“Los que suscriben la presente, cuyo nombre, matricula individual y domicilio figuran debajo de sus respectivos nombres, tenemos la obligación de dirigirnos a Ud. a fin de denunciar la mas flagrante violación al principio de no discriminación, de raíz constitucional a partir de la reforma constitucional de la Convención constituyente que sesionó en Paraná-Santa Fe en el año 1994, y de la ley que ha dado origen al Instituto que ud. tan dignamente preside”, comenzaron en la presentación realizada ante el Instituto Delegación Entre Ríos.

Luego continúan: “Los autores y promotores de tal acto, son las actuales autoridades ejecutivas del Partido Justicialista, especialmente la Junta Electoral, compuesta por los señores: Kunath, Sigrid Elisabeth, Ríos, Miguel Andrés, Righelato, Héctor Hugo y el apoderado del Partido Justicialista señor: Rubén Efraín Cabrera, quienes usurpando títulos y atribuciones que solo corresponden al Congreso partidario, han procedido a vedar e inhibir nuestros derechos a participar en las elecciones internas convocadas por el Partido Justicialista, para el día 5 de febrero del corriente año”.

“Lo son por un segundo hecho. Han confeccionado una lista totalmente arbitraria, injusta, parcial, improcedente, a la vez despótica, absurda, abusiva y autoritaria, mediante la cual se nos discrimina, no solo con el resto de los afiliados, sino con la conducta llevada a cabo por algunos de ellos antes y recientemente”, añadieron en el escrito reproducido por APF.

Al respecto, recordaron que “inexplicablemente se había puesto plazo por horas y no por días a la presentación” de las listas.

“El plazo vencía a las seis (6) de la tarde, del día viernes.- Antes del vencimiento solicitamos turnos y se nos dio, extrañamente, a partir de las ocho (8) de la tarde.- Al hacernos presentes, la junta electoral se había retirado.- Había allí varios compañeros que nos dijeron solo que las autoridades se habían ido.-Nos indicaron que habláramos con el apoderado, el tal mentado Rubén Efraín Cabrera, dándosenos el número de teléfono del mismo.- En contacto con este ‘despabilado’ sujeto, nos dijo que estaba ocupado, y que lo dejáramos para el día lunes a las 8 de la mañana”, precisaron.

“Por precaución, concurrimos a la autoridad policial y efectuamos una exposición a los efectos de dejar constancia de tales actos, cuya copia adjuntamos”, señalaron. A su vez, indicaron: “El día lunes, a la hora indicada y en la sede de las autoridades electorales partidarias, nos presentamos, indicándonos que la junta estaba por reunirse con el aludido ‘avivado’ Cabrera.- Esperamos hasta las 9 horas, indicándonos una secretaria que no nos iban a recibir las listas.- Situación que nos obligó a efectuar nuevamente una exposición policial a fin de dejar constancia del hecho, cuya copia también adjuntamos”.

“Sin querer que nuestra conducta sea considerada inculpador, debemos decir que en iguales circunstancias, contextos, escenarios y condiciones, idénticas situaciones y realidades, fueron recibidas y luego oficializadas listas a los compañeros de Unidades Básicas de San Salvador, Paraná Campaña, el PJ de la ciudad de Federal, una básica de San Salvador, la unidad básica de Bovril (departamento La Paz) y en Paraná, las unidades básicas 4ª y 10ª de las que tenemos noticias”, agregan.

Las suspensiones

Más adelante, se refirieron en duros términos a las suspensiones dispuestas por el Congreso del PJ: “Las mencionadas autoridades, han confeccionado una lista, memoria, nómina o cuadro de más de 1.200 personas, al mejor estilo ‘seguridad nacional’, o de la dirigencia nazi en Polonia, en la que desafiando el derecho positivo vigente, constitucional, nacional, provincial y partidario, han sancionado con la exclusión o suspensión, a afiliados peronistas de reconocida trayectoria, que no comparten el ideario que promovía el ex presidente (Néstor) Kirchner, la que actualmente ocupa dicho cargo y el Gobernador”.

“Tal memoria, ha sido publicada en los periódicos.- No pudiéndose conocer -por ser de imposible acceso- el original del mismo, como así también el trámite que se llevó a cabo para tomar tal sentencia.- Decimos sentencia, porque los estatutos partidarios proveen que solo el Congreso provincial es que quien puede tomar la decisión de sancionar, previo a que el Tribunal de Disciplina, investigue sumariamente la conducta de los inculpados, a quienes se les deberá garantizar el derecho de defensa, de raíz constitucional”, explicaron.

“Dicha conducta o directiva, se toma no solo ilegalmente, sino que contradiciendo o negando situaciones, ambientes o realidades, similares, análogas o equivalentes, en oportunidades anteriores y aún en las actuales”. También señalan que “actuales diputados (nacionales y provinciales, senadores, y concejales) estuvieron en idéntica situación, y hoy están ocupando cargos, sin gravamen ni inconveniente alguno y sin que el Congreso haya sancionado y el tribunal de disciplina haya instruido sumario alguno”, en referencia a quienes compitieron en 2007 por la Lista 100 que encabezó Julio Solanas.

En esa línea, recordaron: “En ocasiones anteriores, cuando compañeros se habían enrolado en el gobierno del señor Sergio Montiel, el Partido Justicialista nunca tomó represalias contra ellos.- Tal vez en la usanza y tradición de que a todo el peronismo no lo contiene el partido, sino que existen, -según enseña el general Perón- ‘organizaciones libres del pueblo’ que lo exceden”.

También indican que “no solo se pone de manifiesto el carácter sectario y de corte ‘seguridad nacional’ de la lista ‘publicada’, en su estilo: Publicación en un diario y que se conozca por ese medio quienes son los ‘a aniquilar por ser elementos real o potencial de perturbación’, sino también en su confección, pues hay actuales diputados provinciales y cargos municipales que no están en la lista a pesar de haber tenido conducta o actitud idéntica, igual y semejante a los sancionados”.

Por último, “a los fines de hacer posible el ejercicio de nuestro derecho, a mérito que recientemente las autoridades mencionadas han prorrogado el cronograma electoral, por razones que se desconocen, con el objeto de impedir la discriminación de la que somos objeto, y de salvaguardar la igualdad de trato que pretendemos, desde ya le solicitamos, impetre y en su caso accione judicialmente para prorrogar el cronograma electoral, admitiéndose nuestra participación”.

Finalmente, sostienen: “La actitud discriminatoria y reiteradamente arbitraria, separatista, segregacionista y antojadiza de las autoridades mencionadas ameritan que ese Instituto, celoso guardián de la igualdad y equivalencia de trato y franqueza, de consideración, claridad y correspondencia en las personas, se avoque al estudio de la situación planteada, y se pronuncie exigiendo que las transgresoras vuelvan sobre sus decisiones y se respete nuestro legítimo derecho a participar en las elecciones, solicitando preventivamente la suspensión del proceso eleccionario”.

El documento lleva las firmas de Héctor María Maya, María Noemí Onetto, Augusto Alasino, Daniel Alberto Lujan, Marcelo González, Alberto Francisco Bonzi, Aníbal José Vergara, Miguel Ángel Cano, Estela Delachiessa, Luis Alberto Farías, Ana M. Rebora, Ana María Telplizky, Cristina Bupo, Carlos Ramón Chape, Silvia María Sobral, Leonor Julia Gianello, Sonia Vettori, Mario Tomás Federik, Cristian A. Ramírez, José A. Saavedra y Pascual Ramírez.