La vida política entrerriana pierde a un histórico caudillo

Por Luis María Serroels (Especial para ANALISIS)

Su temperamento fuerte y el tono altisonante de sus alocuciones, tal vez por la influencia de un hogar donde su padre y dos hermanos eran oficiales del Ejército, lo caracterizaron en su incursión por la alta política, donde generó múltiples roces con propios y extraños, obsesionado por sus ideas.

Posiblemente esa identificación moral con las Fuerzas Armadas hizo que en 1955 aceptara desempeñarse como subsecretario de Justicia durante el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora, que condujera en nuestra provincia como Interventor Federal el general Manuel María Calderón.

Fue un militante de toda la vida que vivió sus 84 años plenamente. Y más allá de errores y aciertos, defendió férreamente sus principios, reconociéndosele una retórica brillante y apasionada, una memoria prodigiosa y una habilidad política que hacía jugar en cualquier lugar y circunstancia.

En 1963, el electo gobernador radical Carlos Raúl Contín, lo convocó para ocupar el flamante ministerio de Acción Social hasta la caída del gobierno ocurrida en junio de 1966. También llegó a ser diputado nacional, integrando como tal el grupo de legisladores que propiciaba una revisión total de la deuda externa generada por la dictadura militar que tuvo a José Martínez de Hoz como ministro de Economía.

Tuvo varios intentos tanto en su interna o como candidato oficial de su partido, para alcanzar la más alta magistratura provincial. Fue en 1983, cuando en el país pasaba a gobernar Raúl Alfonsín, que Montiel se sentó por primera vez en el sillón principal de la Casa Gris Pero su gestión, con buenas y malas, no le alcanzó para que la UCR repitiera su performance en 1987, siendo derrotada por el binomio justicialista Jorge Pedro Busti-Domingo Daniel Rossi, pese a toda una parafernalia proselitista que desplegaba el diputado nacional César Jaroslavsky, instalado en Paraná para imponer la fórmula Ricardo Laferriere-Juan Carlos Godoy.

Fue en 1999 que, aprovechando un deterioro del gobierno justicialista en el orden nacional, con Carlos Menem impedido de un tercer mandato y una tendencia creciente a recuperar su vigencia la UCR, que junto al triunfo de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, Montiel retornó a la gobernación. Puede decirse que las variables económicas y agudos problemas sociales que se fueron enlazando en el país, con obvias repercusiones en Entre Ríos, fueron minando la gestión. El gobernador en segundo mandato, debió soportar medidas de fuerza y movilizaciones ruidosas y multitudinarias que contaron con la adhesión de los gremios estatales y otras entidades, convirtiendo a la explanada de la Casa de Gobierno en caja de resonancia de virulentos reclamos.

La falta del apoyo necesario desde la Casa Rosada (donde había recalado Domingo Cavallo como ministro de Economía), que ya tenía sus propios problemas, prácticamente aislaron al gobierno provincial. “En mi provincia no es necesario emitir bonos”, llegó a decir el mandatario por el Canal TN y pocos días después remitía a la Legislatura el proyecto de ley para lanzar esos papeles pintados que se denominaron Bofe (Bono Federal). Una cuasi moneda que terminó devaluándose al punto de perder más de la mitad de su valor, amén de que la caja oficial de conversión para los comerciantes tenedores, llegó a ser muy cuestionada.

Los Bofes, según la ley, no debían entregarse a ciertos sectores menos protegidos, pero al final terminaron recibiéndolos, sufriendo el hecho de que en muchos negocios no se los aceptaba para las compras cotidianas y también los rechazaban los bancos. Paralelamente, las Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) que arribaban a la provincia con valor de moneda nacional, eran convertidas en bonos para pagar sueldos. La efervescencia social no se hizo esperar y la resistencia popular fue adquiriendo niveles de violencia.

En el diciembre de 2001, que se llevó en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada a De la Rúa y con él a su gobierno, hubo incidentes gravísimos en la provincia que tuvieron en Paraná un resultado trágico: Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez cayeron bajo las balas de la policía tras una dura represión decidida en la cúspide gubernamental y cuya investigación en serio sigue siendo una asignatura pendiente.

En 2002 y merced a hábiles maniobras rematadas por una felonía que azoró a todo el tinglado político, traducida en el voto negativo de un diputado, opositor, Montiel logró zafar de un juicio político casi seguro, posibilidad de la que más adelante volvió a salvarse, eludiendo tal remedio constitucional gracias a la intervención de un juez que avanzó sobre poder legislativo.

De todos modos sería injusto no reconocerle al fallecido gobernador, el haber plasmado la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a la que asisten hoy miles de alumnos en numerosas carreras, como asimismo el haber implementado la tarjeta Sidecrer, un valioso elemento que mucho le ha servido a miles de agentes del Estado provincial y sus familias para solucionar sus necesidades de crédito y consumo.

El caudillo radical terminó su mandato con una pesada mochila de críticas y rechazos, que deterioraron su imagen política y lo llevaron a abandonar cualquier propósito de protagonismo, abandonado incluso por muchos de quienes otrora lo apoyaran fielmente. En los últimos tiempos había regresado a los encuentros de comité y reuniones ocasionales, donde su palabra era seguida por sus reflexiones, en una fuerza que, como quedó evidenciado el 23 de octubre, parece haber perdido la brújula.

Sergio Alberto Montiel, como todo mortal, protagonista al fin de un importante segmento de nuestra historia, después de haber estado expuesto a la voluntad popular e inmerso en la vida pública en contextos políticos signados por la intemperancia y la incomprensión y más allá de su estilo personal con sesgos autoritarios, queda ahora sometido a ese gran y único examinador que es el tiempo. El reloj de la historia siempre tiene cuerda.

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