemplazo a su pareja, Zulma Macchiavelo, quien ejerce la jefatura de enfermería en ese centro asistencial.

“Se repiten las agresiones psicológica, persecución y mi integridad física está en peligro. Se reiteran estos hechos porque, cuando asumí en la dirección del Hospital me puse a investigar y he hecho varias presentaciones sobre irregularidades cometidas por Orué y su pareja en el nosocomio”, explicó Warlet.

Para el médico las intimidaciones que recibe de parte del jefe comunal son por las investigaciones que está llevando a cabo y por las presentaciones que hizo en la Secretaría de Salud. “Inicié varios expedientes para que se investigue irregularidades cometidas en el hospital. Incluso, el Tribunal de Cuentas inició un oficio (Nº 6.87/10) por el pago indebido, en concepto de guardas pasivas que habría realizado Orué y por las que se le abonó 5.392,10 pesos”, señaló Warlet.

“Cuando recibo el oficio, inicié los expedientes Nº 1.115.086 y Nº 1.122.205, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Secretaria de Salud, en la que se denuncian los números de cheques que se cobraron indebidamente como guardias pasivas, tal como se reclamaba en el punto 6 del oficio Nº 687 /10 V.2 del Tribunal de Cuentas”, detalló Warlet.

Pero las sospechas sobre irregularidades no terminan ahí. En la Secretaría de Salud, bajo el expediente número 1201301, el director del Hospital hizo una nueva presentación administrativa en la que solicita que se investigue si el título secundario y el de enfermería que presentó Macchiavelo son oficiales.

La compra de las piletas

En marzo pasado, el intendente de Mansilla volvió a ser noticia. Los concejales oficialistas y opositores pidieron al Tribunal de Cuentas que se investigue a la comuna por la compra de cuatro piletas de natación que fueron colocadas en el polideportivo municipal.

En esa presentación, los concejales solicitaron que el organismo de contralor determine si el intendente incurrió o no en una situación irregular e ilegal en el manejo de los fondos de la administración pública.

El pedido fue por la compra en forma directa de cuatro piscinas de plástico reforzado, por un valor de 135 mil pesos, sin cotejo de precios y sin la previa autorización del cuerpo deliberativo.

En la nota, que fue enviada en febrero de este año al presidente del Tribunal de Cuentas Hugo Molina, los concejales Horacio Casanovas, Ana Karmazyn y Julio Dellagustina, del bloque opositor, piden al organismo que “a la brevedad” se constituya una comisión investigadora para determinar si se cometió una irregularidad en el accionar del jefe comunal Rodolfo Orué y su asesor legal, al disponer la compra de las cuatro piscinas y después de colocadas, se elevó al Concejo el pedido de autorización.

“Nosotros lo que pedimos al Tribunal de Cuentas que investigue esta situación. Queremos saber si es legal o no que primero se hayan comprado las piletas, se las coloque y después nos manden el proyecto para que lo aprobemos. Sabemos que por el monto de la compra se debió hacer, por lo menos, un cotejo de precios”, señaló, en ese momento, Casanovas, uno de los firmantes del pedido al organismo de contralor provincial.

De acuerdo a la denuncia de los ediles, la compra se efectuó en la primera semana de enero. Las cuatro piletas fueron compradas a una empresa de Rosario, Santa Fe, y recién el 9 de febrero se citó a sesión al Concejo para que apruebe el proyecto de ordenanza.

En esa norma, el Ejecutivo municipal pidió a los ediles la “autorización para la contratación directa, previo cotejo de precios, de provisión e instalación de cuatro piscinas de plástico reforzado con fibra de vidrio en el predio del complejo polideportivo municipal”.

En los fundamentos de la iniciativa se indicó que la adquisición era “urgente” y que de aprobarse se cumpliría con el “clamoroso reclamo social”. Asimismo, se citó que la compra directa se enmarca en varios artículos e incisos de la ley Nº 5.140 y 133º bis del decreto Nº 795/96 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. “La inversión solo se justifica en tanto y en cuanto se disponga urgentemente, siendo obvio que ello implica prescindir de los procedimientos y plazos que reclama el procedimiento precontractual de licitación pública, el que a priori, sería exigible conforme al artículo 15º de la Ley 3.001”, se indicó en la ordenanza del Ejecutivo Municipal, la que fue rechazada no sólo por el bloque opositor sino también el oficialista.

Asamblea Mansillense

El director del Hospital Franco Warlet reconoció que el intendente de Mansilla Rodolfo Orué (quien fue cuestionado, en el 2005, por financiar con dineros públicos, la compra de viagra –ver aparte–), en repetidas ocasiones lo amenazó y lo agredió verbalmente. Cuando comenzaron las intimidaciones denunciadas por el médico, un grupo de vecinos conformó la Asamblea Mansillense, para respaldar la gestión de Warlet. La organización realizó varias movilizaciones y hasta se declaró en estado de alerta y asamblea permanente. En aquella oportunidad, a través de un comunicado se pidió: “La no intromisión del poder político, específicamente, del intendente en la gestión hospitalaria y que se ordene el traslado inmediato de su pareja, la jefe de enfermería del nosocomio, Zulma Macchiavelo”.

Viagra

Por el caso de la compra de viagra con dineros públicos, el intendente de Mansilla, Rodolfo Orué, consiguió que se le dictara la falta de mérito. La denuncia la había interpuesto el bloque de concejales radicales, ya que habían detectado la compra de Magnus Sildenafil que había hecho la comuna, a través de subsidios a pacientes carentes, en su mayoría mujeres y ancianos.