Por Rosario Romero (*)

Sólo quiero dar algunos ejemplos: unos noventa contratados cesanteados pertenecen a las Unidades Municipales y prestaban regularmente su función; un importante grupo pertenece a Jardines Maternales Municipales y prontamente, si no son reincorporados, deberán ser suplidos por otros porque son imprescindibles para atender las salitas; se cesanteó, por ejemplo, a una artista plástica que tenía contrato de obra desde hace siete años y fue pasada a contrato de servicio en el año 2011; se cesanteó a una persona que atendía a los profesionales en Gestoría urbana y era calificada por su superior con nuevo y diez a fines del año pasado; se cesanteó a personas enfermas en uso de licencia. Todas estas historias, no son papeles: tienen familias atrás, tienen corazón, tienen necesidades.

Bueno fuera que cada nueva administración no haga estas cosas porque tiene otras herramientas constitucionales y legales para atender como se debe los casos en que se incumple la prestación laboral. Nadie le negaría nunca a la intendenta Blanca Osuna la facultad de rescindir un contrato que no se cumple.

Pero la persecución por sí misma y por las razones mezquinas del posicionamiento político, le hace daño a la democracia, a los ciudadanos y a la misma política.

(*) Diputada provincial, Frente Entrerriano Federal (FEF) - Paraná