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La reforma de la Ley de Jubilaciones

Lucio Borini

En cumplimiento de las funciones que le son propias la administración pública provincial junto con los otros dos poderes del Estado, deben recurrir a la incorporación de personal.

Estos denominados agentes de la administración podrían estar cubiertos o amparados por sistemas jubilatorios diferentes al que tenemos, jubilaciones privadas de las características que sea, pero se concluyó en que tengamos nuestro propio sistema jubilatorio obligatorio y de reparto, mal llamado solidario.

Toda persona que cobra su salario del estado provincial tiene deducido de él su aporte jubilatorio para la “Caja”. Aclaremos que el Estado funciona exclusivamente con los impuestos de los ciudadanos y empresas y por naturaleza están al servicio de todos los entrerrianos. El Estado no es una agencia de colocación que existe para ocupar ciudadanos, para paliar la desocupación, sino que contrata personal para el funcionamiento de su estructura y para cumplir con sus funciones específicas que le son propias. Para ello entre otras cosas es que debe recaudar impuestos.

A partir de ello es que los agentes de la administración serían o deberían ser quienes sostienen su propia jubilación, quiero decir con esto que los aportes de los activos debe sostener a los pasivos, en un mecanismo de equilibrio permanente para que asegure la vida del sistema. Por lo que tenemos que tener presente que es un ejercicio de muy largo plazo y ponerle al sistema jubilatorio además la característica de “responsable” en el cumplimiento de su función. No recurrir ante el déficit de la Caja mes a mes a los contribuyentes para atender el desequilibrio del sistema jubilatorio como se realizó durante 40 años desatendiéndose otras funciones indelegables del Estado, sino analizar los motivos del déficit y trabajar para solucionarlo, que es lo que trata el presente proyecto de modificación.

Los sistemas jubilatorios en el “mundo” se encuentran en crisis, la pirámide poblacional es sobre todo el problema, la longevidad y otros colaboran, pero se atienden con la seriedad que corresponde al tema. Generalmente los aportes obligatorios solo hacen una base que de no complementarse con aportes extras no alcanzan.

Volviendo a nuestro caso “actualizar” la edad jubilatoria es algo que no resiste análisis, los 58/62 de mujeres y hombres de hoy es algo totalmente fuera de nuestros tiempos, lo mismo que seguir diferenciando la edad jubilatoria según el sexo, incomprensible. A pesar de que el proyecto aumenta en ambas categorías no las iguala, tendría que calcularse con gradualidad y equipararlos.

Igualmente el porcentaje de aportes o los años de ellos necesarios en incrementar.

Todo ello se propone sin vulnerar derechos adquiridos, los jubilados de hoy seguirán con las mismas condiciones, lo futuros tendrán variaciones en función de las necesidades provocadas por los desequilibrios y que evitarán la extinción del sistema.

Era tiempo de que se tome la decisión política responsable de ordenar el sistema jubilatorio provincial que desde el reinicio democrático tiene déficit y gobiernos tras gobiernos (salvo el Gobernador Moine) se aplicó la famosa “siga siga” eludiendo todos la responsabilidad de realizar una reforma que atienda su déficit estructural recurriendo a manotazos financieros para superar la coyuntura.

Los gremios que hoy se han transformado en organizaciones anquilosadas inmóviles no hacen más que oponerse sin tomar en cuenta la importancia de darle una segura supervivencia al sistema jubilatorio provincial del cual se servirán sus agremiados. La retórica de “los derechos adquiridos” o “cláusulas inconstitucionales” no son aplicables en este caso y no ayudan a un dialogo constructivo, es solo una herramienta de vieja política que ya nadie apoya.-

La oposición, máximo responsable del problema, continua con su permanente actitud de freno a la transformación y el progreso de la provincia, y negativa a sumarse a los cambios que sin recursos debe asumir el gobierno del Gobernador Frigerio para dejar atrás décadas de políticas de empobrecimiento y estancamiento.

(*) exdiputado provincial Ucedé.

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