“Acordamos tanto en el proyecto como en la importancia del proyecto y en la necesidad de hacer operativo un artículo de la Constitución provincial”, dijo el legislador para quien “el proyecto en sí mismo es muy importante” y se mostró partidario de no introducirle ningún tipo de cambios.

“No modificaría nada”, adelantó Bolzán ante la consulta de Recintonet y celebró, además, que el texto defina claramente con qué recursos se creará el nuevo banco provincial. “Es muy importante que haya fijado la utilización de los recursos de Salto Grande porque es necesario sociabilizar a nivel provincial estos fondos que están siendo asignados a una sola zona. Es un tema del que hace mucho tiempo estamos hablando y es necesario que pensemos en una distribución diferente de los recursos”, dijo Bolzán.

D´Angelo impulsó un proyecto por el cual la Legislatura autoriza al Poder Ejecutivo para crear “una entidad financiera de economía mixta que se denominará Banco de la Provincia de Entre Ríos S. A., en concordancia con lo establecido en el artículo 74º de la Constitución Provincial”.

El Banco tendrá por objeto “realizar todas las operaciones propias del giro bancario; promover el desarrollo de la actividad agropecuaria, industrial, comercial, turística, minera y de servicios para fomentar e incrementar el potencial económico de la Provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social y facilitar el acceso a la vivienda rural y urbana mediante préstamos hipotecarios”.

También deberá fomentar “la colonización agraria y el desarrollo de granjas en Entre Ríos, asistir preferentemente a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales y toda otra institución asociativa de la provincia y apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del sector privado que tengan como objetivo la diversificación productiva y la industrialización”.

Y, será, a su vez, el agente financiero del Estado Provincial y la caja obligada en que tendrán ingreso las rentas fiscales de la Provincia, los dineros y títulos de todas las reparticiones públicas, los depósitos afectados a contratos realizados por la Administración Pública, así como los fondos de todas las personas, empresas o sociedades comerciales que obtengan concesiones del Estado y para todos los depósitos judiciales.

“El banco – establece el proyecto de D´Angelo – abonará al Superior Gobierno de la Provincia sobre el monto de los depósitos comunes y demás depósitos en efectivos a que se refiere este párrafo, el interés que se convenga con el Poder Ejecutivo, con excepción de los depósitos judiciales, que no devengan interés.