Dólares y precios: la economía argentina ingresó en un régimen de alta inflación

El ministro de Economía, Sergio Massa, explicando los primeros lineamientos del programa económico.

El ministro de Economía, Sergio Massa, explicando los primeros lineamientos del programa económico.

Los números de la inflación de julio son terribles. Es necesario retroceder hasta abril de 2002 (10,4 por ciento) para encontrar una tasa mensual superior al 7,4 por ciento. Además, la tasa anual del 71 por ciento es la más elevada desde enero de 1992.

Con estas cifras, la economía argentina ingresó en lo que se conoce como “régimen de alta inflación”, algo bastante diferente a navegar con índices relativamente moderados de 2 a 3 por ciento cada mes, que también son variaciones de precios perturbadoras, pero no tan riesgosas.

Que la estimación de agosto sea de 5 a 6 por ciento reafirma que la dinámica inflacionaria ha tomado una dimensión diferente y que, por lo tanto, requiere de una intervención oficial contundente para evitar su espiralización.

Una cuestión básica para abordar la delicada cuestión inflacionaria es que no haya una crisis política en la coalición de gobierno. Parece haberse superado o, al menos, frenado el deterioro en el vínculo personal y político entre los principales protagonistas del Frente de Todos. Este alivio está acompañado de la imprescindible coordinación, planificación y ejecución de la política económica, condición recuperada a partir del desembarco de Sergio Massa en el gabinete nacional.

 


El actual ministro de Economía, Sergio Massa, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto de campaña. La crisis política en la coalición de gobierno ha sido contenida.

Qué debe hacer la Secretaría de Comercio Interior

 

Un primer paso conceptual es desplazar a la Secretaría de Comercio Interior de la evaluación acerca de lo que pasa con el índice de inflación, más aún ahora que va rumbo hacia tasas del 90 al 100 por ciento anualizadas.

No era antes Paula Español y después Roberto Feletti quienes debían ocuparse de que los precios no transiten una suba persistente mes a mes. Era y sigue siendo responsabilidad del ministro de Economía lo que pasa con los precios a partir del diseño inicial e instrumentación posterior de la política económica. Es relevante para ello contar con un poder político consolidado que debe brindar el contexto para desplegarla con firmeza, indica un informe escrito por el periodista Alfredo Zaiat y publicado en el diario Página/12.

Comercio Interior no es la dependencia que define, ni antes ni ahora, el rumbo de los precios. Se trata de una distorsión analítica y política que comenzó durante la controvertida gestión de Guillermo Moreno, y que hoy se mantiene. Es un área importante de la gestión económica que debe ocuparse de garantizar el abastecimiento, competencia y transparencia de los mercados, además de identificar y sancionar los abusos al consumidor de empresas con posiciones dominantes.

El programa Precios Cuidados o los acuerdos de precios con algunos sectores productores de bienes importantes del consumo popular (carne y pan, por ejemplo) que lidera Comercio Interior es una herramienta para procurar alcanzar esos objetivos, además de ofrecer referencias de precios a los consumidores, con lo que se colabora en el cuidado del presupuesto de los hogares. Pero en estas voluntariosas iniciativas no se juega la tasa de inflación de cada mes.

 

 


Una brecha cambiaria por encima del 100 por ciento incentiva el sobrestock de importaciones y la morosidad en la liquidación de dólares de los exportadores.

Cuáles son los precios básicos que marcan la marcha del resto

 

Esto no significa que no sea trascendente la tarea que debe cumplir Comercio Interior, pero una estrategia antiinflacionaria se expone fundamentalmente en la consistencia de la política económica, en especial en las decisiones que se toman sobre los niveles de precios básicos que definen al resto. Estos involucran a los del tipo de cambio, variable clave debido al carácter bimonetario de la economía argentina, tarifas de servicios públicos incluyendo los combustibles, salarios y tasas de interés.

A la vez, resulta significativa la orientación y solidez del sendero fiscal y monetario, dos frentes macroeconómicos que condicionan el funcionamiento de la economía, puesto que permiten ir construyendo las expectativas de los actores económicos sobre la evolución de aquellos precios básicos clave y sus respectivos equilibrios de consenso.

El economista Martín Rapetti, director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra, quien tiene diálogo con Sergio Massa, explicó en una entrevista a Vía País del Grupo Clarín, que para bajar la inflación “un elemento central es el orden fiscal” (es el punto uno de los cuatro propuesto por Massa en su presentación como ministro). Para aclarar que esto no necesariamente significa no tener déficit, sino “al menos mostrar que el déficit es manejable, con una señal muy nítida de que se irá a equilibrio o superávit fiscal en un período razonable”.

Como se mencionó, este marco general sólo puede desplegarse con una precondición básica: fortaleza y conducción política en la coalición de gobierno para generar credibilidad en la política económica.

 


La principal condición para que una estrategia antiinflacionaria sea efectiva es que el Banco Central comience a sumar dólares en cantidad en sus reservas.

La salida no es sencilla

 

La estrategia antiinflacionaria para la actual dinámica que han adquirido los precios no es simple. No sirven las recetas exclusivamente ortodoxas de ajuste fiscal y monetario ni apostar a que se solucione solamente con un mayor control sobre los formadores de precios.

El cuadro de situación es otro y todavía más complejo que una u otra receta. El economista e investigador del Conicet-Cedes Joaquín Waldman lo advierte en un artículo que publicó en el portal de noticias elDiarioAr. Dice que el nivel de la inflación, su volatilidad y el acortamiento de los plazos de referencia dan la pauta de que la economía argentina dejó atrás el proceso de inflación moderada de los últimos quince años, al ingresar ahora en un régimen de alta inflación. “Este fenómeno implica un acortamiento general del horizonte de planeamiento y la desaparición de los contratos a mayores plazos”, explica.

Menciona que la alta inflación dificulta el normal funcionamiento de la economía y tiene un efecto negativo sobre la actividad, el empleo y los ingresos reales. Para agregar que la dificultad reside en que los comportamientos generados por la alta inflación prolongan su duración y complican una salida sencilla, publicó el diario Página/12.

Advierte que tasas de inflación elevadas provocan el consiguiente reclamo salarial para que los ingresos no queden atrasados, pero que esto lleva luego a la remarcación de bienes o servicios. Así, en este proceso, cada suba de algún producto se propaga rápidamente al resto de precios, afectando la inflación general. La indexación también contribuye a esta dinámica inflacionaria.

Concluye que “la alta inflación posee cualidades diferentes a la inflación moderada y su reversión puede llevar años”, al recordar que Argentina convivió con ella, por lo menos, de 1975 a 1991.

 

En qué consiste un régimen de alta inflación

 

Otro economista, Juan M. Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, publicó un hilo de tuits en el cual explica las cuatro condiciones necesarias para definir un régimen de alta inflación:

1) Inflación anual por encima del 50 por ciento.

2) Inflación mensual superior al 5 por ciento.

3) Tener dos o más años de inflación por encima del 40 por ciento.,

4) Tener el doble de la inflación promedio de los últimos 10 años.

La economía argentina cumple hoy cada uno de estos requisitos, lo que exige un análisis distinto a los realizados en los quince años pasados y se presenta una urgencia que hasta ahora no existía.

En un régimen de alta inflación lo que cambia es el comportamiento de los agentes económicos ante las variaciones de precios. Se gatillan aumentos por diferentes motivos, ya sea por el incremento de los precios internacionales de materias primas, por movimientos de los dólares bursátiles o por cualquier otro acontecimiento que genere incertidumbre en la economía. “Básicamente, los aumentos de precios se vuelven sensibles a todo”, sentencia Telechea.

Menciona que subas generalizadas del 10 por ciento en un solo día es algo sumamente atípico, que es lo que sucedió en los días posteriores a la renuncia de Martín Guzmán sin que mediara una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial. Esta variación es similar o incluso superior a la inflación observada a lo largo del último año en países de la región: Chile 13 por ciento; Brasil, 12; Uruguay, 9; Colombia, 9.

La inflación de julio del 7,4 por ciento es impactante porque este fogonazo de precios se produjo sin que sucediera una devaluación del tipo de cambio oficial. Lo que hubo fue una disparada de los dólares bursátiles (contado con liqui y MEP) y dólar paralelo generando una fuerte expectativa de devaluación, en un contexto de intensa crisis política.

Se montó de ese modo un escenario de máxima incertidumbre que derivó en remarcaciones desmesuradas y ruptura en la cadena de abastecimientos por temor a cuál podrían ser los precios de reposición. No se produjo el ajuste cambiario, pero igual los precios quedaron en un nivel más alto.

Muchas cosas son importantes, pero lo principal es sumar dólares en el Banco Central

Para comenzar a encarar una estrategia que apunte a una sostenida desaceleración de los precios, en un régimen de inflación elevada, la condición indispensable es sumar dólares en el Banco Central. O sea, acumular reservas es el punto de partida para iniciar una política antiinflacionaria, indicó el diario Página/12.

La recuperación del stock de reservas disponibles del Banco Central permitirá estabilizar el mercado de cambio y reducir la brecha cambiaria hasta distancias que desincentivarán el sobrestock de importaciones y la morosidad en la liquidación de dólares de exportaciones.

En las últimas tres ruedas la entidad monetaria no vendió dólares, interrumpiendo una racha de diez jornadas hábiles acumulando pérdidas de reservas hasta poco más de 1200 millones. En esta partida se juega la suerte de Massa.

Para encarar este cuadro de debilidad cambiaria varios economistas recomiendan una devaluación de 30 a 40 pesos en el tipo de cambio oficial, lo que implicaría un ajuste de 20 a 30 por ciento. Esta sugerencia sería lo mismo que arrojar nafta al fuego, más aún en una economía que ha ingresado en un régimen de alta inflación.

Una es Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco Go y quien rechazó la propuesta de Massa para ocupar el cargo de viceministra. Sostiene que el dólar de 60 pesos de principios del gobierno de Alberto Fernández a precio de hoy debería ser de 35 a 40 pesos mayor, lo que ubicaría el tipo de cambio oficial en el rango de los 170 pesos. Después de presentar estas cifras dice que la actual paridad cambiaria no afecta la competitividad porque es más alta que en los momentos de atraso cambiario de 2015, 2017 y la convertibilidad.

El aspecto insólito de este consejo es que reconoce que el tipo de cambio oficial no está atrasado en comparación a otros períodos en los cuales esta variable fue utilizada como ancla antiinflacionaria. Entonces afirma que la devaluación es para reducir la brecha sin mencionar que su origen, además del control de cambio, se debe a la escasez de dólares en las arcas del Banco Central. En los hechos, con una fuerte devaluación es poco probable que se reduzca la brecha y sólo se modificará la nominalidad con todos los costos económicos, sociales y políticos asociados a esa medida regresiva.

 


Estabilizar el mercado de cambio y disminuir la brecha cambiaria son objetivos inmediatos para el inicio de una política de reducción de la tasa de inflación.

La devaluación brusca hace perder elecciones

 

Otro economista convocado por Massa que no aceptó el convite, pero mantiene un canal de comunicación con el titular del Palacio de Hacienda es Emmanuel Álvarez Agis. En un reciente informe presentó un escenario de una eventual devaluación comparando con el que había en enero de 2014, cuando se aplicó un ajuste cambiario siendo el viceministro de Economía de Axel Kicillof.

Postula que, en términos económicos, cuando un Banco Central se queda sin reservas y existe una brecha que traba el normal desarrollo de la economía, “la devaluación sería la mejor decisión”. Para luego mencionar que, en términos políticos, “los resultados de una devaluación serían catastróficos para los objetivos electorales del Frente de Todos en 2023”.

Explica que la razón es que la situación de 2022 no se asimila a la de 2014, puesto que el actual régimen inflacionario es distinto no sólo cuantitativa sino cualitativamente. En un ejercicio de simulación supone que el Gobierno cuenta con el poder político para imponer anclas nominales (gasto público, tasa de interés y salarios) a posteriori de la devaluación. De todos modos, el saldo de esa medida será una recesión.

Apunta entonces que con una devaluación del 50 por ciento se llegaría a las elecciones con una recesión y una inflación acumulada del 113 por ciento. La deducción que ofrece es la siguiente: si Massa tiene éxito en reforzar las reservas, la alternativa de la corrección del tipo de cambio será descartada. Si no lo logra, la próxima elección presidencial aparece con el resultado puesto en contra del oficialismo, publicó el diario Página/12.

No es ninguna novedad que las devaluaciones bruscas hacen perder elecciones al oficialismo. Así lo prueban cada uno de los eventos cambiarios traumáticos de la larga historia de crisis de la economía argentina. Para evitar uno más resulta urgente sumar dólares en cantidad en el Banco Central. En ese sentido, una de las definiciones más oportuna que brindó Massa en la primera conferencia de prensa como ministro fue: “Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza”.