Silvio Méndez
La firma de un acta compromiso del gobierno provincial con Granja Tres Arroyos para la venta de 1.800 hectáreas de la Estancia El Quebracho reavivó el debate por el destino y empleo del predio que pertenecieran al ex Frigorífico Santa Elena. La disputa se amplificó con la aprobación en Diputados de un proyecto de ley que crea un fondo de recuperación productiva para La Paz con el dinero proveniente de las ventas de estas tierras. Campesinos, ex obreros de la fábrica e instituciones intermedias se movilizaron en contra de las pretensiones oficiales ya que, con el convenio suscripto, se viola un decreto que prohíbe el desmonte, y con la normativa que promueve el negocio, peligraría la continuidad de labores de un grupo de colonos. Como alternativa, la Multisectorial conformada pretende que los terrenos sean utilizados en un plan cooperativo social con quienes viven, trabajan y habitan el lugar, conservando el monte nativo.
Las intenciones del actual gobierno provincial de liquidar las parcelas de la Estancia El Quebracho para conformar un fondo de incentivos productivos no son nuevas. Ya a principios de 2004 el Ejecutivo motorizó un proyecto de ley similar para la venta de las tierras que pertenecieran al ex Frigorífico Santa Elena. En ese entonces, el senador provincial Juan Ramón Fleitas (PJ-La Paz), el diputado por el departamento, Emilio Castrillón (PJ), y el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, apoyaron fervientemente la iniciativa. Pero el legislador oficialista Raúl Solanas (PJ-Paraná) se opuso al negocio y promovió la expropiación de las maquinarias de la factoría que adquirió el empresario Sergio Taselli, siguiendo supuestos deseos del gobierno nacional y ex trabajadores de la planta, por lo que se planteó un verdadero cisma dentro del bloque del PJ en la cámara baja. La iniciativa de Solanas, que finalmente naufragó, era que los obreros reactivaran el frigorífico e incorporar el campo a esta empresa y otros proyectos productivos locales.
La antigua idea del gobierno provincial tomó nuevo impulso el 24 de junio de 2005, cuando suscribió con la firma Granja Tres Arroyos un acta compromiso para la adquisición de 1.800 hectáreas propiedad de la liquidadora del ex frigorífico. El acuerdo proyecta también un plan de inversión agroindustrial para la elaboración de alimentos que serían destinados a una granja de cerdos abuelos. La posibilidad que este enorme predio fuera cedido a la esta empresa, encendió nuevamente luces de alarma en un grupo colonos que trabajan y viven en esa hacienda y desde hace años reclaman su posesión para llevar adelante diversos propósitos cooperativos de producción agropecuaria y manufacturera. Un programa completo y detallando fue presentado en noviembre último al gobernador Jorge Busti, con el apoyo de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), instituciones técnicas nacionales oficiales, partidos políticos, gremios y asociaciones ambientalistas, pero nunca fue bien recibido.
Pero hete aquí que más allá de la puja política y social por definir qué intereses se benefician en definitiva con las medidas del gobierno provincial, con el acta compromiso se violaría un decreto que el mismo Ejecutivo emitió a instancias de una medida judicial. Resulta que el artículo tercero del convenio define que el proyecto de Granja Tres Arroyos hace necesario el desmonte de 1.046 hectáreas del total. Esta tala, de acuerdo al decreto 4.788/04, estaría prohibida. Mediante esta disposición, el gobierno se debe abstener de dar permisos para el corte hasta tanto no se realicen un estudio de impacto ambiental y una nueva regulación para la conservación del bosque nativo. Tal sentencia se emitió a instancias de una acción de amparo interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná contra el decreto 1.317/04 que otorgaba el permiso para el desmonte si se cumpliera una serie de requisitos. La presentación del Foro fue admitida parcialmente por la jueza de Instrucción Número 3, Leonor Pañeda, lo que derivó en la firma de un acta acuerdo entre el gobierno y el Foro el 23 de agosto de 2004, y la emisión del 4.788/04 al día siguiente por el cual se establecen una serie de pautas para desarrollar un plan de sustentabilidad integral del monte.
En virtud de todas estas razones, el sábado se realizó una movilización sobre la ruta 12, en el acceso a Santa Elena. Unas 350 personas se congregaron en rechazo a la venta y la tala indiscriminada. Reivindicaron la posibilidad de posesión de las tierras para su explotación en forma cooperativa, conservando el bosque nativo, y se informó sobre las graves consecuencias sociales y ambientales que provocaría la comercialización de “más tierras públicas”. Este punto no es menor tampoco, ya que nunca se supo con claridad cómo ha sido descuartizado a lo largo del tiempo el campo original perteneciente al Estado. Por otra parte, desde la Multisectorial, donde se han agrupado una serie de instituciones y movimientos sociales, se remarcó que el secretario de la Producción, Daniel Welschen, había declarado a la prensa que el gobierno no posee ningún plan de contención para los pequeños productores que viven en El Quebracho, por lo que las últimas noticias hacían aún más incierto el futuro de los colonos y más seguro su desamparo.
Algo que traerá más desconcierto aún será el camino que ha tomado un proyecto aprobado sobre tablas en la Cámara de Diputados el martes pasado y que fue girado al Senado. La iniciativa legislativa que impulsa el presidente de bloque del PJ, Emilio Castrillón, pretende crear un fondo de recuperación productiva con dinero proveniente de las ventas de tierras de la Estancia El Quebracho. Si bien se explicó que la norma no versa específicamente sobre la venta de tierras, sí existe la intención política de promover la comercialización, por lo cual lo recaudado se sumaría al fondo que crea la legislación. En esta línea de argumentación algo extraña o suspicaz, el proyecto de ley es acompañado, precisamente, con el acta de compromiso de compra de 1.800 hectáreas por parte de Granja Tres Arroyos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
