Se estima que el fallo no impondrá la relocalización de la planta de la UPM (ex Botnia). A su vez, se espera alguna crítica hacia Uruguay por la ubicación de la planta de celulosa en un curso compartido.

Esto ha sido asumido por el gobierno uruguayo. El vicecanciller, Roberto Conde, dijo a El Espectador que Uruguay deberá utilizar la sentencia para “relanzar” las relaciones con Argentina.

Según Conde, Uruguay reafirmará su actitud de diálogo con una línea de transparencia, ofreciendo el más estricto control de la pastera, basándose en los fundamentos científicos de la sentencia.

El vicecanciller explicó que ese monitoreo será de carácter binacional e incluirá también a organizaciones internacionales.

Conde señaló que luego de conocido el fallo, Uruguay lo analizará para después emprender negociaciones formales con el gobierno argentino.

La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU en votaciones independientes, de acuerdo a sus méritos y no su nacionalidad.

Se procura que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados del mismo país. Tienen mandato de nueve años, con posibilidad de reelección, y no se pueden dedicar a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato.

Los magistrados designados en la actualidad son: Presidente: Rosalyn Higgins (Reino Unido), Vicepresidente: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordania), Jueces: Bruno Simma (Alemania), Shi Jiuyong (China), Peter Tomka (Eslovaquia), Thomas Buergenthal (Estados Unidos), Leonid Skotnikov (Federación de Rusia), Ronny Abraham (Francia), Hisashi Owada (Japón), Raymond Ranjeva (Madagascar), Bernardo Sepúlveda Amor (México), Mohamed Bennouna (Marruecos), Kenneth Keith (Nueva Zelanda), Abdul G. Koroma (Sierra Leona), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela).

Pueden recurrir a la Corte todos los Estados partes en su estatuto, incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas.

Estados como Suiza, que no son miembros de las Naciones Unidas, también pueden llegar a ser parte del estatuto y, por lo tanto, recurrir a la Corte. Los particulares no pueden recurrir a la misma.

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. También los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden solicitar, con autorización de la Asamblea, opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades.

La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los Estados le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte, por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos.

Desde su establecimiento, en 1946, la Corte ha tratado 119 casos que los Estados le han sometido y las organizaciones le han solicitado 23 opiniones consultivas. Los casos han tratado disputas internacionales relacionadas con derechos económicos, derechos de paso, la proscripción del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de asilo y nacionalidad.

Respecto a la posibilidad de que la Asamblea de Gualeguaychú prosiga con el bloqueo, el vicecanciller uruguayo remarcó que ese es un tema interno de la República Argentina.

“Muy obsesionados con el tema argentino nos olvidamos de la protección de nuestra propia gente. Hay que dialogar con las dos comunidades, la de acá y la de allá. Más allá de la actitud de diálogo, en la que tenemos que insistir siempre, Uruguay no debe abandonar nunca la disposición de diálogo, las disposiciones internas que se tomen en Argentina respecto a los cortes de ruta son situaciones internas del Estado argentino”, aseguró, según publicó El Espectador.

Sobre este tema en particular es que Uruguay pretende dialogar con Argentina con posterioridad al fallo del 20 de abril.

Más allá del fallo, este conflicto deberá resolverse por la vía de la negociación ya que los fallos de la Corte de La Haya no son vinculantes.