La reacción fue a raíz de una nota publicada este jueves en el diario La Nación donde se reproducen declaraciones de Raúl Castellano, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro: “En YPF me dijeron que ya están vendiendo lo último que les queda porque el Gobierno no les autorizó la compra de divisas. Calculan que en tres o cuatro días no va a haber más Eurodiesel en todo el país”, afirmó.

El martes pasado, el apoderado de la petrolera controlada por Repsol, Mauro Dacomo, le envió una carta privada a Cameron donde le comunicó que “YPF está teniendo inconvenientes para el normal acceso al mercado de cambios”. Allí hace referencia a dos notas que la corporación envió a distintas dependencias del Gobierno el 19 de enero y el 10 de febrero de este año advirtiendo sobre esta situación y menciona además “otras trabas y/o demoras que esta compañía ha estado sufriendo al momento de tramitar el ingreso de distintos bienes importados”. A raíz de ello, Dacomo aseguró que está en riesgo la importación de gasoil y la implementación de proyectos de inversión. Por lo tanto, le pidió a Cameron “efectuar las gestiones necesarias ante las distintas autoridades de modo de permitir a nuestra compañía su normal operatoria de comercio internacional”.

Cameron le contestó el miércoles, también por carta privada, que la empresa tiene la obligación de abastecer su porción de mercado y que si para hacerlo debe importar combustibles es “porque su producción de petróleo ha descendido por causas que serían imputables a YPF y que esta secretaría se encuentra analizando”. Luego le recriminó “haber postergado inversiones necesarias para ampliar y modernizar sus instalaciones de refinación” y recordó que, pese a ello, el Estado colaboró con la empresa “a fin de facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones de suministro e inversión”.

Además, Cameron recuerda en la carta que la empresa también se benefició con el Programa Refinación Plus, a través del cual el Estado otorgó ayuda económica para la realización de las inversiones en instalaciones de refinación, “sin que ello permita exhibir aún los resultados esperados”. Incluso el funcionario le remarcó que el margen bruto que se obtiene actualmente en la actividad “hubiera cubierto razonablemente las inversiones indicadas así como un beneficio razonable sobre ellas”.

Por último, Cameron respondió en la carta que “le resultan totalmente ajenas las consideraciones relativas al mercado de cambios, cuestiones que YPF deberá solucionar, en caso de que el derecho le asista, por la vía que corresponda” y culmina advirtiéndole que “adoptará las más enérgicas medidas ante la evidencia de falta de cualquier tipo de combustible”, según reprodujo Página 12.

Después de este intercambio, se conocieron las declaraciones de Raúl Castellano. El estacionero dijo que desde YPF le habían avisado que en tres o cuatro días se iba a acabar en todo el país el eurodiesel, el gasoil premium que comercializa la firma, lo cual fue interpretado por el gobierno como una operación de YPF destinada a alarmar a la población.

En un comunicado difundido este jueves, De Vido aseguró que la versión sobre posibles faltantes de gasoil fue la respuesta que dio YPF a la contestación que le hizo llegar Cameron. Por tal motivo, decidió hacer públicas la carta del apoderado de la empresa y la de Cameron.

En ese mismo comunicado es donde calificó como irrisorio que una empresa que remitió utilidades por 1.200 millones de dólares el año pasado ahora tenga dificultades para conseguir las divisas necesarias para importar. El mensaje oficial es claro. Busca que Repsol financie la compra del combustible que necesita YPF con una parte de los dólares que recibió de su filial argentina en los últimos años.

La jugada es parte de la presión que está ejerciendo el Ejecutivo para lograr que los españoles incrementen sus inversiones en el país. Si Repsol-YPF se mantiene en su postura y, tal como dejó trascender, se empiezan a comprobar faltantes de combustibles en el mercado interno, la Secretaría de Energía le va a dar intervención a Comercio Interior para que sancione a la petrolera por violar la Ley de Abastecimiento.

Ese antecedente podría llevar a presuponer que la disputa con YPF será larga y no del todo favorable para el gobierno. Sin embargo, en esta oportunidad el Ejecutivo viene desplegando una batería de acciones para forzar a la petrolera a incrementar sus inversiones. La Ley de Abastecimiento sería una carta más y ni siquiera la más importante. La principal apuesta es la alianza con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas. Los mandatarios firmaron el jueves pasado un documento donde se comprometieron a establecer en las próximas semanas una serie de metas que las petroleras deberán cumplir si no quieren perder las concesiones de los yacimientos que explotan actualmente. Esa iniciativa le apunta directamente a YPF, poniendo en riesgo la fuente de sus ingresos.