La ley es clara en cuanto a los requisitos que deben cumplir pero, nunca se reglamentó. Y, en cuanto a las condiciones que cumplen para funcionar, es complejo acceder a la información. Organismos oficiales retacean datos sobre el tema.

En el marco de la Ley Provincial Nº 9.823 que crea un sistema de tipificación, normatización y reglamentación de prestaciones y servicios geronotológicos y geriátricos de Entre Ríos, Recintonet intentó averiguar a la fecha cuántas instituciones de este tenor hay habilitadas en la provincia, así como eventuales clausuras de establecimientos y los controles que se realizan. La nota ingresada el 5 de abril, dirigida al Departamento de Atención Médica, no tuvo respuesta alguna por parte del área encargada de brindar la información.

Ante el reclamo de este portal frente a la dilatación de la contestación, más allá de los 10 días que establece el decreto 1.169/05 y sin el correspondiente pedido de prórroga al que habilita la norma, desde el organismo público se indicó que “estaban sin sistema” ya que técnicos trabajaban en la implementación de un nuevo programa.

El cuestionamiento en el que se cae ante la situación es por qué, si bien se trata de información pública, no es dada a conocer. Tampoco el doctor Carlos Duarte, con quien el secretario de Salud, Pablo Basso, derivó la consulta que hizo ese medio vía telefónica, dio precisiones sobre la temática en cuestión.

A esta situación tampoco escapa la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Entre Ríos, cuya responsable, María Nazarena Rau, apuntó que al tiempo de salir la reglamentación de la Ley 9.823, en septiembre de 2010: “Intentamos pedir informes a la Secretaría de Salud, a (Ministerio) Desarrollo Social, respecto a la situación actual de los geriátricos, porque los que ya estaban en la ciudad deberían estar gestionando la habilitación, así como por las condiciones que deben reunir los futuros”. En ese orden, indicó: “Nos dijeron que todo por nota y por escrito, que no nos van a informar nada” de otra manera.

Por su parte, Carolina Atencio, también integrante de la delegación nacional del organismo ciudadano, advirtió sobre “varios artículos sin reglamentar de la ley”, según se lee en el decreto 3.090/10. “Es probable que haya un proceso hasta que se cumplimente”, conjeturó luego. En rigor, uno de los artículos sin reglamentar es el 7º, que versa sobre la habilitación, la cual “deberá realizarse mediante un acto administrativo expreso producido por la autoridad competente, previa actuación del Equipo Interdisciplinario Básico, en donde constarán las condiciones de habilitación, las áreas autorizadas a funcionar, servicios que prestará y toda otra característica que haga al correcto funcionamiento de las mismas”. Además, “la habilitación será permanente mientras la Institución acredite anualmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello, siendo responsabilidad de los Organismos competentes la constatación de su funcionamiento de acuerdo a la presente Ley y su reglamentación”.

Atencio subrayó que otro punto relevante guarda relación con el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), “que hasta hace poco no reconocía geriátricos habilitados para dar prestaciones”. Rau abundó que “por un caso puntual” de un ciudadano por inconvenientes con una prestación, se contactaron con el gerente prestacional Francisco Saavedra, del Instituto provincial. “En algunos casos las obras sociales cubren geriátricos, IOSPER no”, reflejó. Y agregó: “Debido a que no está regularizada la situación, se da el dinero al afiliado para que él contrate un geriátrico. No existe contratación directa, porque según Saavedra no pueden hacerse responsables de si en esa institución pasa algo y no está habilitada”. Este portal tampoco pudo contactarse con el gerente prestacional en cuestión, tras reiteradas visitas a la casa central del IOSPER.

Una ordenanza que no se cumple

Emanuel Martínez Garbino (NE) es autor de la Ordenanza Nº 8.860 de habilitación, control, registro y regulación de las instituciones y servicios gerontológicos y geriátricos de Paraná. Consultado por este portal, el edil afirmó que la normativa “está promulgada, en vigencia, pero no se cumple”. Tras ello, avanzó: “Establecía una serie de pautas generales, pero la primera era la conformación de la autoridad de aplicación competente en la Municipalidad”, integrada por recurso humano de las secretarías de Desarrollo Social y de Salud Pública, y el Consejo Municipal de Adultos Mayores. Esta figura “debía empezar con la capacitación del personal que estará a cargo”.

Acto seguido, debía avanzarse en la elaboración de un registro público, “para que estas entidades se declaren en el municipio”, explicó el edil, quien remarcó: “Al mismo tiempo, la Municipalidad debía recorrer la ciudad para tomar contacto con estas instituciones”. Todo ello en un plazo de un año, con prórroga a otro, lo cual destaca “la elasticidad de la norma”, según Martínez Garbino.

“El tema es delicado, como ocurre con todas las situaciones en las que el Estado no interviene como debería hacerlo y cuando lo hace hay situaciones ya muy consolidadas; y de repente entrar necesariamente se afecta determinados intereses”, observó. No obstante, subrayó “la ausencia del sector” relacionado a la temática en la provincia y en Paraná en particular. “En ese momento invitamos a los responsables de este tipo de instituciones, porque eran necesarios para elaborar la norma. No participaron. Vinieron sólo uno o dos dueños de estos establecimientos”, recordó.

Al valorar que la comuna ya cuenta con la herramienta que es la ordenanza, enmarcada en la norma provincial, opinó que adherir a la Ley 9.823 “tiene más que ver con el anuncio de algo, que hacer algo. No van a encontrar nada nuevo en la ley que no esté en la ordenanza. Evidentemente no hay voluntad política” de poner en marcha el texto.

Finalmente, expresó: “La institucionalización es algo no deseado, pero a la vez a muchas personas les es de gran ayuda. Es innegable la función que cumplen estos espacios, pero debe realizarse en determinadas condiciones. Hoy está librado al ‘esperemos que no pase nada’”.

La situación en Paraná

Respecto a denuncias realizadas por dudas en el manejo de este tipo de instituciones en la capital entrerriana, Rau dijo que desde su delegación no se realizaron pedidos de informes “a instancias de un ciudadano” de Paraná que conozca “algún geriátrico donde los adultos mayores estén hacinados o en situaciones no apropiadas”. No obstante, recordó que durante la gestión como ombudsman comunal del actual diputado Jorge Kerz (PF-Paraná), “se inició una actuación que concluyó con la clausura de un geriátrico, por las condiciones deplorables” en las que mantenía a los residentes.