-Agua helada. La voz fría de la traductora estalló en Gualeguaychú y se expandía en ondas que trepaban las paredes de la casa gris y la rosada. La secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, y la fiscal Claudia Mizawak fueron las que asumieron la tarea de conectar en caliente el impacto de la derrota con las aristas más esperanzadoras del fallo. La segunda de ellas ponía en juego todo su oficio de abogada penalista, experimentada en la tarea de acompañar clientes antes fallos adversos. Los números eran demoledores: 14 votos en contra y uno a favor. Las reflexiones que siguieron haciendo Picolotti y Mizawak, la posición del canciller Taiana, como la del caracterizado constitucionalista Daniel Sabsay, ayudaron en mucho para aventar posturas drásticas y sin retorno que algunos alentaban desde temprano. El fallo respondía a la medida cautelar presentada por la Argentina con el objetivo de paralizar las obras durante un plazo que permita hacer un estudio de impacto ambiental lo suficientemente categórico como para que uruguayos y argentinos se subordinen a sus conclusiones. El costado fuerte de la ponencia Argentina estaba dado por la violación del Tratado del Río Uruguay por parte del gobierno oriental. Se agregaba a esto que el propio Estado uruguayo no cuenta con tal estudio. Estos y otros aspectos habían abonado alguna expectativa en el gobierno argentino sobre la lectura que pudiera hacer la Corte internacional. De todas maneras, quedó claro que a pesar de lo medido de las expectativas, éstas fueron igualmente exageradas. En contra había algunas que en definitiva se mostraron contundentes.

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-Consecuencias. Que el rechazo a la cautelar preanuncia un fallo definitivo es francamente relativo. Recientemente en el sonado caso del crimen de María Marta García Belsunse, el juez de Garantías rechazó dos veces el pedido de prisión para el viudo y principal sospechoso del asesinato. Sin embargo, muchos datos hacen pensar que la sustanciación del juicio oral lo termine alojando en una celda. El fallo del tribunal internacional hace clara referencia a las responsabilidades de la República Oriental del Uruguay por los daños eventuales que pudieran sobrevenir y advierte que podría, incluso, ordenar el desmantelamiento de las plantas. Abonando lecturas optimistas de la derrota puede incluso decirse que en un fallo donde se rechaza una medida cautelar, los jueces no están obligados, ni acostumbran a hacer este tipo de advertencias. Evidentemente el tribunal percibió algunos aspectos oscuros y los devuelve a manera de advertencias.

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-Decisiones. Es importante valorar las diferentes facetas que presenta el conflicto, no sólo en la Corte internacional sino también en la relación con el hermano país, y desde luego en el curso de acción que tomen los vecinos de Gualeguaychú. La primera reacción de la asamblea de Gualeguaychú estuvo marcada por desbordes temperamentales que dan cuenta de las expectativas que había sobre un fallo distinto. Así, algunos llegaron a proponer medidas violentas y agresivas para con el vecino país. De esta confusión son responsables los asesores legales y hasta la propia Cancillería, pero también tiene mucho que ver con el temperamento que hasta aquí han exhibido los vecinos en las asambleas. Debería estar claro que fue la propia Asamblea Ambiental de Gualeguaychú el motor principal que movió los resortes de la presentación frente a La Haya. Fue una decisión soberana de esa asamblea que además de la demanda a La Haya se interpusiera el recurso cautelar para detener la construcción. Definido el tema, no se puede patalear como chicos caprichosos. Debería estar claro también que cuando uno recurre a un tribunal debe respetar sus fallos, sean estos favorables o adversos a sus pretensiones. Pero es claro que los asambleístas han establecido un criterio sobre los daños que producirán las pasteras, que no admite términos medios. En el seno de las asambleas conviven actores con criterios políticos pero también no pocos que levantan posturas intolerantes. En un marco levantisco y con la piel en carne viva esas posiciones dominan e impiden la reflexión y la mesura sobre las medidas de acción a adoptar. Este temperamento mucho ha impedido que los asesores no pudieran ser lo suficientemente explícitos en la advertencia sobre un muy probable revés. Picolotti lo verbalizó inmediatamente. Dijo que el fallo que no le sorprendía. Esta postura era la sensata y tendría que haber sido dicha con toda contundencia en el momento de plantear la medida. De todas maneras, vale reflexionar sobre lo que sucede cuando dominan posiciones ultras, omnipresentes en las asambleas horizontales del sur entrerriano. La impaciencia y la intolerancia en lugar de achicar los tiempos de la conquista los alarga indefinidamente. El Estado argentino frente a la difícil situación tuvo la actitud de abrirse a los reclamos de los vecinos de Gualeguaychú, tanto que sus asesores asistieron a todos los tramos del incidente planteado en la Corte internacional. En todo caso, la crítica hacia la Cancillería estaría en no haber planteado con energía la composición de datos adversos a la postura nacional. Pero este aspecto crítico es secundarizado ante la posición solidaria de asumir la demanda de los vecinos, casi sin peros.

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-Seguridad y cinismos. Dentro de las complejidades que jalonan a la sociedad moderna la seguridad ocupa un lugar desbordante. Las dimensiones que corporizan el tema consternan. Quien más quien menos ha tenido vivencias directas que lo han afectado. Es bueno empezar diciendo que el tema, lejos de ser patrimonio exclusivo de nuestro bendito país, abarca a sinnúmeros por igual. Más, la situación de Brasil o México evidencian que en la Argentina se vive aún un ambiente privilegiado. Claro que para todos aquellos que conviven con la tragedia y el dolor de pérdidas humanas o fuertes traumas de violencia, esos datos fríos pueden sonar a afrenta. Sin embargo, es necesario hacer el esfuerzo de procesar como sociedad las raíces del problema, para desde allí también ejercer una presencia de rechazo visceral. Cuesta encontrar un momento de la humanidad con tantos contrastes. En un mundo que multiplica por segundos artículos sofisticados de comunicación y confort, las desigualdades sociales se hacen cada día más abruptas y escandalosas. Desde los centros de la economía mundial y muy especialmente desde EE.UU. se propagan niveles de violencia que vulneran todo tipo de contención ética o religiosa. El mercado promueve apetencias y deseos que luego el sistema reprime. Como son muy pocos los elegidos que ven satisfechas sus demandas, las perversiones prosperan por los diferentes sentidos del ser humano. El insólito y trágico final que encuentra la joven vida de un estudiante en pleno barrio de Belgrano y la vidriera que ofrece al ingeniero Blumberg -y a quienes se escudan detrás de su dolor-, el juicio oral por el secuestro y asesinato de su hijo Axel, conforman un caldo de cultivo apropiado para que la sensación de inseguridad trepe en una espiral catapultada por los medios. La prédica que ensayan sectores de derecha tras la cual camuflan sus proyectos políticos, sociales y económicos perfora la coraza de los sectores medios y altos de nuestra sociedad. Y como nunca, queda claro que todos somos iguales, aunque algunos son más iguales que otros. El poder de esos sectores se escucha en volumen alto. En la Argentina quienes sienten con mayor rigor los estragos de la violencia son los sectores más desprotegidos, sin embargo su voz es minimizada por los medios que en forma inversamente proporcional potencian el reclamo de las víctimas ubicadas en la otra punta de la escala social. Montados sobre ese plus y mezclados sobre reclamos justos comienzan a repetirse otros que confunden lo elemental con el pedido de impunidad para los genocidas de tres décadas atrás. Expresiones como que "el gobierno insiste con la defensa de los derechos humanos y se olvida de proteger los derechos de los ciudadanos honestos que pagan sus impuestos" procuran meter confusión sobre dos cuestiones que tienen naturaleza y repercusión social claramente diferente, aunque se entroncan en una misma raíz. Expresiones como estas o parecidas se ubican en el límite de la reivindicación del terrorismo de Estado, entre otras cosas responsable del secuestro, desaparición y posterior muerte de 30.000 ciudadanos.

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