Carlos Merenson
El comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente tras la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares no es simplemente una celebración institucional. Es una declaración que expone, con notable claridad, la matriz ideológica que orienta la política ecosocial del actual gobierno. No estamos ante un ajuste técnico ni ante una mera discusión de competencias federales. Estamos ante una redefinición del sentido mismo de la protección ambiental en la Argentina.
El texto presidencial habla de “verdadero federalismo ambiental” y de una devolución de competencias a las provincias. Sin embargo, omite un punto esencial del orden constitucional: si las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, la Nación tiene la potestad —y la obligación— de establecer presupuestos mínimos de protección. La Ley de Glaciares en su forma original fue precisamente eso: un piso común para resguardar ecosistemas estratégicos cuya función hídrica excede cualquier jurisdicción local. Presentar ese estándar como una intromisión indebida es una operación discursiva que confunde deliberadamente autonomía con desregulación.
El comunicado también sostiene que la reforma “clarifica” el objeto protegido. Pero cuando en derecho ambiental se habla de “clarificación”, muchas veces se está hablando de recorte. Limitar la protección del ambiente periglacial a aquellas geoformas que cumplan funciones hídricas “relevantes” introduce un criterio de discrecionalidad que abre la puerta a interpretaciones funcionales a intereses extractivos. En territorios de alta montaña, donde nacen y se regulan los sistemas hídricos, esa redefinición no es neutra. Es una decisión que puede alterar la integridad ecosistémica en nombre de la eficiencia productiva.
El comunicado insiste en que el cuidado del ambiente y el crecimiento económico “no son enemigos”. Nadie discute que una sociedad necesita producir. Lo que sí está en discusión es qué se produce, cómo se produce y bajo qué límites biofísicos. La minería metalífera en zonas glaciares y periglaciares no es una actividad abstracta: opera sobre sistemas frágiles que cumplen funciones estratégicas en un contexto de crisis climática y estrés hídrico creciente. El conflicto no es ideológico; es material. Es termodinámico. Es ecológico. Sustituir esa tensión estructural por un relato de armonía automática es negar la complejidad del problema.
El tramo final del comunicado abandona incluso el registro institucional y apela a la descalificación: “la era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble… está llegando a su fin”. Esta frase no sólo revela el tono confrontativo del gobierno hacia el ambientalismo político, social y científico; también expone una concepción que reduce la defensa de bienes comunes estratégicos a una traba ideológica. Sin embargo, la Ley de Glaciares nació de una amplia movilización social, de debates legislativos intensos y de evidencia científica acumulada. No fue un capricho sectorial, sino una respuesta democrática a un conflicto socioambiental concreto.
Lo que está en juego no es una consigna. Es el agua. Es la función reguladora de los ecosistemas de montaña. Es la capacidad del Estado de sostener estándares de protección frente a presiones extractivas de corto plazo. En un escenario de calentamiento global acelerado, retroceso de glaciares y eventos climáticos extremos, debilitar el marco normativo no es modernizarlo: es asumir riesgos adicionales sobre territorios que ya se encuentran bajo presión.
El gobierno presenta la reforma como una liberación de “fuerzas productivas”. La pregunta que debe formularse cualquier sociedad responsable es otra: ¿qué riesgos se liberan al mismo tiempo? ¿Quién los asume? ¿Qué comunidades quedan expuestas? ¿Qué horizonte de desarrollo se consolida cuando la variable ambiental se subordina sistemáticamente a la lógica de la expansión extractiva?
No se trata de una disputa de relatos. Se trata de una definición histórica. La Argentina enfrenta una crisis ecosocial que exige más, no menos, regulación estratégica sobre sus bienes naturales críticos. Llamar “distorsión ideológica” a esa cautela no elimina la finitud ecológica ni la vulnerabilidad hídrica. Sólo las invisibiliza.
La discusión recién comienza. Y será la sociedad, no un comunicado, la que determine si el país opta por profundizar la frontera extractiva sin límites o por asumir, con madurez democrática, que la prosperidad del siglo XXI depende de reconocer que la naturaleza no es una variable de ajuste.
(Publicado originalmente en La (Re) Verde)
