El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recibió a las petroleras y, según señalaron desde esa dependencia, las empresas se comprometieron a subsanar las inconsistencias. Sin embargo, primero Shell y después YPF rechazaron las acusaciones y aseguraron que no cobran sobreprecios. En el equipo económico escucharon los argumentos de las firmas que controlan el mercado de comercialización de combustibles pero advierten que la documentación presentada por las cámaras transportistas, Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aeta), Cetua, Acta y Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), evidencia los abusos.

Las distintas facturas presentadas por empresarios del transporte a las que pudo acceder Página/12 muestran sobrecostos de 30,2 por ciento en el gasoil de Esso en Nogués, provincia de Buenos Aires, 18,5 por ciento en la variedad Ultradiesel XXI de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en la ciudad de Córdoba y de 14,3 por ciento en el diesel de Shell en San Miguel de Tucumán. La Secretaría de Transporte estimó que el sobreprecio promedio asciende a 8,4 por ciento. La dependencia estatal calculó que las empresas se apropian irregularmente de 3500 millones de pesos anuales. Las cámaras transportistas consideran que la cifra es inferior.

Desde distintas cámaras señalaron a este diario que las diferencias entre los precios mayoristas y los valores en el surtidor existen desde fines de 2009. Sin embargo, hasta mediados de este año esas irregularidades no eran una preocupación de las empresas transportistas ya que el Estado les reconocía un precio diferencial por el producto. Esas compañías compraban el combustible y pagaban 1 peso por litro, mientras que del resto del precio se hacía cargo el Estado, que otorgaba créditos fiscales a las petroleras. A mediados de año, la lógica de esos subsidios cambió: los transportistas deben pagar la totalidad del gasoil y luego reciben un subsidio fijo por una parte del producto. Además, algunas firmas aseguran que en Transporte les anticiparon que comenzarán a reducir una parte de los subsidios.

Con ese nuevo escenario, las empresas presentaron las irregularidades al Gobierno y las autoridades llevaron el caso a la Comision Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que identifique si las petroleras cometieron abuso de posición dominante. Mientras tanto, Schiavi y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, intentan lograr que el precio del combustible a granel no supere el precio en los surtidores.
Incluso si las petroleras cesan en las supuestas prácticas abusivas, la CNDC continuará investigándolas por discriminación de precios y la coordinación de sus actividades mediante la conformación de un cartel, informó Página 12.