*Por Jorge Daneri para ANALISIS DIGITAL
El nuevo cuerpo parlamentario, conforma las bases más inconstitucionales, borrando el programa político, institucional y legal, de la nueva constitución provincial, además de normas ambientales nacionales, acuerdos interjurisdiccionales con las provincias hermanas y la Nación, como el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible ( PIECAS), y convenciones Internacionales, para avanzar en la destrucción sistemática de todo el sistema de humedales de la provincia.
El nivel de ignorancia está sustentado en intereses privados, pues lo privado de la mano de una sociedad anónima se hará cargo de la gestión de la región más rica en diversidad biológica, con áreas naturales protegidas por ley en la mayoría de las tierras fiscales o públicas, sin planes de gestión ambiental, sin presupuesto, sin personal especializado y sin equipamiento. Con un total incumplimiento del ordenamiento ambiental territorial en islas y tierra firme violando desde hace años ya, la ley de presupuestos mínimos del bosque nativo, ley nacional del año 2008. Es decir, mayor desorden institucional y territorial, imposible de lograr. Pero ahora la verdad sale a luz. Es mejor para los líderes legislativos, con el Diputado Allende a la cabeza, privatizar los territorios.
Una vergüenza. Uno lee el discurso, casi revolucionario, y mira estas realidades, y no puede más que espantarse.
Trasladar la gestión al sector privado de la mano de una S.A, y trasladar el modelo sojero y arrocero a las islas, luego de todo lo dicho y escrito durante la crisis del campo, y la lucha casi revolucionaria frente a los pool de siembras, es ignorar todo lo expuesto. Los señores de la soja, la Sociedad Rural y contemplar esta Ley, su no proceso de construcción y debate social y político, es de una soberbia, cobardía y corrupción cívica imposible de tolerar, y lo más grave es continuar este proceso con la aplicación y cumplimiento de esta norma, lo que y vamos a ver en algunos meses.
Entonces solo nos queda ahora en tener esperanzas en que el poder Ejecutivo provincial deje sin efecto esta norma instrumentando su derogación, por ilegal e inconstitucional, y ponga a consideración del pueblo de la provincia un debate abierto y sistemático, para construir una política sobre los humedales de la provincia, seria, con convicción, con estudios técnicos acordes a la constitución y su programa de acciones.
Pero reitero, ahora es interesante para nuestra sociedad y sus sectores intermedios, todos, ver qué dice el Sr. Ministro de la Producción, destacado compañero en el discurso que convoca a la construcción de una sociedad hacia la sustentabilidad económica, ecológica y social. Y como nos enseña la ontología del lenguaje, es el discurso el que construye acciones. Vamos a ver, si en este caso, es así o es más de lo mismo.
Fundación MBiguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental.