Algunas exposiciones

Según se informó a ANÁLISIS DIGITAL este jueves por la mañana se realizaron algunas exposiciones de candidatos a ocupar cargos en la Justicia provincial. En el comunicado que se envió a este medio desde prensa de la Cámara Alta, se dan detalles de la audiencia y distintas exposiciones.

Rosa Alvez Pinheuro

Quien primero se presentó ante los legisladores fue la doctora Rosa Alvez Pinheuro, quien aspira ser fiscal adjunta, con competencia en procedimientos Constitucionales y Administrativos, en el ámbito del Ministerio Público. Se dieron a conocer los antecedentes que forman parte del expediente.

La profesional relató su paso por la administración pública desde el reinicio de este período democrático, que cuenta con un paso por la Fiscalía de Estado. Fue consultada sobre su situación patrimonial, la que describió en forma detallada. En relación al no pago del Impuesto a las Ganancias, dijo entender que “como trabajadores no deberían ser incluidos”.

Después recordó la posición de la Corte Suprema en relación a la “intangibilidad de los sueldos de magistrados” y relacionó esto con la independencia del magistrado. Agregó que todo puede ser analizado y afirmó que “ningún trabajador debería ser alcanzado” por la naturaleza del salario.

En cuanto a su posible relación con la prensa dijo que “para poder comunicar es necesaria la intervención de especialistas preparados para dar a conocer los aspectos del devenir de una sentencia”.

Destacó la importancia de los concursos, aunque no dejó de señalar el tiempo que transcurre hasta llegar a las instancias decisivas. Reclamó que “lo mismo podría hacerse de manera mucho más ágil”.

Hugo Daniel Perotti

Siguió el trabajo con la presencia del doctor Hugo Daniel Perotti, quien ha sido propuesto para ocupar el cargo de vocal de Cámara de Casación Penal, Sala Paraná. Como en el caso anterior, se dieron a conocer los antecedentes, los que fueron dados públicamente a través de la página web de la Cámara Alta, entre otros medios.

Opinó sobre las unidades carcelarias. Dijo que “tienen alrededor de 1.500 internos, de los que poco más de 250 son del sistema federal, de los cuales solo 30 por ciento son condenados, mientras que en el caso de los provinciales hay 86 por ciento condenados y el resto procesados”. Asentó que eso es “consecuencia directa del cambio al sistema acusatorio, lo que hace que la condena llegue en menor tiempo”.

“Estamos en el límite de la capacidad física del sistema”, afirmó y se pronunció a favor de analizar la posibilidad de construir nuevas unidades penales. Dijo que “no deberían ser cárceles de grandes dimensiones, sino que deberían ser pequeñas, distribuidas en el territorio y priorizando sistemas como el aplicado en la nueva de Gualeguaychú”. Observó que “es necesario analizar el aumento del presupuesto para el sector”, y dijo que “aún estamos a tiempo para mejorar el sistema”.

Agregó que se debe analizar “la ubicación de los predios para nuevas unidades para que el interno pueda desarrollar tareas con mayor comodidad, y también debe pensarse en el número de internos por cada una”.

Perotti dijo que el proceso a través del Consejo de la Magistratura tiene bondades “en las que creo” que aporta a un proceso trasparente. Este proceso da, a quienes pasan por estas instancias, “mayor legitimidad ante la sociedad”.

José Antonio Reviriego

Alrededor de las 10 comenzó la audiencia del doctor José Antonio Reviriego, quien aspira convertirse en Juez Laboral (Número 3), de Paraná. En su exposición sumó mayores logros académicos y dio a conocer su estado patrimonial y fiscal, señalando detalles de la sucesión iniciada con el fallecimiento de su padre.

Sobre el Impuesto a las Ganancias reveló que el Superior Tribunal ha solicitado opinión al estamento judicial y “seguramente en lo mediato habrá una definición de fondo sobre el tema”. Consideró “favorable” que se esté debatiendo el alcance del tributo. Agregó que se ha informado sobre la situación del juzgado que aspira conducir. Detalló el impacto que ha tenido en esa unidad judicial “el plan de regularización de personal encarada por el Poder Judicial”.

Lo consultaron sobre el mito de “la industria del juicio laboral”. El profesional dijo que desde la Magistratura, para evitar que eso sea una realidad, se pueden “aplicar mecanismos que hagan a las partes reflexionar sobre el mejor camino a seguir”. Dijo que “hay épocas de mayor o menor litigiosidad en orden a las coyunturas”. Reflexionó que trabajando con los miembros del foro en forma permanente, “se evita llegar a que aquél dicho sea real”.

Cecilia Andrea Goyeneche

Siguió la audiencia de la doctora Cecilia Andrea Goyeneche, que aspira ser fiscal Adjunta, en el tema de Procedimientos Constitucionales y Penales. Señaló que ingresó en 2006 como agente fiscal, en uno de los primeros procesos que surgen del Consejo de la Magistratura. “He ganado mucha experiencia en el ejercicio de cargo”, relató, destacando el trabajo conjunto con otros estamentos del Estado y con procuraciones de otras provincias.

Agregó, para sumar a sus antecedentes, su actividad docente, “la que permite jerarquizar el desempeño y ayuda a mantener una actualización continua”, destacó. Se refirió al impacto que tiene “la mediación en los procesos que se llevan adelante en Entre Ríos, se ha convertido en un instrumento muy útil para los denominados conflictos de vecindad”. “Son buenos los resultados -puntualizó-, porque se evita la reiteración de problemas”.

Goyeneche dijo que “tiene pasión por el trabajo en el área penal”, diciendo que “la Fiscalía tiene una función de resguardo de la víctima, más allá del lugar en que pone la sociedad a quienes llevan adelante la acusación”. “Es un lugar desde donde se puede hacer mucho y se ha ganado en la resolución de conflictos en los últimos tiempos. Hay mucho por hacer y creo que mi función puede servir para mejorar aún más”, reflexionó.

Cerró su exposición agradeciendo la posibilidad de poder expresarse y consideró que “se da un mejoramiento por el impacto, en los últimos años, con la participación del Consejo de la Magistratura y mecanismos que admiten también la participación plena de la ciudadanía en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales”.
Posteriormente se presentó el doctor Arturo Ronconi, quien ha sido propuesto como vocal de Cámara de Apelaciones, Sala 2º en lo Laboral de Gualeguaychú.

Los motivos de la audiencia Pública

Si bien ha sido ampliamente difundido durante los últimos años, es válido recordar algunos aspectos del artículo 19 del reglamento de la Cámara Alta.

El mismo establece que ante todo pedido de Acuerdo, para nombrar o no posteriormente a magistrados o funcionarios de organismos públicos, se deberá dar a publicidad, dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pedido, los datos filiatorios y antecedentes curriculares del candidato propuesto. La publicación se hace en el Boletín Oficial, en dos (2) diarios de mayor circulación en la Provincia por dos (2) veces y en la página web de esta Cámara (www.senadoer.gov.ar). Hay que decir que en este espacio virtual se encuentran a disposición de quien quiera consultarlo, los principales antecedentes de todos los propuestos.

Hecha esta publicación aparece una instancia de consulta. Ciudadanos y organizaciones en general, pueden ejercer el derecho a manifestarse fundadamente y por escrito, respecto de las calidades y méritos del candidato propuesto. Esto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la segunda publicación y ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Además los legisladores están habilitados para pedir a Organismos Públicos y/o Privados, informes atinentes a la situación del candidato y en referencia al cargo a cubrir.

Concluidos estos pasos aparece la Audiencia Pública: a la que es citado el candidato propuesto, quien es interrogado por los miembros de la Comisión. Se hace la convocatoria con una antelación no menor a dos días al de su realización y deberá publicarse en la página web de la Cámara de Senadores y en un diario de circulación provincial.

La Audiencia Pública, precisa el reglamento, tendrá por objeto conocer del candidato: su motivación para el cargo; forma en que desarrollará eventualmente su función; criterios que sustenta en torno a temas trascendentes de la materia correspondiente al cargo a cubrir; planes de trabajo; medidas que propone para una función eficiente; sus valores éticos; vocación democrática y por los derechos humanos; situación patrimonial y fiscal.

Se da también la posibilidad que el postulante se manifieste por aquello que considere necesario para mostrar los perfiles de su futura tarea. Además la comisión puede profundizar sobre todo aquello que considere pertinente para un acabado conocimiento de las aptitudes del candidato.

Después de la audiencia pública se confecciona un dictamen fundado, en el que se aconseja la aprobación o rechazo al acuerdo solicitado por el Ejecutivo, en orden al parecer de los legisladores que hacen uso pleno de la prerrogativa constitucional. Este dictamen se trata en sesión pública, cuya fecha se define con antelación y es debidamente informado a la población.

Además el reglamento expresa que si no existiere acuerdo dentro de los seis meses de presentado el pedido, las actuaciones pasan al archivo.

Se dan a conocer detalles y alcances del mecanismo (en forma recurrente) que se aplica en orden a la importancia de las audiencias públicas para futuro del servicio de justicia. Cabe mencionar que las mismas son abiertas, pero por lo general se hacen presentes solo familiares de quienes exponen y responden las inquietudes de los legisladores.

No hubo, en la jornada de hoy, presencia de miembros de asociaciones profesionales, de ninguna naturaleza, que siguieran el proceso, lo que ha sido, llamativamente, una constante en los últimos años. Por momentos ocuparon el sector del público familiares que se retiraban cuando quien acompañaba concluía su exposición. En tres exposiciones se registró la presencia de miembros del ministerio público.

En los últimos años solo en contadas ocasiones el recinto ha sido visitado y observado el desempeño de la Comisión por parte de ciudadanos interesados en el proceso.