La audiencia pública que se realizará el jueves 15, en Villaguay, para analizar un pedido de aumento promedio del 50 por ciento para la tarifa eléctrica rural no tendrá casi oposición: al cierre del período para la presentación de interesados en ser parte, que operó a última hora del viernes, sólo ingresaron 15 escritos, 14 de los cuales corresponden a cooperativas eléctricas; una pertenece a un miembro de la Legislatura, el diputado provincial justicialista Raúl Patricio Solanas.

La audiencia pública es un mecanismo previsto en el marco regulatorio del servicio eléctrico, y sirve para dirimir las diferencias que surjan entre distribuidores y usuarios. En las audiencias pueden ser parte, dice la resolución 55 de 1996 publicada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), “todo aquel que invoque un derecho subjetivo o interés legítimo o difuso”, así como organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, como las oficinas oficiales de Defensa del Usuario y Consumidor.

La primera experiencia ocurrió en 2001, y en esa oportunidad el EPRE, con la presencia de usuarios, analizó un pedido puntual de las distribuidoras eléctricas para aplicar un incremento promedio del 9,1 por ciento. Tras el análisis de las distintas presentaciones, el organismo regulador laudó a favor de los usuarios, y aplicó una baja del 3,6 por ciento. Ahora ocurrirá una discusión parecida, aunque en dos instancias. La primera tendrá lugar la próxima semana, en Villaguay, para analizar el planteo de las distribuidoras de aumentar un 50 % la tarifa eléctrica que rige para el sector rural. Un mes después se espera que ocurra lo propio con la tarifa de las áreas urbanas.

Pero ninguna entidad se presentó para defender el interés del usuario en la audiencia pública. Según indicó el titular del Ente Regulador, Francisco Taibi, de 15 pedidos para ser parte, 14 corresponden a cooperativas eléctricas, aún cuando desde el organismo se enviaron invitaciones a entidades que representan a los productores agropecuarios, principales afectados por una eventual suba de la luz. El funcionario sostuvo que “entendemos que el precio justo y razonable del que habla la ley va a tener que estar debidamente fundado para que se autorice un incremento tarifario”.

Taibi admitió la conmoción que produjo la novedad del pedido de incremento del 50 por ciento, aunque puso reservas respecto de una aceptación total de esa propuesta por parte del Ente Regulador, el organismo que deberá laudar tras la discusión en la audiencia pública del 15. “El Ente Regulador deberá expedirse sobre ese pedido. Y los caminos que nos quedan pueden ser varios: un camino sería no innovar, y dejar la tarifa como está; otro, reducir la tarifa; y el último, aumentarla. Aunque en caso de que se autorice un aumento, no necesariamente tiene que darse en la medida que lo piden los distribuidores”, opinó.

Juan Giacomino, el abogado villaguayense que cumplirá el rol de defensor del usuario en la audiencia pública, admitió que le tocará “la carga pública de hacer las veces de defensor del usuario ausente, porque no hubo presentaciones de ningún tipo”. Y dijo que su función será la de “defender el interés de todo los usuarios del servicio eléctrico para evitar una suba como se pretende. De todas formas, la definición quedará en manos del Ente Regulador para hacer lugar o no, parcialmente o totalmente, al pedido de aumento”.

La falta de interesados en oponerse a la suba parte de un dato de la realidad: la mayoría de los eventuales afectados por un incremento tarifario conforman parte del universo de asociados de las mismas cooperativas, a las que sostienen con su aporte. “Los usuarios son a la vez socios de su cooperativa y por lo tanto hay un interés comprometido. Esa es la cuestión de que no haya presentaciones contra el aumento. Es decir, no hay un interés contrapuesto como en el caso de los usuarios domiciliarios urbanos”, dijo Giacomino a El Diario.