En declaraciones realizadas al programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) Kisser analizó que “la Justicia tiene mucha responsabilidad” en el armado político de Urribarri para ser candidato a gobernador porque las causas se han ido demorando”. “Si bien es cierto que con el nuevo código de procedimiento han avanzado, no es lo que la sociedad demanda ni necesita, que es realmente que avancen las causas, y también es cierto que se han puesto muchos palos en la rueda pero también la política criminal del Superior Tribunal y el procurador General debería ser más incisiva y actuar con más fuerza”, señaló.

“Rescato lo que (el presidente del STJ, Emilio) Castrillón dijo al inicio del año judicial para que se trabaje más en este tipo de delitos porque es la imagen que se da a la sociedad dela justicia, así que creo que la justicia tiene responsabilidad y debe actuar con más celeridad no sólo en las causas de Urribarri sino también en otras causas de corrupción, porque la sociedad necesita que las causas se esclarezcan en tiempo y forma porque una justicia que no llega a tiempo no es justicia”, reflexionó.

Por su parte, Bargagna sostuvo que “ampararse en el principio de inocencia, es un derecho que está en la Constitución y hace al derecho de defensa en las causas penales pero la posibilidad de oficializar una candidatura con múltiples procesamientos tiene una valoración política y de derecho electoral que tiene que ver con la República y con normas de la Constitución que defienden la República”. “En este caso, sucede que la valoración debe ser de derecho electoral y debe ser una valoración social, que tiene que ver con la República y con los bienes que defiende una República y por lo tanto esta persona no puede ser candidato en las condiciones en que está, aun cuando no tenga condena firme”.

“Con la cantidad de procesamientos que tiene este señor, o cualquier otra persona que estuviere en estas condiciones, hay una razonabilidad muy seria de que es probable que pueda haber cometido un delito y en esas condiciones se utilizan las medida cautelares que son protectoras y que no tienen necesidad de que haya prueba y condena para aplicarse, porque se hace en defensa de la República y de la ley”, explicitó.

Ante ello, afirmó que “la Cámara Nacional Electoral tiene un fallo que va en ese sentido y separa el derecho electoral del derecho penal y dice que esta es una cuestión de derecho electoral y hay que defender las instituciones y por eso como un principio preventivo una persona que está procesada por delitos contra la administración pública –que son gravísimos- sin ponerla en una condena anticipada, por una cuestión precautoria no puede ser candidato, porque la Constitución habla de idoneidad”.

En cuanto a las escasas objeciones de la dirigencia hacia la intención de Urribarri, Kisser criticó que “la política es sumamente permisiva, y se está ocupando de la política o de los políticos y no de la sociedad”. “Lo veo a diario en el ejercicio de mi función de legislador y no nos asombran estas cosas, pero en una sociedad madura y que transita la democracia, esto no debería ocurrir. Incluso porque la justicia actúa a destiempo y hay un descreimiento y se permite que aparezcan estas posibilidades de lanzar una candidatura como ha hecho Urribarri”, reflexionó.

Asimismo, consideró que la decisión de Urribarri de impulsarse como candidato “muestra que la política está desafiando a la Justicia, planteando que será candidato les guste o no les guste, atacando de inconstitucional una norma de la Constitución por la cual él mismo juró”.

Ante ello, cuestionó que “acá se toman el poder como patrimonio propio, se creen que pueden hacer los que se les ocurre con el gobierno y parece que fuera un coto de caza” y reclamó que “ante esto falta mucho madurar en política, falta compromiso de la sociedad, participar más en los partidos políticos para evitar que estas cosas sigan ocurriendo”.

En tanto, Bargagna ahondó que Urribarri “se ampara en sus derechos humanos, y dice que tiene derecho a candidatearse puesto que aún no ha tiene condena firme, pero por otro lado el artículo 36 de la Constitución Nacional habla de la inhabilitación por falta de idoneidad de aquellos funcionarios que se han enriquecido y el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba, es decir que el derecho humano que invoca es muy relativo”.

“En este caso preferiría cuidar a la sociedad de quien hoy está sospechado por graves delitos contra la administración pública para que no esté en condiciones de violar el derecho humano de muchos chicos que no tienen leche o no hay dinero para la cultura, la salud. Pero además hay que recordar que los únicos que pueden postular un candidato son los partidos políticos, es decir que la culpa no solo es del chancho sino del que le da de comer. Tiene un partido político atrás que lo avala lo cual también habla muy mal de la clase política”, concluyó.