Los circuitos culturales intentan recomponerse. Como pueden, probando estrategias para ver cuál funciona, con qué truquito pueden captar la atención de sus audiencias y de qué modo eso puede generar un peso extra que ayude a sobrellevar el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del covid19. A veces esas iniciativas chocan entre sí. Por ejemplo, ahí está la andanada de críticas que generó Sadaic al reclamar porcentajes y sumas fijas de varios ceros a las transmisiones online. O el muy áspero debate sobre pdfs de dudosa legalidad entre escritores/editoriales y “piratas” que parecía más salido de un foro de discusión de 2004 que de una sociedad lista para entrar a la tercera década delsiglo XXI. Mientras tanto, los ejecutivos de la administración nacional y algunas distritales lanzaron distintas medidas para paliar un poco la situación de artistas y espacios culturales. Ahora, y ya zanjada la cuestión sobre los modos de parlamentar, llegó el turno a los proyectos de ley. En ese sentido, acaban de presentarse dos proyectos que buscan auxiliar de distintos modos a los espacios culturales, especialmente a los independientes y autogestivos. 

La diputada nacional Maria Rosa Martínez (FDT-PBA) presentó ante el Congreso Nacional dos proyectos de ley. En un propone crear un registro nacional de espacios culturales autogestivos e independientes. La otra iniciativa de la bonaerense atiende a un reclamo de vieja data de los espacios culturales: tener una tarifa diferenciada en el pago de servicios de luz y gas.

En los fundamentos del proyecto para crear un registro de espacios culturales, la diputada nacional destaca que “Los espacios culturales, además de tener históricos inconvenientes por la falta de legislación municipal y provincial para su habilitación y funcionamiento, han debido enfrentar dos problemas: un exorbitante aumento en las tasas de servicios públicos, y la merma de espectadores debido a la pérdida de salario real de las y los trabajadores. Estos motivos, sumados al actual cierre en cumplimiento de las medidas de aislamiento, configuran un escenario de mucha complejidad para el sostenimiento de los espacios culturales. Existe un grupo especialmente alcanzado por estas dificultades, que son los denominados Espacios Culturales Autogestivos”.

El proyecto impone a la autoridad de aplicación (el Ministerio de Cultura) el deber de “desarrollar políticas de fomento que contribuyan a la sostenibilidad de estos espacios” y realizar “actividades de estímulo y formación”. También “invita” a las provincias y municipios a “garantizar el funcionamiento de los Espacios Culturales Autogestivos certificados”. A efectos del proyecto, son los espacios que, cumpliendo con las normativas ya vigentes, no superen la capacidad de 500 personas.

El segundo proyecto de Martínez en favor de los espacios culturales independientes o autogestivos propone el establecimiento de una tarifa diferenciada para establecimientos culturales y artísticos, con o sin personería jurídica. La propuesta es que los beneficiarios de este régimen paguen hasta el 60 por ciento del valor de la tarifa fija habitual para su categoría y el kilovatio de energía en similar porcentaje. Martínez destaca en los fundamentos que su proyecto retoma, con pequeñas modificaciones, “la iniciativa trabajada colectivamente” entre su compañero de bancada Juan Cabandié y representantes del sector. Además, destaca que ya otros bloques parlamentarios presentaron proyectos similares en el pasado, como la UCR, la Coalición Cívica o el Bloque Social Cristiano. Lo interesante de la norma es que incluye explícitamente a cines y teatros barriales, uno de los sectores más complicados por el contexto y con menos herramientas para afrontarlo. Hace algunas semanas teatros porteños y clubes de música habían denunciado públicamente “aprietes” de las empresas de energía intimándolos al pago, aún ignorando el decreto del presidente de la Nación Alberto Fernández.

Ambos proyectos fueron presentados y se encaminan a su tratamiento en las comisiones correspondientes.

Fuente: Página 12