Al respecto, Guastavino indicó en declaraciones a La Nación que la primera de las normas -aprobada por 47 votos a favor contra 15 negativos-, busca “dar mayor transparencia a la actividad bursátil, a la actividad de los mercados”, y punir “el manejo de Información privilegiada que no era pública” para realizar maniobras que desestabilicen la economía del país.

Reseñó que entre los delitos que se castigarán está “alterar las cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía (local)”, así como “la intermediación irregular, sin autorización del Estado, es decir las mesas de dinero o cuevas que operan” al margen de la ley, e indicó que la norma establece como “agravantes” que quienes incurran en ese tipo de maniobras sean “quienes tienen mayor responsabilidad por jerarquía en las diferentes empresas o son funcionarios públicos”.

El texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero, la manipulación de valores negociables y la captación de ahorros. En tanto, la ley sobre antiterrorismo -sancionada por 39 votos favorables y 22 negativos- duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes “directa o indirectamente” financien el terrorismo y actividades afines.

Pero además, y aquí se encuentra una de las bases de los cuestionamientos al proyecto, sostiene que serán considerados como delitos de terrorismo los actos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obliguen a gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Aunque en el párrafo siguiente señala: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional”. El radical Ernesto Sanz fue la voz de bloque al indicar que, las reformas “no van a resolver las desviaciones del sistema financiero” y que el proyecto de antiterrorismo, “como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia”.

En línea similar, se pronunció por el Frente Amplio Progresista (FAP) el socialista Rubén Giustiniani, quien apuntó que es “paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”.

Opinó que esa propuesta implica un “riesgo de que se criminalice la protesta social” y que habilite una “persecución penal contra personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”.