“En medio de una de las inundaciones más grandes de la historia de Concordia, el Estado argentino se quedó sin representante en la Comisión Mixta que maneja la represa de Salto Grande, administrada en forma conjunta por argentinos y uruguayos”, sostiene La Nación.

Juan Carlos Cresto, que era el delegado en el ente binacional a cargo de la represa, renunció el 10 de diciembre pasado, después del cambio de gobierno. “Presenté mi dimisión al cargo porque fui nombrado por la ex presidenta Cristina Kirchner”, señaló.

El complejo de Salto Grande, que fue inaugurado en 1979, no sólo produce energía (que representa el 5 por ciento de la que se usa en la Argentina y el 51 por ciento, en Uruguay), sino que también regula el flujo de agua que va río abajo.

Los 170.000 habitantes de Concordia como también las demás comunidades costeras río abajo dependen de las decisiones que se toman en la represa en medio de una de sus peores inundaciones.

Por ejemplo, si en el complejo de Salto Grande decidieran incrementar el caudal, Concordia sufriría las consecuencias y el río subiría su nivel. Ayer, por ejemplo, la represa evacuó 30.000 metros cúbicos de agua por segundo. Ese caudal mantendrá el nivel del río en la misma situación que desde el martes pasado, cuando comenzó la crecida.

El lago de la represa alcanzó los 36,8 metros. Puede soportar hasta 37,5, según Juan Carlos Cresto, por lo que no se puede retener el agua que llega del sur de Brasil y del nordeste argentino, donde el fenómeno de El Niño provocó lluvias muy grandes y no parece dar tregua.

Cresto mostró un estudio en el que se prevé cómo estaría Concordia si la represa evacuara 10.000 metros cúbicos por segundo más que ahora. “En este momento sería terrible. Si llega más agua no se puede retener mucho tiempo”, sostuvo.

Juan Carlos Cresto fue designado hace cinco años al frente de la represa por pedido del ex gobernador Sergio Urribarri, que fue su antiguo rival interno por la Gobernación. Su hijo, Enrique, es ex senador provincial y actual intendente de Concordia. El jefe comunal lleva ese nombre en honor a su abuelo, que fue gobernador de Entre Ríos entre 1973 y 1976. Los Cresto son una familia que atravesó medio siglo con las riendas del peronismo en la región.

Como la renuncia de Cresto no fue aceptada por el Poder Ejecutivo, dice que continúa en funciones, pero las autoridades uruguayas argumentan que no puede tomar decisiones en el directorio de la represa. Sin embargo, aseguró que está al frente del ente hasta que designen un reemplazante.

En Concordia se especula que el presidente Mauricio Macri designará al empresario Roberto Niez, que fue candidato a intendente por Cambiemos en las elecciones del 25 de octubre pasado.
El cargo de presidente de la delegación argentina en el directorio de la represa es estratégico dentro de la vida política de Entre Ríos. Maneja una caja millonaria y recibe un porcentaje del precio de la energía que se vende al sistema interconectado Cammesa.

Cuando el nivel del lago supera determinada cota, la administración argentina de la represa debe indemnizar a los dueños de las tierras que se inundan. Los damnificados se han quejado por la demora en los pagos. “En 2015 se empezó a pagar a los afectados en la inundación de 2009”, admitió Cresto, y aclaró que cuando llegó a su cargo en 2011 se debían las compensaciones de 2002.

En 2011 fue denunciado por el agrimensor Abal Posse ante el juez federal Ariel Lijo, por irregularidades en el manejo de tierras confiscadas.